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El "caso Urdangarín" seguirá en el Juzgado de Palma

  • La Fiscalía Anticorrupción rechaza la petición de Jaume Matas de que pase a la Audiencia Nacional

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Actualizada 06/12/2011 a las 00:05
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  • COLPISA. MADRID

La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que rechace la petición del expresidente balear Jaume Matas de que sea este tribunal el que instruya la parte del caso Palma Arena en la que se investiga al Instituto Nóos que presidió el duque de Palma, Iñaki Urdangarín.

Según informó ayer el Ministerio Público, Anticorrupción ha presentado un escrito en el que considera que "no procede admitir la cuestión de competencia planteada por la representación de Jaume Matas", que pretendía que el Juzgado de Palma de Mallorca que instruye la causa se inhibiera en favor de la Audiencia Nacional. La Fiscalía dice que la defensa de Matas no detalla los motivos por los que esa investigación debe ser remitida a la Audiencia Nacional y sólo señala "de manera un tanto vaga e imprecisa que probablemente los hechos, de ser ciertos, tengan ramificaciones en Baleares, Valencia y Barcelona, pero lo dicho es sólo eso, una mera suposición ayuna totalmente de un sustrato fáctico que la apoye".

Anticorrupción añade que la investigación está "en una fase inicial" y que no consta mínimamente acreditado "ninguno de los presupuestos que justificarían la competencia de la Audiencia Nacional", según lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Alcance de la norma

Esta norma atribuye a la Audiencia Nacional la investigación de defraudaciones o maquinaciones para alterar el precio de las cosas "que supongan una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional" y los perjuicios patrimoniales "a una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia (provincia)".

La Fiscalía cita un caso en el que el Tribunal Supremo rechazó encomendar a la Audiencia Nacional un caso en el que se investigaban presuntos hechos de defraudación a la Hacienda estatal por un valor aproximado de 21 millones de euros. "En el presente caso, la cantidad defraudada no se acerca ni con mucho a dicha cifra", añade Anticorrupción.




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