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El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha convocado a la prensa para presentar este jueves, un día antes de lo previsto, la esperada reforma con la que el Gobierno de Mariano Rajoy espera sanear y reconfigurar el sector financiero español.

Tras semanas de especulaciones sobre el esfuerzo extra que se exigirá a la banca para inmunizarse contra el peso del "ladrillo", el Ministerio de Economía ha completado finalmente los detalles de la reforma financiera, que mañana será aprobada previsiblemente por el Consejo de Ministros.

Esta tarde, el ministro comparecerá para desgranar los detalles del plan que, según confesó él mismo en una entrevista a un medio financiero internacional tras tomar posesión en el cargo, obligará a la banca a sanear sus activos inmobiliarios en 50.000 millones de euros.

Aunque se desconocen los detalles concretos de la reforma, se da por supuesto que el Gobierno obligará a la banca a aumentar sus provisiones de los bienes inmobiliarios más problemáticos, que suman en el sector unos 175.000 millones de euros.

En la actualidad, los bancos y cajas tienen provisionados estos bienes en cerca del 35 por ciento, y el consenso en el sector es que habrá que aumentar enormemente estos saneamientos, aunque en distintos porcentajes en función de la "toxicidad" del activo.

El más afectado será el suelo que se ha adjudicado la banca, y que deberá estar provisionado en una media del 60 por ciento, aunque podría tener distinta consideración el calificado como rústico y el urbanizable.

El Ministerio de Economía y Competitividad ha estudiado también la posibilidad de aplicar una dotación, próxima al 7 por ciento, para los créditos inmobiliarios que no son problemáticos, y que a mediados del año pasado sumaban unos 162.000 millones de euros.

De prosperar esta idea, que ha generado rechazo en el sector, el Gobierno estaría previendo que una parte de estos créditos entrarán en mora en el futuro debido al deterioro económico o a la paralización de las continuas refinanciaciones de deuda.

Entre los detalles de la reforma que por el momento se desconocen figura qué porcentaje de estas provisiones podrá cargarse a resultados y cuánto contra capital, si bien se especula con que al menos dos tercios salgan de las cuentas.

También está por aclarar el plazo que el Gobierno concederá a las entidades para que realicen este saneamiento, que algunos de los bancos, como Santander o Banesto, han aplicado ya con cargo al cierre de 2011.

Entre las opciones más probables, está la de que el Gobierno permita realizar las dotaciones en dos años a las entidades que se embarquen en un proceso de fusión.

El Gobierno no ha ocultado que uno de los objetivos de esta nueva regulación es forzar una nueva oleada de fusiones bancarias, dado que muchas de las entidades pequeñas que operan en el mercado no serán capaces de soportar el endurecimiento de las provisiones sin dar pérdidas.

En la actualidad ya está programada la subasta de las entidades en las que entró el Estado (Unnim, Banco de Valencia, CatalunyaCaixa y Novagalicia), pero el Gobierno confía en que aparezcan otras operaciones en el mercado que den lugar a empresas con un tamaño superior.

De hecho, para incentivar este tipo de operaciones, Economía ha decidido volver a recurrir a los préstamos que el Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB) dio en forma de participaciones preferentes a las cajas de ahorros que se fusionaron en 2010.

Este tipo de ayuda, por el que la entidad beneficiaria paga un interés cercano al 8 por ciento anual, no se contabiliza como déficit público, dado que se trata en la práctica de un préstamo a precio de mercado.