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Rajoy llama al "entendimiento y la concordia" a tres días del 27-S

  • "Los españoles somos constructores de puentes", proclamó el jefe del Ejecutivo en la inauguración del Puente de la Constitución de 1812 en Cádiz

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25/09/2015 a las 06:00
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El 28 de septiembre, jornada de resaca electoral, ni Cataluña será independiente ni España se habrá fracturado. No será el día de los planteamientos maximalistas, aunque probablemente sí el de las declaraciones de intenciones. De haber logrado la mayoría absoluta a la que aspiran, los independentistas volverán, con toda probabilidad, a su hoja de ruta, a su voluntad férrea de secesión. Y todo apunta a que en el Comité Ejecutivo que el presidente del Gobierno y del PP ha convocado en la sede nacional del partido, Mariano Rajoy reitere aquello de que nunca habrá independencia catalana. Pero el 28 de septiembre, pasado el ciclón de las elecciones, podría abrirse también el camino de la política y del diálogo.

«Los españoles somos constructores de puentes», proclamó hoy el jefe del Ejecutivo en la inauguración del Puente de la Constitución de 1812 en Cádiz. En tono conciliador evocó los «grandes» logros que los ciudadanos son capaces de conseguir cuando se edifica «sobre los pilares del entendimiento y la concordia». Lo dijo el día después de que su ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, en el cara a cara con el líder de Esquerra Republicana, tendiera la mano a los secesionistas: «Se os quiere, no rompamos».

Diversas fuentes del PP contemplan que el bloque soberanista esperará hasta pasadas las elecciones generales de finales de año para dar los pasos definitivos. Los comicios de este domingo, así como los de diciembre, definirán los nuevos interlocutores que tendrán que buscar una salida al conflicto planteado en Cataluña. Algunos dirigentes populares no descartan que sea entonces cuando se aborde la renovación del pacto constitucional. El propio García-Margallo valoraba el pasado 10 de septiembre la vía de la reforma de la Carta Magna para encajar «el hecho catalán».

Mientras tanto, sin embargo, el ruido y la tensión están garantizados. En el palacio de la Moncloa aseguran no estar elaborando un plan específico de acción para detener los movimientos de los independentistas, y rechazan «dar pistas» de cómo reaccionaría el Ejecutivo ante un desafío de la Generalitat. Cada actuación del Gobierno vendrá determinada por los pasos concretos que decidan dar los partidarios de la secesión. Y por ahora, ninguna de las dos partes tiene intención de enseñar sus cartas.

ESCENARIOS POSIBLES

Lo que es evidente es que el Gobierno ha preparado el terreno por lo que pueda pasar. La reforma del Tribunal Constitucional que el Congreso aprobará la próxima semana es buena prueba de ello. Los populares culminarán el cambio legal para que aquellos cargos públicos que ignoren las sentencias del Constitucional puedan ser suspendidos de sus funciones. Una advertencia directa al presidente de la Generalitat, se llame entonces Artur Mas o no.

La impugnación ante este tribunal podría ser, además, la vía más rápida para suspender una hipotética declaración unilateral de independencia que se aprobase en el Parlamento de Cataluña. Lo siguiente, sin embargo, sería más complejo: hacer frente a la creación de las estructuras de Estado que Mas ha prometido.

Las responsabilidades penales individuales de cada miembro de la Administración podrán dirimirse siempre en los tribunales. La Fiscalía, de hecho, se querelló en su día contra el presidente de la Generalitat y dos de sus consejeros por la consulta soberanista del pasado 9 de noviembre. Pero, además, el Estado tiene mecanismos y está legitimado para intervenir en caso de que una comunidad pretenda desgajarse.

La Constitución contempla en su artículo 155 que el Gobierno podrá «adoptar las medidas necesarias» para obligar a los territorios que no cumplan con sus funciones o atenten gravemente contra el interés general de España. Suspender la autonomía, sin embargo, se considera desde el Ejecutivo una solución extrema. «Sería una bomba atómica», reconocía este mismo mes el ministro de Exteriores.

En este contexto, nadie se atreve a barajar una posible intervención del Ejército. El titular de Defensa, Pedro Morenés, hizo saltar las alarmas hace dos semanas en una entrevista en RNE al asegurar que, «si todo el mundo cumple con su deber, no hará falta ningún tipo de actuación» militar. El artículo 116 de la Constitución permite la declaración de un estado de emergencia, de excepción o incluso de sitio en caso de «insurrección o acto de fuerza» contra la integridad territorial y la soberanía nacional. Y aunque las Cortes estén disueltas en los próximos meses por el fin de la legislatura, el Gobierno interpreta que la Diputación Permanente podría asumir el papel de autorizar este recurso. Pero si la suspensión de la autonomía se considera una «bomba atómica», en las filas del Ejecutivo ni tan siquiera se atreven a expresar esta posibilidad.



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