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El PP se queda solo en su reforma del Constitucional contra Artur Mas

  • "Creer que todo es solucionable y se arregla mediante el diálogo es vivir en los mundos de Yupi", alega el portavoz del partido del Gobierno

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17/09/2015 a las 06:00
  • COLPISA
Ni siquiera los dos partidos ideológicamente más cercanos al Partido Popular, UPN y Foro Asturias, aplaudieron este miércoles la reforma del Tribunal Constitucional impulsada por el PP para suspender a Artur Mas si ignora las sente ncias de la corte. Tampoco UPyD, pese a su beligerancia en la defensa de la unidad de España.

Desde el PSOE hasta el menor de los grupos parlamentario acusaron al partido gubernamental, durante el debate de toma en consideración de la propuesta, de "desnaturalizar" la alta institución del Estado para ponerla al servicio de sus posiciones políticas. La unanimidad en el rechazo servirá de poco. Los populares ya han dejado claro que la sacarán adelante con su mayoría absoluta en un pleno que tengrá lugar, probablemente, el 29 de septiembre.

El PP tampoco intentó disimular y no negó que su reforma sea una legislacion 'ad hominem', pensada específicamente para hacer frente al desafío independentista de Artur Mas y en previsión de un desacato tras los comicios del día 27. "Pretender que en Cataluña no está pasando nada, que todo es solucionable y se arregla con el diálogo es vivir en el mundo de los Yupis - llegó a decir su portavoz, Rafael Hernando, en una alusión equivocada al programa infantil de los ochenta- Aquí estamos para tomar decisiones hasta el último día de la legislatura".

En realidad, ningún grupo negó que la situación política sea dificil, pero en lo que coincidieron todos es justamente en eso: en que se trata una situación "política". Con consecuencias jurídicas, sí, pero netamente política. Uno tras otro acusaron así a Mariano Rajoy de retrocer la ley para evitar mover un dedo, aunque eso implique llevarse por el camino un órgano vital para la democracia.

"La tensión a la que van a someter al tribunal es terrible. Esta reforma es perjudicial para el Estado de Derecho e ineficaz para resolver el problema de fondo. Tan ineficaz -reprochó el portavoz del PSOE, Antonio Hernando- como la acción política del Gobierno durante cuatro años". El dirigente socialista advirtió, además, de que la derivada final será un "reforzamiento del independentismo". Y todo, dijo, también en coincidencia con el resto de la oposición, por puro "electoralismo".

Desde el primero al último de los grupos insistieron en que el Estado dispone ya de instrumentos suficientes para hacer cumplir las sentencias del Constitucional y que otorgarle a este potestad ejecutiva violenta las funciones de intérprete y moderador para las que fue diseñado por los padres de la Carta Magna. Unas funciones, subrayó Antonio Hernando, que nada tienen que ver con las que los textos alemán y austriaco (a los que había apelado su homónimo del PP) atribuyen a sus propios tribunales constitucionales.

"Cobardía" No fueron pocos los que acusaron a Rajoy de "cobardía". Lo hizo el diputado de Compromís, Joan Baldoví, que argumentó que la reforma es solo un subterfugio para evitar tener que aplicar el artículo 155 de la Constitución, el de la suspensión de la autonomía, y lo hizo aún con más contundencia Rosa Díez, quien aseguró que su grupo va a estar dispuesto a apoyar "cualquier decisión o medida" del Gobierno que sirva para garantizar el cumplimiento de las leyes y de las sentencias de los tribunales ("aunque nos lo propongan en período electoral", añadió), pero que esta precisamente no hace ninguna falta.

La portavoz de UPyD reprochó que ya el 9 de noviembre, cuando Mas impulsó el sucedáneo de referéndum, al Gobierno le faltó el "coraje" para actuar y se parapetó tras la Fiscalía, a la que presionó para que fuese ella quien se querellara contra Mas y varios miembros de su Gobierno.

Y, frente a las apelaciones del representante del PP a las declaraciones del socialista Alfonso Guerra -que recientemente habló de "una suerte de golpe de Estado a cámara lenta" por parte de Mas-, replicó que los golpes de Estado los para al Gobierno con los instrumentos que le da la Constitución. En todo caso, si lo que pretendía el PP era celebrar un "acto electoral" desde la tribuna del Congreso en plena campaña del 27-S, como reprocharon sus rivales, lo logró. En la intervención de Rafael Hernando apenas hubo argumentos jurídicos.



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