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PP reforma el Tribunal Constitucional ante el 'golpe de estado' de Mas

  • Los grupos parlamentarios denuncian que el Ejecutivo "usa" la institución para evitar decisiones políticas incómodas

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Actualizada 01/10/2015 a las 22:19
  • COLPISA
Ningún miembro del Gobierno ocupó este jueves la bancada azul del Congreso durante el debate sobre la reforma que permitirá al Tribunal Constitucional suspender a aquellos funcionarios o gobernantes que incumplan las resoluciones judiciales. Pero el PP estuvo allí para recibir el rechazo frontal de la oposición, que denuncia que el texto ha sido diseñado con tintes 'electoralistas'y 'autoritarios' contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Ni el Ejecutivo ni los populares han ocultado su voluntad de preparar el terreno para dejar sin efecto la creación de estructuras de Estado en Cataluña o hacer frente a una declaración unilateral de independencia del Parlamento catalán. Ya para el anuncio de la proposición de ley, el PP contó con la presencia de su candidato a la Generalitat, Xavier García Albiol, y el partido tampoco esquivó ayer sus intenciones.

"Preferimos una democracia segura de sí misma, con instituciones fuertes, que puedan estar a la altura de los desafíos, y no una democracia acomplejada y débil", defendió el diputado Pedro Gómez de la Serna, que parafraseó al socialista Alfonso Guerra y definió la hoja de ruta de Mas como "un golpe de estado a cámara lenta".

Los grupos parlamentarios de la oposición, sin embargo, cuestionan que esta sea la mejor estrategia para buscar una salida al conflicto planteado en Cataluña y entienden que el Gobierno "usa" al alto tribunal para no asumir decisiones políticas incómodas. Unió, que ayer reclamaba a Mariano Rajoy una propuesta de envergadura para solucionar el problema, advierte de que que estas reformas legales sólo alientan el desencuentro.

El PSOE también considera que la reforma denota "torpeza" política porque sólo echa "gasolina al victimismo" de los secesionistas. Precisamente en el papel de los agraviados, se alzó hoy el diputado de Esquerra, Joan Tardá, que no se dejó ni un calificativo en el escaño y subió a la tribuna para tildar de "enloquecidos" a los populares, de "miserable" al expresidente Felipe González por comparar independentismo y nazismo, y de "sinvergüenza" al gobernador del Banco de España que sugirió la posibilidad de un corralito en Cataluña.

Más comedido en las formas, el diputado de Convergencia, Carles Campuzano diagnosticó que los populares tienen tendencias autoritarias, mientras el representante de Iniciativa, Joan Coscubiela, llegó a denunciar que la cultura política de la derecha ha legitimado incluso el "golpe de Estado" como manera de llegar al poder. Es más, percibe que tanto Rajoy como el expresidente José María Aznar comparten la filosofía de que "cualquier fin es válido" para mantenerse en la Moncloa.

Tramitación El Gobierno, pese al chaparrón, no se da por aludido y se niega a dar pasos que puedan ser entendidos como una cesión ante quienes propugnan la ruptura con España. La posición de Rajoy ante el debate identitario catalán ha quedado definida. El presidente sólo escuchará las propuestas de la Generalitat que se enmarquen en la ley, y ahí no cabe la única demanda que llega desde Cataluña, la independencia.

Tampoco una reforma de la Constitución como la que llevan los socialistas en su programa. Por ahora, el Ejecutivo se ha propuesto reforzar sus instrumentos para la batalla judicial, y le basta y le sobra su mayoría absoluta para sacar adelante la modificación del Tribunal Constitucional que hoy fue aprobada en el Congreso con los votos de los populares. Sólo UPyD quiso aportar un matiz y demandó, sin éxito, que sea la justicia penal la encargada de aplicar las sanciones en caso de desobediencia. El texto será ahora remitido al Senado también para una tramitación exprés y sea aprobado en 15 días.



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