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TRIBUNALES

El juez "prepara" ya "el juicio oral" para Blesa y Rato por las tarjetas 'black'

  • Las diferencias entre Fiscalía y el magistrado surgen a la hora de delimitar todos los responsables

Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid

Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid

Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid

DN (ARCHIVO)
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13/10/2015 a las 06:00
  • COLPISA. MADRID
Ha pasado un año desde que el juez del ‘caso Bankia’, Fernando Andreu, abriera otra línea de investigación -aparte de las relativas a su salida a Bolsa y la emisión de participaciones preferentes- para esclarecer las irregularidades que se pudieron cometer en el banco desde sus prolegómenos hasta la llegada en la primavera de 2012 del actual equipo directivo, y la trama de las llamadas tarjetas ‘black’ ya tiene tan repartidos sus papeles que el instructor tiene la mente puesta en “el juicio oral” y ha iniciado las “actuaciones encaminadas a prepararlo”. De hecho, según fuentes jurídicas, las pesquisas podrían darse por concluidas a finales de año y luego emplazar a las partes a que presenten sus escritos de calificación antes de marzo, lo que dejaría un pequeño margen a celebrar la vista antes de concluir 2016.

No existe un calendario cerrado, aunque la intención del magistrado y del fiscal anticorrupción Alejandro Luzón es que esta sea la primera pieza del rompecabezas de Bankia que logren encajar. Y es que a diferencia de la causa principal -donde resta todavía algún informe pericial por presentarse-, en esta pieza separada las últimas diligencias practicadas han sido a petición de las defensas, algo habitual cuando la instrucción se acerca a su fase final. Tanto Andreu como la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional coinciden en apreciar “indicios serios” de “la ilicitud en origen” de las ‘black’, “carentes de base legal alguna o contractual”. Uno y otra tienen claro que se pudieron cometer sendos delitos de administración desleal y apropiación indebida, primero con su aprobación y después con su disfrute casi sin límites: al menos 15,5 millones de euros dilapidados en viajes, comidas, artículos de todo tipo y un largo etcétera entre 2003 y 2012, primero en Caja Madrid y luego en Bankia.

Las diferencias entre ellos, sin embargo, surgen a la hora de delimitar todos los responsables. Coinciden en que los principales son Miguel Blesa, como presidente de Caja Madrid cuando presuntamente se crearon las ‘black’ y se extendió su uso entre casi un centenar de altos cargos de la entidad -incluidos los políticos y sindicalistas que formaban parte de su consejo de administración-, y Rodrigo Rato, su sucesor en el cargo hasta que la entidad de ahorros se integró en Bankia y el exministro de Economía pasó también a dirigirla.

Junto a ellos aparece un tercero con un papel no mucho menos relevante, según los jueces. Se trata de Ildefonso Sánchez Barcoj, ‘mano derecha’ del primero y durante un tiempo también del segundo, que en su papel de director general de la caja en esa época decidía sobre dichas tarjetas bajo los únicos designios del propio Blesa. Pero partir de ahí existen discrepancias sobre cuántos acusados debe haber en el caso.

AL MARGEN DE CUALQUIER CONTROL

De los 82 imputados iniciales ya fueron exculpados 14 ex altos cargos por la prescripción del delito (transcurrieron más de cinco años desde su última disposición de fondos). Andreu, asimismo, liberó a otros 12 exdirectivos de responsabilidad penal -aunque les mantiene la civil para responder económicamente por lo gastado- al estimar que, como empleados por cuenta ajena, las ‘black’ sí “formaban parte de su paquete retributivo” (de hecho, tenían otra tarjeta de crédito corporativa). Pero la Sala le enmendó la plana este verano al ver su decisión “precipitada” porque, entre otras cosas, ni figuraban en su contrato ni estaban “debidamente documentadas”, amén de que ven “carente de sentido” que no se optara por subirles el sueldo directamente si el fin era premiar su trabajo.

Y es que, al igual que para el resto de imputados, la Audiencia Nacional ha constatado media docena de hechos que hacen presumir que el mero disfrute de estas polémicas tarjetas -más aún la decisión de aprobarlas y cómo se repartían- sería, en principio, delictivo. Desde que “no existía acuerdo de los órganos competentes de las entidades (Caja Madrid y Bankia) para su emisión y entrega” hasta que “en ningún momento se aprobó el abono de gastos de carácter personal -solo se autorizaron para sufragar los “derivados de viajes y representación en el ejercicio de sus funciones profesionales”-, sin olvidar que “tampoco se contabilizaban de manera adecuada” ni se declaraban a Hacienda -”no se les hacían retenciones”-.

Para reafirmar lo primero, y aunque ya dispone de “distintos indicios”, Andreu ha pedido a la fundación heredera de Caja Madrid que le remita las actas de las reuniones de la comisión de Retribuciones (desde su creación hasta finales de 2005), la comisión ejecutiva (2003-2009) y el propio consejo de administración (cuando tratara sobre la remuneración de altos directivos). Y sobre lo segundo ha solicitado a la Agencia Tributaria que le informe de si Bankia se desgravó gastos derivados de las ‘black’ en los ejercicios fiscales de 2011 y 2012, diligencia pedida por Rato (su presidente esos años) para tratar de “probar” que Hacienda sí tenía conocimiento de esas tarjetas.



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