Diario de Navarra | Facebook Se abrirá en otra página Diario de Navarra | Twitter Se abrirá en otra página HIBERUS | Google Plus Hemeroteca Edición impresa DN+ Tablet
Mi Club DN ¿Qué es? Suscríbete
El Tiempo: Cargando...

La Hemeroteca
Audiencia Nacional

Se investigará a diez jefes de ETA por crímenes contra la humanidad

  • Solo verá los delitos desde 2004 y la Sala Penal descarta que hubiera genocidio porque las partes "comparten identidad nacional"

0
29/09/2015 a las 06:00
  • COLPISA. MADRID
El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González ya tiene perfilado el marco procesal para investigar si ETA cometió crímenes contra la humanidad. Se trata de una de las causas abiertas contra la banda terrorista más ambiciosa, ya que afecta a una decena de dirigentes desde el 1 de octubre de 2004, año en el que entró en vigor está figura delictiva en el Código Penal, hasta la actualidad. Un periodo en el que la actividad sanguinaria mató a 12 personas. El reto de llevar el procedimiento a buen puerto, la sentencia condenatoria, llevaría aparejado un castigo ejemplar para los querellados, ya que las penas oscilan entre los 20 y los 30 años de cárcel.

La tipificación de los crímenes de lesa humanidad tiene 70 años de vida y se vislumbró por vez primera en el marco legal que dio lugar al Tribunal de Núremberg, el órgano que juzgó a dirigentes y colaboradores del régimen nazi. Se incluyen conductas como asesinato, tortura, desplazamiento forzoso o secuestro que cause graves sufrimientos de forma sistemática a una parte de la población civil y que, por su aberrante naturaleza, ofende, agravia e injuria a la humanidad en su conjunto.

Buscar los indicios de que las diferentes cúpulas de ETA llevaron a cabo esta inhumana actuación será un desafío para el juez González, a quien la Sala de lo Penal -órgano superior- dio este lunes un espaldarazo a sus resoluciones. La razón es que la Sección Cuarta avaló los límites marcados por el instructor en julio pasado, en tanto en cuenta delimitó el procedimiento a 2004 y rechazó investigar además el delito de genocidio. Para ello alegó que «en el País Vasco víctimas y victimarios comparten la misma identidad nacional y tan españoles son unos como otros».

Pese a ello, los querellantes del colectivo Dignidad y Justicia, la Fundación Luis Portero y la acusación de Antonio Salvá, padre del guardia civil Diego Salvá, asesinado por ETA en julio de 2009 en Mallorca, recurrieron a la sala porque consideraron que detrás de la actividad de la banda armada se escondía la intención de destruir total o parcialmente al oponente por razón de identidad nacional. Una condición perenne a la organización desde su constitución en los años setenta. Aunque no les han dado la razón.

IDENTIDAD DE LOS JEFES

Recientemente, un informe policial reclamado por el juez detallaba el nombre de los jefes de ETA desde el 1 de octubre de 2004, todos ellos presos en Francia. Se trata de Aizol Iriondo Yarza, Jurdan Martitegui Lizaso, Garicoitz Aspiazu Rubina, alias ‘Txeroki’, María Soledad Iparraguirre Guenechea, Aitor Elizaran Sarasola, Mikel Albisu Iriarte, Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe y Gorka Palacios Alday. A estos habría que sumar los dos últimos detenidos en el país vecino hace solo una semana, David Pla e Iratxe Sorzabal.

El juez González afirmó en un auto de julio pasado que para establecer la responsabilidad criminal de los identificados «no basta con el mero conocimiento de los hechos», sino que era necesario trasladarse a Francia para interrogarles como imputados por el delito de lesa humanidad en concurso real con delitos de asesinato. Se espera la respuesta de las autoridades vecinas, ya que el conducto habitual consiste en pedir su entrega temporal a España, aunque esta posibilidad es más lenta.



Comenta el contenido
Tu opinión nos interesa Tu opinión nos interesa

Rellena el siguiente formulario para comentar este contenido.






(*) Campo obligatorio

Te recomendamos que antes de comentar, leas las normas de participación de Diario de Navarra

volver arriba
© DIARIO DE NAVARRA. Queda prohibida toda reproducción sin permiso escrito de la empresa a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual