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CATALUÑA

El Parlamento de Cataluña aprueba una desconexión con España que tiene las horas contadas

  • La resolución, que llama a desobedecer las leyes estatales y que ha quebrado en dos la cámara autonómica, es en la práctica una declaración de independencia

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Actualizada 10/11/2015 a las 09:27
  • COLPISA. MADRID
El Parlamento catalán protagonizó este lunes el mayor desafío a España de su historia y manifestó de manera solemne su intención de iniciar un proceso que debe concluir en la creación de un "estado catalán independiente en forma de república".

Lo hizo con el impulso de Junts pel Sí (CDC y ERC) y la CUP, que suman 72 escaños sobre un total de 135, pero que no reúnen más que el 48% de los votos registrados en las elecciones autonómicas del 27-S. Los planes de los dos grupos secesionistas, que tienen la mayoría absoluta de diputados, son romper unilateralmente con España dentro de 18 meses y a partir de ahí convocar elecciones constituyentes y concluir el proceso con un referéndum de ratificación de la eventual Carta Magna catalana.

Siempre y cuando sean capaces de formar un Gobierno e investir un presidente de la Generalitat, extremo que a día de hoy se antoja complicado. La resolución aprobada por Junts pel Sí y la CUP, en la práctica casi una declaración de independencia, tendrá, en cualquier caso, poco recorrido legal, ya que con toda seguridad quedará anulada esta misma semana por el Tribunal Constitucional a petición del Gobierno de Mariano Rajoy, que ya ha adelantado que está dispuesto a utilizar hasta el último instrumento legal para garantizar la unidad de España.

Sin embargo, supone una escalada en el abierto desafío al Estado y sitúa el pleito catalán en el punto de mayor tensión entre las instituciones de Barcelona y Madrid desde 2012, cuando Artur Mas decidió emprender el tortuoso camino hacia la secesión. La política catalana ha entrado en una nueva fase, en un terreno desconocido en el que el tan anunciado choque de trenes está más que cercano.

Se puede producir en cualquier momento desde el miércoles próximo, que es cuando la corte de garantías podría suspender la declaración y considerar un desacato cualquier iniciativa posterior que la desarrolle. Los grupos independentistas, por su parte, no tienen intención de cumplir las resoluciones del tribunal. La declaración solemne no deja dudas en este sentido y proclama sin ambages que el "Parlamento y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado, en particular del Tribunal Constitucional", a quien la cámara catalana considera ya un órgano "deslegitimado y sin competencia".

Según el texto, Junts pel Sí y la CUP se comprometen a desobedecer a la corte y a cumplir "exclusivamente" aquellas normas y mandatos emanados del Parlamento autonómico. El texto obliga además a los dos partidos secesionistas a dar pasos inequívocos de ruptura inmediatos, pues en el plazo de 30 días la cámara tendrá que iniciar la tramitación de las leyes que permitan el proceso constituyente y la creación de la seguridad social y hacienda pública catalanas.

Desacato Es decir, en un mes, en plena campaña electoral de las generales del 20-D, el Parlamento catalán debería arrancar sin amparo legal los trabajos para poner las bases del futuro Estado catalán y quienes desoigan la suspensión del Constitucional correrán el riesgo de ser inhabilitados y llevados ante un juez de lo penal.

Desde Junts pel Sí advirtieron, no obstante, de que la "artillería legalista" que pondrá en marcha el Estado "no parará" el proceso soberanista. "Esto no se para. Este país dice que ha llegado la hora de ir a por todas", dijo su portavoz, Raül Romeva. La CUP habló en términos de "insubordinación" y de "acto de ruptura". He aquí la importancia de la resolución.

En el plano político supone un cambio de rasante para el independentismo, su paso más trascendental desde 2012, cuando tuvo lugar la primera gran manifestación de la Diada, Mas anticipó las elecciones y empezó a transitar hacia la independencia. Desde entonces, el Parlamento autonómico ha aprobado una declaración de soberanía (2013), más de dos millones de catalanes participaron en el sucedáneo de consulta convocado en el 9-N (2014), y el pasado 27-S el independentismo se impuso por primera vez en unos comicios, que tuvieron un marcado perfil plebiscitario.

El 27-S dejó un Parlamento partido en dos, entre secesionistas y no independentistas, y esa división se hizo aún más patente en el debate de este lunes. Poco más de la mitad (Junts pel Sí y la CUP) de la cámara se puso en pie para aplaudir el resultado de la votación, mientras que la otra mitad (Ciudadanos, PSC, Catalunya Sí que es Pot y el PP) permaneció sentada, aunque, poco después, los populares se alzaron para desplegar banderas españolas y catalanas.

Los grupos de la oposición reprocharon a los separatistas que van hacia un callejón sin salida que puede acarrear graves consecuencias para el autogobierno. Inés Arrimadas, de Ciudadanos, criticó al independentismo por iniciar una vía rupturista sin tener la razón ni la mayoría de votos. "Ustedes no tienen la mayoría ni para cambiar el Estatuto", afirmó.

El portavoz del PP, Xavier García Albiol, por su parte, aseguró que el proceso no es pacífico y avisó que el PP no permitirá que "Mas, Junqueras y la extrema izquierda radical rompan Cataluña del resto de España" y "construyan un muro". Miquel Iceta, del PSC, acusó a los independentistas de haber desconectado de la realidad y de estar "buscando una reacción del Estado para tener más argumentos para la secesión". Joan Coscubiela, de Catalunya Sí que es Pot, calificó la resolución de "insurgencia".



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