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CURSOS DE FORMACIÓN

El Tribunal de Cuentas pide explicacines por los cursos de empresarios

  • Cree que se inflan los costes, que sufraga la Seguridad Social, y critica que la burocracia impida que se recuperen el 43,5% de las bonifica

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21/09/2015 a las 06:00
  • COLPISA. MADRID
Los cursos de formación de los trabajadores siguen envueltos en la polémica, por más que el Gobierno haya reformado este año el modelo a la vista de escándalos que han acabado incluso en los tribunales (Andalucía, Madrid, Galicia.). El Tribunal de Cuentas parece haber hecho presa en este ámbito porque año tras año viene llamando la atención sobre ese problema a los responsables sucesivos de la Administración del Estado, en la legislatura anterior con el PSOE y en la que ya está cerca de concluir con el PP. En su último análisis, correspondiente a 2012, sus técnicos vuelven a detectar irregularidades que causan un perjuicio claro a las arcas públicas.

Esta vez la fiscalización se centra en la llamada formación de demanda, en la que son las empresas las que imparten cursos a sus empleados -bien por su cuenta o a través de centros especializados-, cuyo coste se descuentan luego de lo que tienen que abonar cada año a la Seguridad Social. Y este organismo dedicó a esas tareas hasta 580 millones de euros el año pasado, frente a los 394 millones con los que comenzó a operar el modelo en 2004, de modo que ya supone más de la mitad de los recursos totales que la Administración destina a formar trabajadores (951 millones en 2014).

El Ministerio de Empleo, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), y la Fundación Tripartida, donde empresas y sindicatos comparten mesa con la Administración, son los encargados por ley de velar por que se cumplan las normas al respecto. Incluso las comunidades autónomas tienen competencias para hacer controles “con la periodicidad (todos ellos) que determinen en sus respectivos ámbitos”. Pero esos exámenes, denuncia el Tribunal de Cuentas, son escasos y lentos, hasta el punto de que reprocha directamente al SEPE que no haya realizado un informe “específico” para determinar “el verdadero impacto que las acciones formativas desarrolladas conllevan en la mejora de la productividad y competitividad”.

A juicio del organismo contable, las evaluaciones realizadas hasta ahora son “una mera presentación de resultados” y distan mucho de ser planes anuales que midan cuestiones clave como “calidad, impacto, eficacia y eficiencia” del modelo vigente. El Ministerio, a través del SEPE, se escuda en que los exámenes de 2010 y 2011 (los únicos que conoce el tribunal) todavía “se encuentran en fase de desarrollo”, mientras que los de 2012 y 2013 ya se han adjudicado a una entidad externa.

Esta respuesta reafirma a los miembros del Tribunal de Cuentas en su crítica de que los controles adolecen de rapidez, volumen y profundidad. A la postre, señala, se realizan al final de los cursos y dado que estos suelen demorarse hasta dos años existe un claro “riesgo de prescripción del derecho a exigir devoluciones” si las bonificaciones recibidas de la Seguridad Social no han sido bien justificadas. Porque es la inspección de Trabajo la que tiene que tramitar los expedientes cuando se detectan irregularidades, pero como las investigaciones les llegan tarde el procedimiento de gestión de cobro “resulta excesivamente lento y dilatado”.

MENOS CONTROLES, MÁS DESPILFARRO

Esa “insuficiencia” en los controles -en 2012, el año ahora bajo revisión, siete de cada 10 inspecciones no se pudieron concluir por falta de información o por detectarse irregularidades- y poca agilidad ha sido reconocida por el Ministerio, si bien su respuesta resulta algo equivoca: en el desarrollo reglamentario del nuevo modelo de formación tratará de “ajustar el volumen de actuaciones a realizar”. De momento, en el citado 2012 la Administración no pudo reclamar por prescripción el 43,5% de las bonificaciones aplicadas de forma indebida, de manera que perdió por culpa de los retrasos 626.000 euros de los 1,44 millones que tenía derecho a reclamar.

Un derecho derivado precisamente de las irregularidades detectadas en los cursos correspondientes a ese ejercicio. Según el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, que está a punto de concluir tras recibir las alegaciones de todas las partes afectadas, hay empresas que de forma recurrente superaron en 2012 los niveles permitidos de bonificación; en concreto, 26 empresas recibieron cada una más de 10.000 euros de lo que les hubiera correspondido. Asimismo, la calidad de la formación impartida “no es la adecuada” porque se busca la que más conviene a las entidades, de manera que no sirve para crear empleo, aunque “ayuda a mantenerlo” y, tampoco contribuye a que los empleados logren “mejoras salariales y ascensos”.

Otra forma de inflar la factura final -señala en el documento- es haciendo, en apariencia, trampas con los costes, al disminuir de forma llamativa los de carácter asociado (relativos a la organización de los cursos) y a la vez elevar mucho los de tipo directo (sobre la impartición en sí de la formación). La clave es que mientras los primeros tienen un máximo (su gasto no puede suponer más del 25% de los directos), los segundos son prácticamente de libre discreción. Además, en los cursos a distancia y la llamada teleformación se ha detectado “un incremento indebido” en las horas de su duración con el fin de elevar “el coste máximo bonificable” por la Seguridad Social. De hecho, esta modalidad de actividades ha sido suprimida con el nuevo modelo.



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