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CATALUÑA

La hora de la verdad del independentismo catalán

  • El choque de trenes entre el independentismo catalán y el Estado se acercará el lunes, cuando el Parlament apruebe algo muy similar a una declaración unilateral de secesión

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08/11/2015 a las 06:00
  • COLPISA. BARCELONA
La gran partida de ajedrez, de consecuencias imprevisibles, en que se ha convertido el desafío catalán entra en su fase decisiva, que esta vez sí puede acabar en el tan manido choque de trenes. El independentismo juega con blancas y por tanto le tocará abrir juego. Lo hará aprobando una resolución, el lunes por la mañana, que supondrá de facto una declaración unilateral de secesión. Junts pel Sí y la CUP, que en las pasadas elecciones obtuvieron 72 de los 135 escaños del Parlamento catalán, pero que en cambio no superaron el 48% de los votos, y en consecuencia no tienen el respaldo mayoritario de la ciudadanía, darán luz verde a una resolución que marca el inicio del proceso hacia la constitución de una república catalana independiente. Un desafío al Estado sin precedentes, que proclama sin ambages la intención de los partidos secesionistas de ignorar las leyes españolas y las decisiones del Tribunal Constitucional. Una resolución plenamente democrática para el independentismo, que mantiene que cumple un programa electoral y tiene el apoyo de la mayoría absoluta de escaños del Parlamento autonómico, pero fuera del ámbito soberanista ha sido calificada de golpe de Estado civil, sublevación, rebelión o insurreción impropia en un Estado de derecho.

Una vez que la cámara catalana apruebe la declaración solemne, el Gobierno, que juega con las negras, moverá ficha para activar "toda la maquinaria" del Estado. Ya ha anunciado que convocará un Consejo de Ministros extraordinario casi con toda seguridad el martes para llevar la resolución del Parlamento catalán al Constitucional. En cuanto el alto tribunal admita a trámite la impugnación, la resolución del Parlament quedará automáticamente suspendida. En el PP creen que puede ser antes del viernes que viene. Con este movimiento, el Ejecutivo central se comerá unas cuantas fichas blancas, porque la declaración quedará sin efecto, pero el jaque mate al proceso aún quedará lejos. A partir de la anulación de la declaración de la cámara, la partida entrará en un terreno desconocido. Le tocará decidir al secesionismo, que está advertido de que sus siguientes pasos pueden acarrear consecuencias penales. La resolución afirma en su punto sexto que el "Parlamento y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado, en particular del Tribunal Constitucional". Dicho de otra manera, Junts pel Sí y la CUP desobedecerán al alto tribunal, cumplirán "exclusivamente" las normas y mandatos emanados del Parlamento autonómico y "adoptarán las medidas necesarias" para poner en marcha el proceso de desconexión.

Aunque desde el independentismo se insiste en que la resolución del lunes es solo una declaración política, que no tiene efectos inmediatos, lo cierto es que el texto aprobado obliga al independentismo a mover ficha en un plazo de solo 30 días. Ese es el calendario que establece la moción para que el Parlamento ponga en marcha la tramitación de las leyes del proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública. En cuanto los grupos parlamentarios activen esas tres leyes, estarán desobedeciendo supuestamente la suspensión del Constitucional y obligarán al Gobierno central a tomar una determinación: templanza o mano de hierro. Si es esto último y las amenazas gubernamentales pasan a los hechos, se podrá comprobar para qué sirve la reforma de la ley del Tribunal Constitucional recientemente aprobada por el PP. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, apuntó el viernes directamente contra la presidenta de la cámara catalana, Carme Forcadell, a la que recordó que el mismo Constitucional explicitó el jueves, cuando permitió el debate y la votación sobre la declaración independentista, que la dirección del Parlamento es quien debe velar por que las mociones se ajusten a la legalidad. Y de no hacerlo, caerá todo el peso de la ley sobre ella. La polémica reforma del alto tribunal prevé la suspensión en sus funciones de las autoridades que no cumplan las resoluciones del Constitucional. "Se actuará con proporcionalidad y prudencia, pero también con firmeza y determinación", dijo Sáenz de Santamaría. Si el desacato fuera a más, el Gobierno podría incluso sacar del cajón el artículo 155 de la Carta Magna, que contempla la suspensión de la autonomía.

INHABILITADOS

Actores destacados del independentismo habrían reconocido que lo que buscan es forzar la situación al máximo para obligar al Estado a reaccionar, con el objetivo de que la comunidad internacional acabe imponiendo la celebración de un referéndum. "Pase lo que pase, nosotros seguimos adelante. No miramos a los demás, tenemos un programa que cumplir, un mandato democrático expresado el 27-S y no queremos pensar en las consecuencias", afirman fuentes de Junts pel Sí. En el PP catalán, no descartan un escenario en el que Mas y Forcadell acaben "inhabilitados". "Estamos en una situación de locura", afirman fuentes de los populares. Esta situación se envenena aún más en vísperas de los comicios del 20-D. Para el PP, que estaba en caída libre, la declaración independentista es un regalo, que le permite cerrar filas, llevar la iniciativa desde el Gobierno y presentarse como la garantía de que España no se romperá. La resolución de ruptura obliga a PSOE y Ciudadanos a ir a remolque del discurso de la Moncloa y ha servido en bandeja la campaña a los populares, para quienes la corrupción, las desigualdades sociales y la presunta recuperación económica quedarán tapadas en un segundo plano ante una crisis de Estado, sin precedentes en décadas, según el partido del Gobierno. Está por ver si la espiral de tensión remitirá a partir del 20-D y si las partes se sentarán a hablar para buscar una salida negociada.

Se anuncia, por tanto, el choque de trenes entre Cataluña y el resto de España, pero en el independentismo, a nivel interno, también puede haber colisión. Y es que, el secesionismo está planteando el mayor desafío de su historia al Estado sin tener asegurado un gobierno que pilote ese órdago. El Parlamento catalán aprobará el lunes por la mañana la resolución de ruptura y por la tarde empezará la sesión de investidura para elegir al presidente de la Generalitat. La CUP ya ha dicho que no votará a Mas y a día de hoy su elección está en el aire. Si Junts pel Sí y la CUP no acabaran de ponerse de acuerdo antes del 9 de enero, el proceso saltaría hecho añicos y Mas tendría que convocar nuevas elecciones. La tensión es máxima en el independentismo, ante la posibilidad -real- de perder su gran oportunidad. De momento, Mas se ha visto obligado a ceder todo lo que puede y más (resolución independentista, que ésta se apruebe con urgencia, plan de choque social y veto a los consejeros Ruiz y Puig) para tratar de ganarse el apoyo de la formación anticapitalista, que venderá muy caros sus votos. El ansiado acuerdo con la CUP ha provocado además una grave crisis interna en el seno del Gobierno catalán, en el que casi la mitad de sus consejeros cuestionan la estrategia junto a la izquierda radical. Mas ha logrado sofocar el incendio interno (aunque ya ha habido una primera dimisión de un alto cargo de su Ejecutivo), pero si continúan las concesiones las diferencias pueden llegar a la división.



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