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Caso de los ERE fraudulentos

Chaves y Griñán piden pruebas clave antes de la sentencia

  • Demandan documentos al magistrado que avalarían que el Parlamento andaluz conoció los presupuestos de los ERE 

​Chaves se planteará seguir a Griñán cuando lo vea

​Chaves se planteará seguir a Griñán cuando lo vea "oportuno"

Manuel Chaves, atiendiendo a los medios.

EFE
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28/05/2015 a las 06:00
  • Colpisa. Madrid
Las defensas de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y de los otros tres exconsejeros imputados en la causa de los ERE fraudulentos en el Tribunal Supremo tratan de incorporar nuevas pruebas exculpatorias, según sus abogados, antes de que el juez decida en los próximos días si solicita o no el suplicatorio al Congreso y el Senado para actuar contra todos los parlamentarios o solo contra algunos de ellos.

En un escrito presentado este miércoles, los abogados reclamaron al magistrado Alberto Jorge Barreiro una serie de documentos clave, según su parecer, que avalarían la legalidad y el conocimiento "al detalle" que tuvo el Parlamento andaluz del sistema presupuestario de las ayudas sociolaborales que ahora está bajo sospecha.

Esta prueba documental no fue enviada al Tribunal Supremo por la juez de Sevilla Mercedes Alaya, que instruye el procedimiento ordinario, por lo que la instancia judicial superior no ha tenido acceso a ella
La razón de esta omisión se desconoce. Se trata del llamado 'Anexo XX1', que incluye la documentación presupuestaria, debates y enmiendas parlamentarias relativas al 'programa 31.L', el nombre técnico de los ERE o las ayudas sociolaborales a empresas en crisis de 2000 a 2011. Este anexo son miles de folios encuadernados en tomos que fueron solicitados al Parlamento andaluz por la jueza. Fueron remitidos el 19 de agosto de 2014 y desde entonces "siguen sin foliar en los archivos del juzgado", según las defensas. De las miles de páginas, la titular del Juzgado de Sevilla solo incorporó a la causa cinco papeles que contienen el índice de estos documentos. El grueso sigue en el juzgado a disposición de las partes, pero no ha sido incorporado a la causa que se sigue en el Supremo. Una circunstancia que desconocía el juez Alberto Jorge Barreiro
El escrito señala que dicha documentación acreditaría que la Cámara autonómica recibió toda la información necesaria para "ejercer sus derechos de examen, enmienda y aprobación de la Ley de Presupuestos en lo referido a las ayudas sociolaborales del programa 31.L". Los letrados de la defensa aseguran que los documentos remitidos por el Parlamento demuestran que el destino de cada partida presupuestaria destinada a ayudas sociolaborales estaba claramente establecido desde el principio. Ayudas "conocidas" Añadieron que la memoria del anteproyecto de ley, de las fichas presupuestarias, de la memoria de ejecución y de la cuenta general que se remitía a la cámara de cuentas "ha quedado nítidamente delimitado el proceso de transferencias de financiación (sistema presupuestario de los ERE) con el objetivo de mantener la política de ayudas a prejubilaciones en empresas con dificultades y atender las necesidades públicas de mantenimiento del empleo y del tejido productivo andaluz, a través de los acuerdos con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA, quien ejecutaba las partidas)"
La defensa solicita igualmente que el magistrado del Supremo pida a la juez Alaya un informe elaborado por la letrada jefe de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Se trata de un documento cuyo criterio es contrario a la tesis de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), quienes mantienen que hubo falta de control, y que tampoco ha sido incorporado a la causa del Tribunal Supremo. En definitiva, según los abogados de la defensa, estas circunstancias ponen de manifiesto que la finalidad de las partidas presupuestarias para ayudas sociolaborales (los ERE) "estaban definidas desde un principio, eran claramente conocidas y fueron aprobadas por el Parlamento"
El destino de esta diligencia y sus consecuencias procesales se presuponen fundamentales para el devenir del procedimiento y el futuro de los aforados, quienes negaron ante el juez tener conocimiento del millonario fraude de las subvenciones, unos 140 millones de los 855 presupuestados entre 2000 y 2011. Además de los expresidentes Chaves y Griñán, están imputados los exconsejeros Mar Moreno, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera. Los delitos investigados por el juez son prevaricación y malversación



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