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'Caso Púnica'

Velasco reclama un juez de apoyo para terminar a tiempo el 'caso Púnica'

  • El instructor de la Audiencia Nacional tramita en la actualidad 47 causas complejas sobre corrupción, delitos económicos o terrorismo

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18/09/2015 a las 06:00
  • COLPISA
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco remitió este jueves un escrito a la presidencia del tribunal para que reclame al Consejo General del Poder Judicial un magistrado de apoyo a su juzgado para poder concluir el 'caso Púnica', la "gigantesca" trama de tráfico de influencias en ayuntamientos de Madrid, León, Valencia y Murcia, con más de un centenar de imputados y que el instructor dividió este miércoles en 12 piezas separadas para agilizar la investigación.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número seis pidió el refuerzo porque en la actualidad se tramita en su juzgado 47 asuntos complejos de diferente temática: corrupción, terrorismo o delitos económicos, entre otros. Los casos que pone como ejemplo el magistrado son la trama 'Púnica', organizaciones criminales como 'Los Angeles del Infierno' o el clan Polverino, sumarios de ETA y yihadismo, estafas bancarias o casos de narcotráfico.

"No es un problema de cantidad sino de calidad y complejidad en los mismos", justificó Velasco en su escrito enviado al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro. El juez recalcó la "ayuda impagable" de los funcionarios de su juzgado pero señaló que es necesario dictar autos de procesamiento y de transformación en procedimiento abreviado (la fase previa al juicio oral) de "causas con miles de folios", un trámite que sólo puede realizar un juez instructor.

El espejo es el 'caso Púnica', que en solo 15 meses de instrucción acumula más de 50.000 folios repartidos en 65 tomos. La solicitud de Velasco de un juez de apoyo sería para seis meses prorrogables y su incorporación está prevista para llevar los nuevos asuntos que lleguen a su juzgado. La autorización la tiene que aprobarla la Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial previos informes del servicio de inspección y de la presidencia de la Audiencia Nacional.

Se da la circunstancia de que el juez Pablo Ruz estuvo como refuerzo de Velasco antes de pasar al Central de Instrucción cinco e instruir el 'caso Gürtel' o la 'caja B' del PP. Estrategia Los movimientos del magistrado han estado muy medidos. El miércoles troceó la causa en la que investiga a la red Púnica y este jueves reclama un refuerzo en el juzgado. Lo lógico es que los informes sean favorables y el Consejo le conceda el refuerzo. No obstante, quien también tiene la palabra es el Ministerio de Justicia, que tiene una partida destinada a este fin.

La trama Púnica estaba presuntamente lideraba por el exsecretario general del Partido Popular de Madrid, Francisco Granados, y por su amigo y constructor David Marjaliza. El juez abrió 12 procedimientos separados a fin de lograr "una tramitación más rápida y ordenada" y permitir "el enjuiciamiento sin dilaciones" de las piezas en las que se haya finalizado la instrucción.

También porque se trata de un asunto con muchos imputados sin relación entre sí. El nuevo esquema se divide en los lugares donde ocurrieron los hechos (Madrid, León y Murcia), en la participación de las principales empresas investigadas (Cofely, Eico o Madiva) y en el papel y la actividad de los imputados. La complejidad de los casos de corrupción ya fue estudiada hace dos años por el CGPJ.

Un estudio pormenorizado de todos los juzgados afectados concluyó que eran 798 en todo el territorio nacional, en los cuales se tramitaban unos 300 'macroprocesos'. Asimismo, solicitaron al Ministerio de Justicia medidas de refuerzo que podrían concretarse en, al menos, 64 jueces, 18 secretarios judiciales y 150 nuevos funcionarios de apoyo.

El informe señalaba que los órganos llevaban 2.173 causas de especial complejidad, de las que 1.661 afectan a tipos penales como la prevaricación, la revelación de secretos, el cohecho, el tráfico de influencias, malversaciones, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude, estafa, falsedad documental o delitos contra el patrimonio histórico y medio ambiente. No obstante, estos datos no constituyen más del 0,03% del total de asuntos que ingresan en la jurisdicción penal.



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