El Gobierno balear comunicó ayer a los sindicatos que suprimirá las subvenciones anuales que les concedía en virtud de un acuerdo vigente desde 2006 y que eliminará la figura de los liberados sindicales institucionales en la administración autonómica, que en la actualidad son 89 personas.

La dirección general de Función Pública informó ayer a los sindicatos de esta decisión, adoptada para hacer frente a "la grave situación económica que sufre la comunidad".

La eliminación del llamado Fondo de Acción Sindical representará un ahorro de unos 205.000 euros que hasta ahora se repartían los sindicatos en virtud de su representatividad en el ámbito funcionarial.

Las medidas incluyen también la supresión de los locales para uso exclusivo de cada sección sindical u órgano de representación y su sustitución por un único inmueble, con un ahorro de 41.000 euros.

El gabinete que preside José Ramón Bauzá plantea que su intención es que la representación sindical en la administración autonómica balear se mantenga en "los mínimos que vienen fijados en el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley Orgánica de Libertad Sindical". El Ejecutivo del PP explica que la ruptura del pacto está amparada en el Estatuto Básico del Empleado Público.