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CATALUÑA

El Gobierno apunta a Forcadell como primera responsable de lo que pase el lunes

  • El Parlament aprobará este lunes la declaración secesionista
  • Pondrá en marcha la segunda fase del proceso independentista diga lo que diga el Constitucional

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Actualizada 07/11/2015 a las 08:30
  • COLPISA. MADRID
El «desafío secesionista», ese concepto abstracto y recurrente en el debate político, tiene desde este viernes nombre y apellido, Carme Forcadell. El Ejecutivo ha puesto el foco en la presidenta del Parlamento catalán, a la que señala como responsable de lo que ocurra este lunes en la Cámara autonómica cuando se discuta la moción que aboga por la desconexión de España. De ella depende que se tramite o no, y se tramitará porque así lo acordaron este vieres los órganos rectores del Parlament.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se aferra al último auto del Tribunal Constitucional y detecta en él una advertencia dirigida, «sin ningún género de duda», a Forcadell, cuyo proceder determinará si el Gobierno se ve obligado o no a recurrir al Tribunal Constitucional para bloquear el siguiente paso del independentismo.

El lunes, los diputados catalanes están convocados a un pleno en el que las fuerzas secesionistas sacarán adelante la resolución con la que pretenden iniciar el camino hacia la república de Cataluña. Aunque el debate no ha sido prohibido, el Constitucional sí estableció que son las «asambleas parlamentarias las que deben velar por que sus decisiones se acomoden, en todo momento, a la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico». Por lo que de ser aprobado el texto que llama a la rebeldía frente al Estado, los magistrados actuarán si lo solicita el Gobierno.

El paso al frente del Ejecutivo se da por descontado. Los servicios jurídicos del Estado tiene prácticamente elaborado el recurso contra la moción secesionista para que la reacción pueda ser inmediata. Sáenz de Santamaría subrayó hoy, de hecho, la «urgencia» con la que Mariano Rajoy actuará una vez que la declaración vea la luz verde. «En el minuto en que se acabe la votación, el Gobierno va a poner en marcha toda la maquinaria para que esa declaración se suspenda y sea declarada inconstitucional», garantizó la número dos del Ejecutivo en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros.

El gabinete volverá a reunirse el próximo martes en una sesión extraordinaria en la que, tras recibir el informe preceptivo del Consejo de Estado, acordará impugnar la moción independentista ante el Constitucional. Con toda probabilidad, 24 horas después el alto tribunal suspenderá el contenido del documento impidiendo que en Cataluña se comiencen a crear estructuras de Estado y se tramiten las leyes para constituir una seguridad social y una hacienda pública propias. «Que a nadie le quepa ninguna duda -avisó la vicepresidenta- de que esa declaración no producirá ni uno solo de sus efectos y pueden inventarse todas las cláusulas que quieran».

REFORMA DEL PP

A partir de entonces podrán comprobarse por primera vez los efectos de la reforma del Tribunal Constitucional que puso en marcha el PP. En caso de desobediencia de la resolución, los magistrados tienen herramientas para llegar incluso a suspender a aquellos cargos públicos que no respeten los autos judiciales. La clave estará en identificar a las personas que se salten las decisiones del tribunal. De ahí la llamada de atención a la presidenta del Parlamento catalán, que es, en última instancia, quien permitirá que se debatan los proyectos de ley encaminados a la creación de una república independiente.

Es la primera vez que el Gobierno apunta a un responsable directo en el proceso independentista. El proceder de Forcadell en la última semana, acelerando los trámites para que el lunes se debata la moción y forzando el reglamento de la Cámara para que eso sea posible, ha disparado las alarmas en la Moncloa, donde Sáenz de Santamaría llamó hoy a la reflexión. «¿Ustedes imaginan si ese tipo de declaraciones las hubiera hecho el presidente del Congreso o el Senado?», dejó en el aire.



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