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CIUDADANOS

Rivera propone suprimir el Senado y el Consejo del Poder Judicial

  • Quiere sellar el mapa autonómico actual, blindar las competencias del Estado y otorgarle un alto grado de control sobre las de las autonomías

El líder de Ciudadanos (C's), Albert Rivera.

El líder de Ciudadanos (C's), Albert Rivera.

El líder de Ciudadanos (C's), Albert Rivera.

efe
10
08/11/2015 a las 06:00
  • COLPISA. MADRID
Albert Rivera eligió este sábado Cádiz, la cuna del constitucionalismo español, para presentar las 30 medidas que componen su plan de regeneración democrática y de despolitización de las instituciones, que tiene entre las principales novedades la intención de cerrar el Senado y de suprimir el Consejo General del Poder Judicial. Se trata, según sus propias palabras, de la "hoja de ruta" desde la que buscará consensos con las demás fuerzas políticas para reformar la Constitución y varias leyes orgánicas y para liderar desde la Moncloa "una segunda transición", emulando a su admirado Adolfo Suárez.

El líder de Ciudadanos explicó que su plan es que España solo tenga una cámara legislativa nacional, el Congreso de los Diputados, y que el Senado sea sustituido por otro órgano, el Consejo de Presidentes de Comunidades Autónomas. Se reuniría para actuar como cámara de segunda lectura en la aprobación de las leyes vinculadas a la organización territorial, como la financiación autonómica, y tendrá un voto ponderado a la población de cada una de las comunidades autónomas. Este consejo podrá discrepar de lo acordado por el Congreso, pero tras un proceso de intento de consenso, si las diferencias permanecen, prevalecerá la opinión del Parlamento nacional, que siempre tendrá la última palabra.

El partido naranja, entre una amplio abanico de medidas para despolitizar la justicia, prevé también suprimir el Consejo General del Poder Judicial, cuyas actuales funciones recaerían en el presidente del Tribunal Supremo, que sería asistido por dos adjuntos. Este presidente sería elegido por el Congreso, por mayoría de dos tercios, entre jueces del propio Supremo con al menos 20 años de carrera y que no hayan tenido vínculo alguno con partidos u ocupado cargos públicos representativos. Tendrá un único mandato no prorrogable de seis años. Los dos adjuntos los elegirán directamente los jueces y fiscales y tendrán mandatos de tres años sin reelección.

Este nuevo órgano sería el encargado de nombrar a todos los jueces, incluidos los presidentes de audiencias, tribunales superiores o salas del Supremo, y lo haría por un método de concurso u oposición con baremos reglados para evitar la "discrecionalidad política".

También prevé un cambio del sistema de elección del fiscal general del Estado. Lo designará el Gobierno pero de una terna propuesta por el Congreso entre todos los candidatos con los mismos 20 años de carrera y sin vínculos con partidos.

PROHIBICIÓN DE DECRETOS-LEY

Los magistrados del Tribunal Constitucional, igualmente, no podrán haber tenido puestos en partidos ni haber desempeñado cargos en parlamentos o gobiernos. Serán elegidos por el procedimiento actual, salvó la cuota del Poder Judicial, que no será de designación discrecional sino fruto de un concurso de méritos prefijado. Su mandato pasará de 9 a 12 años, pero cuando lo agoten deberán jubilarse y no podrán tener empleo alguno.

Las 30 medidas de Rivera también proponen una reforma constitucional para actualizar el diseño y funcionamiento del estado autonómico, con los objetivos fundamentales de sellarlo con los nombres de las actuales comunidades autónomas -cegando la vía de anexión de Navarra al País Vasco- y de fijar un nuevo sistema de distribución de competencias, que blindará para siempre las del Estado y que le otorgará un alto grado de control sobre el ejercicio de las de las autonomías. De hecho, establece lo que se podría llamar una cláusula de cierre, que indica que el Estado podrá legislar con "eficacia jurídica plena" para corregir actuaciones de las autonomías que creen desigualdades en las condiciones de vida y derechos y deberes que rigen en toda España o para mantener "la unidad jurídica y económica". En cuanto a la financiación autonómica, garantizará el pago de una cartera de servicios básica para todas las comunidades y las regiones que quieran un mayor nivel lo tendrán que financiar en base a aumento de tributos o copagos en sus territorios. Pretende acabar a medio plazo con los conciertos vasco y navarro y de momento les obligará a contribuir más a través del cupo.

Incluye la prohibición de indultos a corruptos y maltratadores, la igualdad de hombre y mujer en la sucesión de la Corona, la prohibición de los decretos-leyes del Gobierno, la supresión de la diputaciones, y la fusión de ayuntamientos.



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