1. El portal de la transparencia. La ley obliga a todas las administraciones e instituciones públicas a poner en manos de los ciudadanos los datos de su gestión a través de páginas web.

2. Contenidos básicos. Las web deben facilitar todos los datos presupuestarios, organizativos y salariales e información detallada sobre incompatibilidades, contratos y subvenciones.

3. Respuesta en un mes. Los ciudadanos tendrán acceso inmediato a los contenidos básicos y la contestación a las consultas particulares, positiva o negativa, deberá darse en el plazo de un mes.

4. Sanciones severas. Los cargos públicos que no gestionen bien se enfrentarán al cese, a la pérdida de pensiones, al pago de indemnizaciones, o a inhabilitaciones por más de cinco años.

5. Delitos de gestión. El falseamiento u ocultación de datos sobre las cuentas serán delito. El alto cargo se sentará en el banquillo frente a penas de hasta 10 años de inhabilitación y multa.

6. Criterios salariales. El Parlamento fijará un baremo anual con el sueldo máximo de los alcaldes, que tendrá en cuenta el tipo de entidad, el tamaño y población, el estado financiero, y elementos como si es capital.