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CATALUÑA

El Constitucional, un arma de doble filo para la independencia catalana

  • La corte puede frenar la creación de las estructuras de Estado catalanas, pero puede ser un acicate para el aumento del número de independentistas

22/02/2016 a las 06:00
  • COLPISA. BARCELONA
El proceso soberanista catalán ha entrado en su fase final, la de 18 meses, pero se ha topado con la ofensiva judicial del Gobierno central. La suspensión cautelar de la consejería catalana de Exteriores y un incidente de ejecución de sentencia que anuló la declaración secesionista del pasado 9 de noviembre son los últimos capítulos de una batalla entre el Ejecutivo catalán y los poderes del Estado que pueden ralentizar la hoja de ruta independentista y enfangar aún más si cabe las relaciones entre ambas administraciones.

El objetivo de los independentistas es aprobar las tres leyes básicas para la creación del futuro estado catalán (hacienda propia, seguridad social y transición jurídica), como paso previo a la celebración de unas elecciones constituyentes, que ya deberían estar convocadas sobre la base de una nueva legalidad, al margen de la española. Sin embargo, la elaboración de estas leyes (tanto las impulse la Generalitat como los grupos del Parlament) no será nada fácil. El Constitucional consideró nula la declaración independentista que las reclamaba y prohibió cualquier acción que tratase de desarrollarla. Por tanto, promover y aprobar esas tres leyes puede ser considerado un desacato al tribunal. Con la última reforma legal introducida por el Gobierno de Mariano Rajoy, el Constitucional cuenta con mecanismos propios para hacer cumplir sus decisiones. En caso de que sean ignoradas, puede sancionar a quien lo haga con fuertes multas e incluso la suspensión del cargo. Los primeros candidatos a estrenar las sanciones serían la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa si, pese a todo, dan luz verde a la tramitación de las tres leyes.

Un escenario de máxima tensión que podría empeorar si el Gobierno catalán hace caso omiso de la suspensión de la Consejería de Asuntos Exteriores, como ya ha dicho, y Raül Romeva mantiene sus funciones como "ministro" (como se denominó en la carta que remitió al presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz).

También este caso podría acabar con la inhabilitación de cargos y con la paralización de la que Romeva calificó como la primera estructura del futuro estado catalán. "No pasaremos ni una", afirmó el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. El hipotético cambio de color en el Ejecutivo, en principio, no debería afectar a la política de mano dura porque el PSOE no tiene intención de retirar el recurso presentado por Rajoy.

EFECTO BUMERÁN

El proceso judicial que más repercusión puede tener, en cualquier caso, es el de la consulta del 9-N de 2014, por la que están acusados de un delito de desobediencia Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y quizá próximamente también Francesc Homs. Todos ellos pueden enfrentarse a una condena penal por organizar la votación y desobedecer al Copnstitucional, que podría tener un impacto internacional negativo para España.

La ofensiva judicial, por tanto, puede ralentizar el proceso, pero podría tener un efecto bumerán si se confirma la imagen de un expresidente de la Generalitat condenado a prisión. Lo recordó esta semana el sucesor de Mas al frente del Palau de la Generalitat, Carles Puigdemont, cuando parafraseó al futbolista Gerard Piqué y dio las gracias al Constitucional, porque a su juicio "contigo empezó todo". Se refería a que el independentismo empezó a crecer como opción política y a coger vuelo a partir del fallo de esta corte contra el Estatut. En junio de 2010, cuando el Constitucional dictó sentencia, solo el 24% de los catalanes consideraban que Cataluña tenía que ser un estado independiente frente al 47,8% registrado en las pasadas elecciones catalanas. No es del todo exacto que la gran eclosión del independentismo se diera con la sentencia de 2010, pues la serie histórica del CEO (el CIS catalán) sitúa el despegue en 2012, tras el no de Rajoy al pacto fiscal propuesto por Mas y después de la primera gran manifestación por la Diada. En las últimas autonómicas, el secesionismo logró la mayor apoyo de su historia, pero insuficiente, según reconocen los dirigentes de CDC y ERC, para culminar el proceso. Puigdemont dijo esta semana que al secesionismo le falta "muy poco" para superar el 50% y poder hacer una declaración de independencia. Esos dos puntos que le quedan al separatismo para ser mayoritario podrían llegar si la actual batalla judicial acaba con sentencias condenatorias.

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