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TRIBUNALES

El Supremo zanja que los 'secretos de Estado' no son absolutos

La sentencia supone un serio varapalo al sigilo burocrático del que hace gala el CNI y el Ministerio de la Presidencia

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17/08/2015 a las 06:00
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  • COLPISA. MADRID
¿Qué es más importante? ¿La información confidencial o los derechos fundamentales de un trabajador al que el futuro laboral se le ha puesto cuesta arriba por un informe de los servicios secretos? El Tribunal Supremo, por primera vez, dicta doctrina. Hay que preservar, obviamente, el carácter confidencial de los ‘secretos de Estado’, pero el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Administración no pueden parapetarse continuamente detrás del argumento de que se trata de información reservada para no explicar los motivos por los que toman decisiones que afectan a los ciudadanos. Al menos, afirma el alto tribunal, los servicios secretos deben dar una somera explicación de sus actos administrativos y no contestar con respuestas estereotipadas citando artículos de reglamentos que no aclaran nada.

La sentencia, según todos los expertos consultados, supone un serio varapalo al sigilo burocrático del que hace gala el CNI y el Ministerio de la Presidencia (del que depende), que alegan siempre vagas razones de seguridad nacional en sus resoluciones. El fallo, al que ha tenido acceso este periódico, tiene fecha del pasado 20 de julio. En la sentencia, el Supremo da la razón a un ingeniero técnico de la empresa Navantia en Ferrol al que la Autoridad Delegada para la Seguridad de la Información Clasificada (dependiente del CNI) denegó en julio de 2014 el acceso a la denominada Habilitación Personal de Seguridad Nacional de Grado Confidencial, una autorización del Gobierno para acceder a datos muy confidenciales, que el ingeniero necesitaba para ascender dentro de la empresa, que finalmente se frustró por esta resolución.

El CNI se limitó a notificarle que «no reúne los criterios de idoneidad» para ese aumento de rango y que darle autorización para trabajar con esos datos podría «implicar un riesgo para la seguridad de la información clasificada», ya que las «condiciones de seguridad» del ingeniero y de «su entorno cercano» no convencían a los servicios secretos.

El trabajador de Navantia recurrió a la Audiencia Nacional la decisión del CNI. Las alegaciones del ingeniero fueron larguísimas: «Absoluta falta de motivación de la resolución denegatoria»; «indefensión» ante una decisión de la administración de la que desconocía los motivos; que llevaba 27 años «trabajando con material sensible sin haber sido sancionado»; que la resolución del CNI perjudicaba «su carrera profesional». Dio igual. El juzgado de lo Contencioso, con la misma parquedad del CNI, le dio la razón al Ministerio de la Presidencia, que en última instancia era la administración demandada porque los servicios secretos no son una entidad jurídica como tal.

Pero en su última oportunidad, en su recurso de apelación ante el Supremo, el trabajador tuvo mucha más suerte. El alto tribunal, además de darle la razón, critica muy duramente las formas de Presidencia y del CNI, a los que obliga a explicar al ingeniero las razones últimas por las que nunca pudo acceder al grado superior de información reservada, incluso si para ello tienen que revelar algún tipo de secreto.

La sentencia recuerda al CNI y al Gobierno que ninguna administración, por muy secreta que sea, está exenta de la obligación legal de «exteriorizar las razones por las que se llega a la decisión administrativa, con objeto de permitir su conocimiento por los interesados para la posterior defensa de sus derechos».

Los magistrados subrayan que es precisamente la «motivación o fundamentación» de las decisiones de la Administración la que se «constituye en elemento esencial del control» de la propia Administración, «no sólo para el órgano judicial sino para el propio interesado, pues sólo si conoce cuáles han sido aquellas razones podrá cuestionar las bases en las que se asientan».

«ARBITRARIEDAD»

«La motivación se constituye así en auténtico elemento diferenciador entre discrecionalidad y arbitrariedad, cuya finalidad es dar a conocer a los administrados las razones de la decisión adoptada, asegurando la seriedad en la formación de la voluntad de la Administración y posibilitando la impugnación por el interesado del acto administrativo de que se trata, criticando sus bases y facilitando el control jurisdiccional», zanja la resolución judicial, que insiste en que la falta de argumentos del CNI es causa, sin duda, de «nulidad» de sus resoluciones.

La sala considera evidente que los servicios secretos no explicaron «los hechos, circunstancias o comportamientos que se encuentran en la base de la decisión de denegar la habilitación solicitada». Y reprocha a Presidencia y a la central de inteligencia que usen como «excusa» el «carácter secreto» de los datos para no explicar nada. «Aunque la decisión de la Administración se sustente en informes clasificados con arreglo a la normativa de secretos oficiales, debe proporcionar al menos un mínimo de datos sobre las razones determinantes del pronunciamiento que permitan al recurrente articular su defensa frente a las mismas y a los tribunales de Justicia conocer dichas razones y verificar que se ajustan a la legalidad y a la racionalidad que ha de guiar el ejercicio de las potestades administrativas», afirma la resolución.

El Supremo, por tanto, concluye que los datos «parcos y genéricos» que suele usar el CNI tienen que acabarse porque «existen medios y fórmulas suficientes para que, respetando los deberes de sigilo y de secreto, se explique suficiente, razonada y razonablemente las decisiones adoptadas».



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