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EXPLOTACIÓN LABORAL | TARRAGONA

Cae una red que explotaba a 42 trabajadores indios en la hostelería en Tarragona

  • Se ha detenido a seis personas tras siete registros domicilarios en las localidades de ​Salou y Vila-Seca

Desarticula una red que explotaba a 42 personas

Los arrestados captaban a ciudadanos indios que se encontraban en condiciones precarias para ofrecerles contratos laborales con los que poder regular su situación en España.

ATLAS
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Actualizada 07/09/2015 a las 16:43
  • EFE. Tarragona
La Policía Nacional ha detenido en Tarragona a 6 presuntos integrantes de una red que explotaba a 42 trabajadores indios en el sector de la hostelería, a los que captaban bajo engaños y a quienes obligaban a trabajar hasta 15 horas diarias y a vivir hacinados en condiciones insalubres.

A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores, defraudación a la Seguridad Social y favorecimiento de la inmigración ilegal.

La operación, coordinada por el Juzgado número 1 de Tarragona, ha comportado siete registros domiciliarios y catorce inspecciones en locales, en las que ha colaborado Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las policías locales de Salou y Vila-Seca.

En los registros se ha intervenido, además de numerosa documentación, vehículos de alta gama, más de 40.000 euros, 864 dólares USA, 250 libras esterlinas, 20.810 rupias indias, 160 rublos rusos y material tecnológico e informático.

Los agentes también han arrestado a dos personas que se encontraban alojadas en uno de los pisos de la red porque estaban requeridas por un juez.

La investigación se inició en enero gracias a la colaboración ciudadana, que proporcionó información directa a la policía.

Los agentes comprobaron cómo un grupo de familiares de origen indio actuaba de manera estructurada en diferentes locales y establecimientos de hostelería de su propiedad, en las localidades de Salou y Vila-Seca.

El padre, cabeza de la trama, establecía las directrices al resto de los miembros y así, los dos hijos se encargaban de supervisar y administrar los diferentes locales y de la recaudación.

La mujer, a su vez, colaboraba con actividades de mantenimiento y control de los locales.

El padre, además, contaba con un hombre de confianza que actuaba en su representación para la ejecución de diferentes tareas.

Por último, el sexto detenido conocía las condiciones de los trabajadores y figuraba como administrador de las sociedades que controlaban los distintos establecimientos hosteleros.

Los trabajadores, ciudadanos extranjeros en condiciones precarias, aceptaban los contratos por la necesidad de regularizar su situación y enviar dinero a sus familias.

Los miembros del clan se aprovechaban de esta vulnerabilidad y les amenazaban con no renovarles su contrato.

Les pagaban en metálico, sin justificante de pago y de manera totalmente irregular al final de cada jornada de trabajo y también les descontaban gastos injustificados en concepto de alquiler o de alimentación.

Los contratos estipulaban de dos a cuatro horas de trabajo, pero la jornada laboral se alargaba hasta quince horas y sin días de descanso y solían trasladarles de un local a otro de los que disponía la trama.

También se les exigía anticipar seis meses de cuotas a la Seguridad Social para asegurar y mantener su contrato de trabajo.

El clan familiar también proporcionaba el alojamiento a sus 'empleados', que vivían hacinados -hasta cinco personas en una habitación- en malas condiciones de salubridad.

La red actuaba utilizando diferentes empresas y sociedades relacionadas en el ramo de la hostelería, que daban de baja en el plazo de uno o dos años, si bien su estructura era siempre la misma.

Para eludir la declaración del dinero recaudado utilizaban un entramado de cuentas bancarias, en las que realizaban ingresos de poca entidad para pago de recibos y el resto, en mano.

Además, las transferencias internacionales que realizaban nunca superaban la cifra de 3.000 euros establecida por la normativa para la prevención del blanqueo de capitales.



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