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ELECCIONES CATALANAS

Rajoy congela las estructuras de Estado de Mas

  • Los independentistas intentan crear una decena de instituciones nacionales antes de la secesión pero tropiezan con el Constitucional

Rajoy:

Rajoy: "No vamos a dejar que nadie convierta a españoles en extranjeros"

Rajoy, durante el discurso de apertura del curso político.

EFE
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16/09/2015 a las 06:00
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El Gobierno central y el catalán llevan años jugando al gato y al ratón. Cada vez que el Ejecutivo de Artur Mas da un paso en la línea de aumentar su autonomía y acercarse a un Estado independiente, desde la administración central paralizan sus iniciativas por la vía de los recursos al Tribunal Constitucional.

Esto es lo que ha ocurrido en los últimos meses con las llamadas estructuras de Estado, las entidades nacionales que Mas aspira a tener antes de que Cataluña, si llega el momento, proclame la independencia. El PP y el Gobierno ya han advertido a la Generalitat de que no están dispuestos a que la administración catalana se salte la ley y siente las bases para la separación. Cualquier medida que adopte la Generalitat que pueda ser contraria a la Constitución se examinará y se impugnará, recuerdan una y otra vez en la Moncloa. Hasta la fecha, el Gobierno ha recurrido y el Constitucional ha paralizado la ley de consultas, que facultaba a la Generalitat la convocatoria de referendos (declarada ya inconstitucional), así como los embriones de la futura hacienda propia y la seguridad social, la diplomacia exterior y el comisionado para la transición nacional.

El pasado 30 de junio, el Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno contra varios artículos de la ley de acompañamiento de los Presupuestos catalanes que facultaban al Gobierno catalán para crear una agencia tributaria, una agencia de la protección social, así como la puesta en marcha de un inventario del patrimonio de las administraciones públicas de Cataluña y el catálogo de infraestructuras estratégicas. El Ejecutivo central impugnó además el decreto que aprobó la creación por parte de la Generalitat de un comisionado para la transición nacional.

El Gobierno argumentó que este organismo, que dirige el exvicepresidente del Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer, pretende "avanzar en un proceso de construcción de estructuras de Estado". La corte de garantías pareció en julio que iba a aflojar su criterio con el levantamiento de la suspensión temporal que pesaba sobre la parte de la ley de acción exterior del Parlamento que regula las delegaciones de la Generalitat en el extranjero y la capacidad del Gobierno autonómico de firmar acuerdos con organismos internacionales y designar sus representantes ante la Unión Europea.

Sin embargo, el Constitucional mantuvo en suspenso el resto de la ley, y en especial todos los capítulos que definen o se refieren a Cataluña como "sujeto internacional" o a su capacidad de "establecer relaciones diplomáticas". El Constitucional culminó por ahora su tarea el lunes pasado con la paralización el artículo 4 de la ley de creación de la Agencia Tributaria, que regula la integración de funcionarios del Estado y de la propia administración catalana a la futura Hacienda catalana.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, insistió este martes en reclamar a la Generalitat que acate y cumpla la resolución del tribunal. "El Gobierno recurrió porque pensábamos que era un paso que iba en contra de la ley y era contrario a la convivencia de instituciones en Cataluña", afirmó Sáenz de Santamaría. Para la vicepresidenta, la Generalitat siempre intenta superar "metas volantes para conseguir determinadas finalidades". La vicepresidenta catalana, Neus Munté, replicó que "hay que tener coraje" para reclamar a la Generalitat que acate las decisiones del Constitucional cuando es el Ejecutivo central quien las incumple "sistemáticamente".

Aun así, Munté reiteró la voluntad del Gobierno catalán de "seguir desarrollando una estructura de estado que considera imprescindible", como es la agencia tributaria. En este sentido, señaló que el Gobierno catalán no va a frenar el proceso de selección de personal para su agencia tributaria, cuya creación en cualquier caso queda para después del 27-S. Una decena en 18 meses Si la candidatura de Junts pel Sí obtiene la mayoría absoluta (sola o con la CUP), Mas y Junqueras se han comprometido a desarrollar una decena de estructuras de Estado en los 18 meses que habrá entre la declaración inicial de inicio del proceso hacia la independencia hasta su proclamación. La intención de los independentistas es crear una seguridad social, un nuevo marco de relaciones laborales, una hacienda pública, un banco público de desarrollo, un banco central, pretenden asumir la gestiónde las infraestructuras ferroviarias, portuarias y aeroportuarias, crear un nuevo sistema de justicia, un servicio postal, un ministerio de Exteriores y llegado el caso hasta un Ejército, aunque "pequeño", según Mas.

La estrategia indepedentista, según relató recientemente Viver, pasará por redactar proyectos de ley y no aprobarlos en un primer momento para poder avanzar y evitar las impugnaciones del Gobierno. Viver señaló en su día que su trabajo consiste en dejarlo "todo preparado" en la administración catalana para el día que llegue la independencia. "Solo hará falta pulsar un botón", dijo. En el proyecto de Junts pel Sí figura que la puesta en marcha de las estructuras de Estado tendrá un coste de 36.000 millones y que la que más personal requerirá será la seguridad social (unos 3.000 funcionarios nuevos).

El diseño de la futura Cataluña independiente, no obstante, no partirá de cero. Desde hace años, la administración catalana cuenta con instrumentos de país como una Policía propia, un ente de radio y televisión pública, un servicio público de salud y de educación y una amplia red de 'embajadas'.



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