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Mariano Rajoy ya cuenta con el aval de todas las fuerzas políticas del Congreso, a excepción de UPyD y Amaiur, para adaptar su política antiterrorista al escenario abierto con el comunicado en el que ETA anunció el cese definitivo de la violencia. No es un texto con valor normativo, ni siquiera una resolución que le habilite formalmente a seguir una dirección determinada para consolidar la desaparición del terrorismo, pero sí es un acuerdo político que el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tildó de «extraordinariamente importante».

Los populares, y especialmente los populares vascos, buscaban desde hace tiempo una pista de aterrizaje para apuntalar el discurso de «inteligencia, prudencia, discreción y unidad» que hace días planteó el propio ministro y que fue recibido por algunos sectores de su propio partido, pero también de UPyD, con indignación. Fue la moción que este grupo quiso someter a votación de la cámara, en la que se instaba a iniciar ya el proceso de ilegalización de Bildu y Amaiur, lo que sirvió finalmente de catalizador para un consenso básico entre el resto de las fuerzas del arco parlamentario.

Casi todas ellas, a instancias de un primer acuerdo de PSOE, PP y PNV, firmaron una enmienda de sustitución en la que se constata que el cese de la violencia etarra es una victoria del estado de derecho. Además, se insta al Ejecutivo a mantener el diálogo con los gobiernos vasco y navarro para exigir a ETA su «disolución definitiva e incondicional», reforzar el compromiso con las víctimas y «favorecer los esfuerzos» para una convivencia sustentada en los valores democráticos. Y, por último, se hace un llamamiento a seguir velando por el «cumplimiento estricto de la ley» y la persecución de conductas contrarias al ordenamiento jurídico.

En realidad, el documento -que ni siquiera llegó a votarse porque no fue aceptado por Rosa Díaz, la proponente de la moción original- es tan importante por lo que dice como por lo que calla. Es decir, parte de su valor radica en que, con él, el grueso de los grupos parlamentarios dieron un portazo a la posición de UPyD.

Ni una sola fuerza del Congreso cree que existan argumentos jurídicos que permitan ilegalizar a Bildu y Amaiur y todas acusaron a Díaz de buscar protagonismo y pisotear, a costa de su propio lucimiento, la necesaria unidad de los demócratas en materia antiterrorista. «Es muy fácil salir a esta tribuna a sobreactuar haciendo demagogia -reprochó el portavoz del PP en el debate, Leopoldo Barreda-; ustedes saben que no es posible actuar como piden sin dar bazas a aquellos que pretenden combatir y saben también que el Gobierno no ha dejado de actuar en ningún momento».

Fernández Díaz, que compareció ante los medios al acabar el pleno, puso sobre la mesa las últimas detenciones de miembros de la banda e insistió en que «en tanto ETA no se disuelva, se van a seguir produciendo actuaciones de este tipo porque el estado de derecho no está en tregua».

Un mensaje que también dirigió a la crítica Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

El discurso de firmeza sigue, pues, vigente. Pero los populares ya hablan abiertamente de un nuevo tiempo. Aunque el término no apareciera en el texto pergeñado, fundamentalmente por el socialista Ramón Jáuregui, el popular Leopoldo Barreda y, a la postre, el diputado del PNV Aitor Esteban, sí está en su espíritu. De hecho, durante su presentación, el portavoz popular en el Congreso, Alfonso Alonso, se refirió a él como «un consenso importantísimo de cara a esta etapa que estamos viviendo de (esperemos) el final de la violencia».

El acuerdo no fue fácil. El PSOE llegó a la conclusión, la semana pasada, de que había llegado el momento de echar un cable al Gobierno y se ofreció a escenificar la unidad de esta manera. Pero aunque la voluntad de ambas partes estaba fuera de duda, a última hora de la tarde del martes fuentes socialistas daban casi por imposible la consecución de un texto común como el que finalmente se logró. El secreto del desbloqueo, según los socialistas, radica en que por primera vez se reconoce que «el 20 de octubre el comunicado de ETA puso fin al terrorismo».

Fuera del pacto solo quedan UPyD, que aún así dio muestras de aceptar su contenido al intentar incorporarlo como enmienda de adición (y no de sustitución) a su propio texto, y Amaiur, que lo criticó por «excluyente» y por «ahondar en el esquema de vencidos y vencedores». «Si la propuesta tenía intención de dar un paso al frente en la resolución del conflicto -reprochó Mikel Errekondo- no hace sino agravarlo más". Fuentes de su formación aseguran sin embargo, que el acuerdo es «positivo» para avanzar en la convivencia.