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Corrupción

La Audiencia Nacional investigará a Rato por los indicios de blanqueo

  • Abrirá unas diligencias distintas a las de Bankia una vez que el juez que lo instruía se ha inhibido por un posible delito cometido fuera del país

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08/08/2015 a las 06:00
  • Colpisa. Madrid
El llamado 'caso Rato' ha vuelto a sus orígenes primigenios. Y es que los primeros detalles que levantaron las sospechas de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) para abrir unas pesquisas sobre el patrimonio real del que fuera vicepresidente económico del Gobierno en la etapa de José María Aznar -que Hacienda cifra, como "mínimo", en 26,6 millones de euros- surgieron precisamente de movimientos de capitales vinculados al caso Bankia.

La Fiscalía Anticorrupción, no obstante, sostiene que ambas causas "no guardan conexión", al menos directa, aunque sí quiere que las dos estén en la Audiencia Nacional, criterio que comparte el juez. Porque indirecta sí podría existir en la medida que Rodrigo Rato habría realizado -según Hacienda- "presuntas operaciones de despatrimonialización" en los últimos años tras su imputación por la salida a Bolsa de Bankia, primero, y después por el despilfarro con tarjetas del banco y de Caja Madrid.

Esos movimientos "se vienen produciendo con mucha intensidad en 2014 y 2015" , sostiene la Agencia Tributaria para justificar las pesquisas que inició el año pasado. En ese periodo se le han impuesto hasta tres fianzas civiles, pero de momento se ha descartado la posibilidad de un alzamiento de bienes. En abril, las indagaciones previas se tradujeron en una denuncia ante la Fiscalía de Madrid. Luego el tema se judicializó para acabar en un juzgado de instrucción ordinario -previos registros en varios inmuebles de Rato donde se incautaron de más de 40.000 hojas y archivos informáticos- porque aún no se veía clara la competencia de la Audiencia Nacional.

Pero, en los apenas cuatro meses transcurridos, el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, no ha avanzado casi nada, quizás porque la inhibición del caso que ha hecho ahora ya la intentó sin suerte entonces. En este tiempo, se ha limitado a ordenar el bloqueo de las cuentas y otros productos financieros de Rato, amén de alertar en el Registro de la Propiedad de que sus bienes están bajo investigación judicial, todo a petición de la Fiscalía. Y, para recuperar su control, le impuso una fianza de 18 millones que el "encausado" -el instructor tampoco llegó a imputarle formalmente delito alguno- no ha podido sufragar todavía.

Apenas ha pedido unos pocos datos más y no ha ordenado comisión rogatoria alguna, pese a que Rato tiene (o ha tenido) "por sí mismo o través de sociedades un elevado tráfico financiero" con paraísos fiscales, como alertaba Hacienda. Esta labor corresponderá ahora al nuevo juez que asuma la instrucción, puesto que una copia de la causa ya ha ido camino de la Audiencia Nacional.

CORRUPCIÓN Y FRAUDE FISCAL

Y es que, según fuentes judiciales, "ahora sí se dan los requisitos" para que la competencia recaiga en la Audiencia, al haberse "aquilatado indiciariamente la posible comisión de un delito en el extranjero" por un ciudadano español, una de sus atribuciones directas. La Fiscalía, impulsora de este cambio, habla de un presunto blanqueo de capitales cuyo origen estaría en sendos delitos de corrupción entre particulares y fraude fiscal.

La pista la ha confirmado la ONIF tras hallar nuevos datos sobre las inversiones de Rato en Alemania vía Gibraltar. La siguiente palabra, no obstante, corresponderá a la Audiencia Provincial si el expolítico metido a financiero -dirigió el FMI para luego presidir Caja Madrid y Bankia- recurre el cambio de órgano judicial. Y solo en el supuesto improbable de que la Audiencia Nacional no lo asumiera, se abriría un conflicto de competencia que tendría que resolver el Tribunal Supremo.

La clave son las inversiones de Rato mediante la sociedad alemana Bagerpleta GmbH, propietaria de un hotel en Berlín. Construirlo costó 16 millones de euros, aunque su contrato de arrendamiento a un tercero -primero la cadena Husa y luego el grupo Catalonia- asciende a 22,6 millones. Tiene una duración de quince años y finaliza en 2027, a razón de 1,5 millones de alquiler anual, según fuentes del caso.

Rato controlaría el 22 por ciento de Bagerpleta -su socio es el empresario catalán José Manuel Sola- mediante "una estructura societaria opaca", según Hacienda, cuyo vértice es la firma instrumental Kradonara 2001, de la que él mismo es administrador único y antes lo era su secretaria de confianza. Es uno de los principales brazos societarios que controla a través de Vivaway, una firma domiciliada en Gibraltar y que según los investigadores sería la puerta de entrada a su patrimonio real, ya que por ella han pasado "relevantes" sumas en divisas con origen en paraísos fiscales.



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