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Más allá del golpe fiscal, el ajuste aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy para intentar cuadrar el déficit público y cumplir con los compromisos sellados con Bruselas afecta a un amplio abanico de ámbitos económicos y ciudadanos. El programa de ahorro reduce el capítulo del gasto en 8.915 millones de euros en el primer trimestre al tiempo que busca mejorar los ingresos en otros 6.275 este año.

La revalorización de las pensiones y la prórroga por seis meses de los llamados 400 euros son casi las únicas alegrías que trae este primer gesto que -entre otras cosas- reduce de forma notable la capacidad de actuación de algunos ministerios, rebaja las subvenciones a partidos políticos y sindicatos, elimina buena parte de las ayudas a la I+D, congela la retribución de los funcionarios, que trabajarán más horas, y el salario mínimo o elimina las ayudas al alquiler a los jóvenes.

Además, las explicaciones ofrecidas por los responsables económicos del Ejecutivo dejan una deuda más que razonable sobre la mesa: ¿habrá que recurrir al fondo de reserva de la Seguridad Social (la llamada hucha) para pagar las pensiones más allá de marzo? La ministra de Empleo, Fátima Báñez, no pudo descartar ese gesto de forma categórica y dejó la posibilidad en el aire.

La Seguridad Social, que ha sufrido en sus cuentas el embate del paro al tener muchos más gastos y menos ingresos, ya no cerrará 2011 en superávit. Se esperaba que la institución aportara cuatro décimas de PIB de superávit, pero no va a poder ser. Báñez declaró que, a día de hoy, «no se está tomando en consideración tocarlo», y que, en base a los flujos de tesorería entre los distintos organismos, se puede pagar.

La ministra afirmó que en el primer trimestre «no debería de haber ningún problema», y expresó el «deseo» del Gobierno de que la economía y la generación de empleo se recupere cuanto antes y «no haya que tirar del Fondo». «El Gobierno adoptará las medidas oportunas» cuando disponga de todos los datos, concluyó. Al cierre del pasado octubre, fecha de la que se disponen los últimos datos actualizados, el superávit de la Seguridad Social era de 5.610,60 millones de euros, lo que suponía un 44,3% menos que un año antes.

Pensiones y parados

La revalorización de las pensiones en un 1%, la previsión de inflación para 2012 según el Gobierno, es el único gesto que ha recibido un aplauso unánime. Un gesto que beneficiará a 9,4 millones de personas y al que el Ejecutivo destinará 1.382 millones de euros, que llegarán en la nómina de enero. La pensión media será, según fuentes de Empleo, de 818,96 euros mensuales, mientras la máxima se elevará a 2.522 euros y no podrá superar los 35.320 al año. Al tiempo, los perceptores de las pensiones mínimas recibirán una paga única para compensar la pérdida de poder adquisitivo (1,9%) en 2011. Éstas serán las que más se revaloricen (1,9% más 1%).

La subida del 1% beneficará a casi 9,5 millones de perceptores. Para los titulares con 65 años, la pensión mínima de jubilación será de 763,6 euros al mes si tienen cónyuge a cargo y de 618,9 euros si no lo tienen.

La prestación de Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) quedará fijada en 395,7 euros.

La cara más oscura del real decreto de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y que actualiza estas prestaciones es la que aplaza por un año tanto la ampliación del aumento a un mes del permiso de paternidad como el incremento de la pensión de viudedad, que fueron aprobados el pasado julio en la reforma de las pensiones del Gobierno socialista.

Al tiempo, el Ejecutivo ha mantenido en 641,4 el salario mínimo interprofeional y en 532,51 el IPREM, el indicador que rige numerosas ventajas sociales y sirve para determinar los subsidios de desempleo. Malas noticias también para los jóvenes que aspiran a vivir de alquiler, pues no se ha prorrogado la ayuda de 210 euros de la Renta Básica de Emancipación cuya vigencia terminaba este año.

Por otra parte, los parados sin ingresos que agoten su prestación podrán disfrutar de los llamados 400 euros del Plan Prepara (vinculado a la formación), que terminaba el próximo 15 de febrero y que el Ejecutivo ha prorrogado por otros seis meses. También se suspende durante un año la incorporación de nuevos beneficiarios de la Ley de Dependencia.

Funcionarios

Al prorrogar las cuentas de 2011 durante el primer trimestre, el Gobierno ha mantenido la congelación del salario de los funcionarios (decretada por el gabinete de Rodríguez Zapatero) que, sin embargo, tendrán que trabajar más. En concreto, 37,5 horas semanales (2,5 horas más). Dentro de la senda de contención, el Ejecutivo ha decidido dejar en cero la tasa de reposición (la contratación de nuevo personal respecto al que se jubila o fallece) excepto en las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios básicos como la Sanidad y la Educación y el personal dedicado a la lucha contra el fraude fiscal y laboral, donde crecerá un 10%. Esto queda claro sólo hasta marzo, cuando las cosas podrían cambiar en unas nuevas cuentas estatales.

El tijeretazo llega a otros estratos del ámbito público. Así, se suprimen 30 direcciones generales y se recortan 200 millones en los presupestos tanto de RTVE como de Renfe. También merman en la nada despreciable cifra de 600 millones las subvenciones y créditos blandos a las actividades de I+D, mientras se reduce (el Ejecutivo no ha aclarado la cantidad) la ayuda al desarrollo.

Se reducen un 18,5% las estructuras administrativas del Estado y un 20% las direcciones generales y subsecretarías de Estado. Un golpe de efecto, más por su simbolismo que por el ahorro: se recortarán un 20% las subvenciones concedidas a partidos políticos (29,68 millones menos), sindicatos y organizaciones empresariales (55 millones).

Ministerios

Como era de prever, el tándem Montoro-De Guindos ha recibido a sus compañeros de gabinete con un severo ajuste en los gastos financieros y no financieros de sus ministerios en el primer trimestre. La peor parada ha sido Ana Pastor, que al mucho dinero comprometido para 2012 que le dejó el anterior Gobierno ha de sumar la no disponibilidad de otros 1.612 millones. Eso complica sobremanera la licitación y ejecución de obras nuevas.

Industria, Energía y Turismo deberá apretarse el cinturón en 1.091 millones, mientras a Economía y Competitividad le corresponde casi la misma cifra, 1.083 millones. Exteriores y Cooperación deberá hacer números para no gastar 1.016 millones. En el resto de departamentos, la imposición se queda en 485 para Educación, Cultura y Deporte, en 439 en el caso de Empleo y Seguridad Social y en 409 en el gabinete de Miguel Arias Cañete (Agricultura y Medio Ambiente).

Hacienda y Administraciones Públicas, la cartera de Cristóbal Montoro, se queda sin 442 millones y Alberto Ruiz Gallardón (Justicia), sin otros 48,8 millones. La merma en Presidencia será de 19,6 millones. La Casa del Rey ve desaparecer 170.000 euros de su asignación mientras las Cortes Generales deberán asumir la pérdida de 4,3 millones de euros.