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JUSTICIA

El Supremo investigará a un senador de Amaiur por su relación con el frente carcelario de ETA

  • El tribunal abre causa a Goioaga por integración en organización terrorista, financiación de terrorismo, fraude a la Seguridad Social y blanqueo

El Supremo investigará a un senador de Amaiur por su relación con ETA

El Supremo investigará a un senador de Amaiur por su relación con ETA

Imagen de archivo de Iñaki Goioaga.

EFE (ARCHIVO)
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01/10/2015 a las 06:00
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  • COLPISA. MADRID
El Tribunal Supremo ve indicios de que el senador de Amaiur Iñaki Goioaga perteneció al colectivo de abogados de presos de ETA a órdenes de la organización terrorista y encargado de transmitir las órdenes de la cúpula a los reclusos. El alto tribunal aceptó los argumentos del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga desde hace años el frente carcelario de ETA, y abrió al parlamentario una causa por los delitos de integración en organización terrorista, financiación de terrorismo, contra la Hacienda Pública, fraude a la Seguridad Social y blanqueo de capitales.

Eloy Velasco el pasado junio pidió al Supremo que investigara e imputara a Goioaga por formar parte con "especial relevancia" del denominado 'Colectivo de Abogados BL', la red de letrados que, según el juez, aprovechaban su actividad profesional de asistencia letrada para ejercer de correa de transmisión de las órdenes de la cúpula terrorista a sus reclusos, amén de frenar cualquier intento de disidencia en las prisiones.

El nombre de Goioaga apareció por primera vez en las investigaciones de la Guardia Civil poco antes de la redada del 9 de enero de 2014, la última contra este colectivo de letrados, y que a punto estuvo de irse al traste por el famoso 'tuit' de Albert Gimeno, entonces jefe de prensa del Ministerio del Interior, alertando de la operación antes de que se produjeran los registros pertinentes.

Velasco, en su resolución que el Supremo acepta sin matices, daba por buenas las investigaciones que la Jefatura de Información de la Guardia Civil viene desarrollando contra este amplio colectivo, en el que se incluye buena parte de los abogados de los reclusos etarras (organización H-Alboka) y que ya ha desembocado en cuatro redadas diferentes (abril de 2010, septiembre de 2013, enero de 2014 y enero de este mismo año). Unas operaciones que suman 45 imputados, entre ellos conocidos abogados de la izquierda abertzale como Arantza Zulueta, Ainhoa Baglietto, Alfonso Zenon o Kepa Mancisidor.

Todos ellos, junto a Goioaga, explicaba el instructor en julio, trabajaban a las órdenes de la cúpula de la banda y "anteponiendo los intereses de ETA" a los de los propios reclusos, participaban en su adoctrinamiento, trasladaban las directrices de la organización y facilitaban a la banda información sobre el estado de los reclusos.

El auto del Supremo conocido este miércoles 30 de septiembre, cuyo ponente ha sido Manuel Marchena, concluye que la exposición razonada describe en detalle toda una serie de indicios de los que se puede inferir que Goioaga pertenece al 'Colectivo de Abogados BL', dentro del cual realizaría distintas funciones, tales como rondas o visitas planificadas a los presos de ETA o asistencia a distintas reuniones.

También considera suficientes los indicios que apuntan a que el citado colectivo sería una estructura subordinada e integrada en la organización terrorista ETA a través de KT, integrada en el llamado frente de cárceles.

"INDICIOS RELEVANTES"

Las investigaciones realizadas, según el auto, aportan "indicios relevantes" de que ese colectivo KT tiene como única función el "control y cohesión de los presos pertenecientes a dicha organización criminal", así como el entorno de esos reclusos, integrados en el Colectivo de Presos Políticos Vascos. La Sala afirma que esta organización trataría de llevar a cabo una labor de "adoctrinamiento y concienciación" ideológica de los presos para que sus decisiones se desarrollen de acuerdo a las líneas estratégicas del frente de cárceles, manteniéndoles de esta forma fieles a los postulados de ETA, que así puede continuar ejerciendo control sometiéndolos a los intereses de la banda terrorista y la consecución de sus objetivos.

De los documentos que hay en la causa se puede inferir, según el auto, que "la labor jurídica del colectivo al que pertenece Iñaki Goioaga Llanos está supeditada a la labor política descrita". También subraya que hay datos que apuntarían que los gastos de la asistencia jurídica a los miembros del colectivo de presos tendrían su origen en Herrira, que está suspendida de sus funciones, y que el valor de los servicios prestados por el colectivo de abogados, en 2012 y 2013, no habrían sido declarados a Hacienda.

La Sala designa instructor al magistrado Miguel Colmenero y acuerda que el resto de la causa, la que afecta a los no aforados, continúe investigándose en la Audiencia Nacional.

A pesar de la proximidad de las elecciones generales, fuentes judiciales apuntan a que el Supremo seguirá instruyendo sobre las responsabilidades penales del exparlamentario. Goioaga perderá el aforamiento cuando se disuelvan las Cortes en octubre, no obstante volverá a tener esa protección previsiblemente cuando se vuelva a constituir la Cámara alta, ya que es senador por designación autonómica.



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