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JUSTICIA

El Tribunal Supremo 'explota' ante el exceso de cargos aforados

  • Gallardón fracasó en su proyecto de reducir de 17.621 a 22 los aforados porque hacía falta reformar todos los estatutos de autonomía

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Actualizada 01/10/2015 a las 09:35
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El Supremo puso en pie en pared con los aforados porque considera que hay que poner coto a esa figura procesal porque se está extendiendo con demasiada alegría y en realidad se trata de un "privilegio" judicial que debe ser una excepción muy ocasional. El alto tribunal ha aprovechado una de las múltiples demandas que el comisario José Manuel Villarejo Pérez -conocido por haber grabado su reunión con el expresidente madrileño Ignacio González y porque fue implicado en el caso ‘Pequeño Nicolás’- contra dos fiscales anticorrupción para lanzar un verdadero alegato en contra del aforamiento y contra el símbolo en que esta "inaceptable" prerrogativa se convierte cuando se abusa de ella en un "incremento exponencial".

El durísimo auto de la Sala Segunda del Supremo, del que ha sido ponente su presidente Manuel Marchena, viene motivado por la insistencia de la Fiscalía para que sus dos representantes demandados, José Grinda y Juan José Rosa, quedaran bajo la competencia del Supremo y no de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, como establece la ley.

Villarejo denunció en mayo a Grinda y Rosa por sus supuestas maniobras para relacionarle con el ‘caso Emperador’ de la mafia china y el caso del ‘pequeño Nicolás’. El comisario, que acusó a los fiscales de intentar sobornar a un abogado, insistió en que ambos pertenecen a una camarilla de agentes del Centro Nacional de Inteligencia que tienen como objetivo desacreditarle.

La Sala no entró a valorar los hechos que el comisario de Policía imputaba a los dos fiscales porque, según el tribunal, los querellados no tienen fuero ante el Tribunal Supremo. El auto recuerda que la Ley Orgánica adjudica la competencia a la Sala Segunda del Supremo para instruir causas seguidas contra el fiscal general y los fiscales de Sala del Tribunal Supremo.

Pero nadie más del Ministerio Público, por mucho que el fiscal del Supremo se empeñara en defender el aforamiento ante esta sede de sus compañeros de Anticorrupción, alegando que ese departamento despliega su trabajo en todo el territorio nacional. La Sala, sin embargo, entiende que ese criterio basado en el ámbito territorial no tiene lógica. Sobre todo porque este racionamiento, llevado a sus últimas consecuencias, "podría desbordar el fundamento mismo del aforamiento. Y es que todo fiscal puede ser llamado al conocimiento de un asunto en cualquier punto del territorio nacional", apunta.

"PROTOCOLARIA"

Y es ahí, ante esta maniobra frustrada de la Fiscalía por buscar un aforamiento, cuando estalla el Supremo. El alto tribunal dice que no está dispuesto a alentar lo que califica como la "concepción cuasi protocolaria del aforamiento" que se está haciendo en los últimos tiempos. Reitera en su escrito el carácter excepcional de los aforamientos y, en consecuencia, la necesidad de una interpretación restrictiva porque "todo aforamiento cuya excepcionalidad no esté justificada adquiere frente a terceros el inaceptable signo de un privilegio".

La resolución insiste en la "importancia de huir de criterios interpretativos que fomenten el incremento exponencial de los aforamientos ya vigentes". "Los aforamientos han de despojarse de cualquier significado de injustificada ventaja", llega a clamar el Supremo, que reitera que "el mosaico de aforamientos vigentes en nuestro sistema procesal" es excesivo.

El alegato del Supremo no es el primero contra el exceso de privilegios procesales, aunque sí el más importante que ha surgido desde la judicatura. El alto tribunal se aliena así con la polémica propuesta que lanzó en el verano del año pasado el entonces ministro de Justicia. Alberto Ruiz-Gallardón propuso, sin éxito, una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para reducir de 17.621 a 22 los aforados en España, al margen de los miembros de la Familia Real.

El proyecto que no cuajó de Ruiz-Gallardón era limitar este privilegio solo a "los titulares de los poderes del Estado": el presidente del Gobierno, los presidentes del Congreso y del Senado, el presidente del Tribunal Constitucional y el presidente del Tribunal Supremo, más los 17 presidentes de las comunidades autónomas. La idea del exministro murió casi antes de nacer por la negativa de Mariano Rajoy y de varias comunidades a abrir el debate de la reformas de sus estatutos, que es la norma que garantiza el aforamiento a sus numerosas autoridades.



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