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Violencia de género

La nueva ley reconoce a los menores como víctimas de violencia de género

  • La nueva legislación impide, además, que el asesino pueda cobrar la pensión de viudedad de su víctima

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Actualizada 12/08/2015 a las 14:57
  • EFE. MADRID
La nueva ley de protección de los menores y la infancia, que reconoce como víctimas directas a los hijos de las mujeres afectadas por la violencia de género, entra hoy en vigor, y regula, además, la patria potestad y la custodia en entornos de maltrato.

El Parlamento aprobó el pasado 16 julio, a través de dos leyes, una orgánica y otra ordinaria, el sistema de protección de la infancia y la adolescencia, que fueron publicadas en el BOE el 23 y 29 de julio.

Respecto al maltrato en el ámbito familiar, cuando los niños se encuentren bajo la patria y potestad o la tutela de una víctima de violencia de género, señala que los poderes públicos garantizarán el apoyo preciso para que permanezcan con su madre, además de prestar atención especializada y ayudar en su recuperación.

La nueva ley obliga a los jueces a pronunciarse sobre la necesidad de ordenar o no medidas relativas a la salida del domicilio familiar, prohibición de aproximación y otras actuaciones civiles que afectan a los menores que dependen de la mujer sobre la que se ejerce violencia, incluso podrá suspender para el inculpado la patria potestad o custodia, entre otras medidas.

Además, impide que el asesino pueda cobrar la pensión de viudedad de su víctima.

La nueva legislación sobre la infancia prioriza el acogimiento familiar sobre el residencial, agiliza los trámites en las adopciones y modifica algunos aspectos del régimen de visitas de los menores ingresados en centros especiales.

Otro de sus apartados es la definición de los supuestos de desamparo que permiten a la administración separar a un menor de su familia cuando exista maltrato por parte de los progenitores o tutores, sin tener en cuenta ni la pobreza ni la discapacidad de sus padres.

Se reconoce a los menores extranjeros el derecho a todas las prestaciones sociales en igualdad de condiciones que los españoles y se refuerza su derecho a la hora de realizar las pruebas para determinar su edad.

La ley otorga un plazo de seis meses al Ministerio de Justicia para poner en marcha un registro central de delincuentes sexuales, trata de seres humanos y de explotación de menores, que impedirá que las personas incluidas en el mismo realicen actividades u oficios en las que estén en contacto con menores.

Durante la tramitación parlamentaria también se aprobaron medidas de bonificación en las cuotas de la Seguridad Social para los que den empleo a víctimas de trata de seres humanos -1.500 euros al año si es indefinido y 600 euros al año si es temporal-, además de ampliar a 90 días el periodo de reflexión a las víctimas de trata para decidir si colaboran con la justicia.



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