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HACIENDA

La Fiscalía se opone a publicar condenas de grandes defraudadores

  • El Consejo Fiscal se pregunta por qué el Gobierno no se plantea publicar otros fallos sobre corrupción o violadores

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante su intervención en el Congreso este miércoles

Montoro se basa en el crecimiento para rechazar retirar las cuentas

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

efe
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26/05/2015 a las 06:00
  • AGENCIAS. MADRID.
Duro varapalo del Consejo Fiscal al proyecto de Cristóbal Montoro de hacer públicas las sentencias sobre grandes defraudadores. El órgano de gobierno del Ministerio Público directamente cree que hay otras formas para disuadir de defraudar a la Agencia Tributaria, amén de apuntar que viola la intimidad de personas que no tienen interés público o que conculca el principio básico de la reinserción.

El preceptivo informe del consejo Fiscal -que no vinculante- sobre el Anteproyecto de Ley General Tributaria que abre la puerta a hacer pública la «información contenida en las sentencias en materia de fraude fiscal» en síntesis cuestiona duramente la reforma. Desde luego, mucho más que el dictamen del Poder Judicial que avaló la idea como "un elemento preventivo y educativo".

La crítica central de Ministerio Público se basa en que la reforma, aunque en su exposición de motivos "se manifiesta claramente en contra de atribuir naturaleza sancionadora" a la publicación de los nombres, realmente sí que persigue una suerte de castigo adicional a los defraudadores. Y esto, apunta el dictamen, debería contemplarse en el Código Penal.

Pero hay más. Al tratarse de un doble castigo, los redactores del texto tendrían que tener en cuenta que la publicación de las sentencias condenatorias "no puede frustrar la reeducación y reinserción social del delincuente" por lo que, de "adoptarse como pena", el texto tendría que incorporar la posibilidad de que los datos de la condena se eliminasen "también del lugar en que hayan sido publicados".

"El objetivo de rehabilitación podría verse seriamente menoscabado si la información sobre las condenas penales fuera ampliamente disponible y pública, y esta es la razón por la que el Registro Central de Penados fue declarado como un registro no público en base fundamentalmente de un interés en proteger el honor y la intimidad de las personas", recuerda el documento.

Ya con estos escollos, apunta el Consejo Fiscal, el legislador (o sea en este caso el propio Gobierno que promueve la reforma) debía "reflexionar" si seguir adelante y si son útiles unas modificaciones tan drásticas cuando por, ejemplo, para conseguir que los condenados consigan subvenciones o contratos con las administraciones bastaría la notificación de esos fallos a las instituciones.

DERECHO AL HONOR

Otra de las andanadas de la Fiscalía contra el proyecto es precisamente esa posible vulneración del derecho al honor de los afectados y si esta conculcación está amparada por el interés público o noticioso del fraude. «Mientras que la imposición de la pena por parte de un tribunal no lesiona el derecho al honor, la divulgación de la condena impuesta sí podría lesionar ese derecho», sostiene el informe, que incide en la abundante de doctrina sobre el derecho el honor que establece que para que este no sea conculcado la información transmitida, además de ser veraz, tiene que ser "de relevancia pública y necesaria".

Y con estas premisas -apunta el documento- "se hace muy difícil admitir que exista una relevancia pública de todos los procedimientos seguidos por hechos que puedan ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública o de insolvencia punible".

El Consejo Fiscal dice no entender por qué el Ejecutivo solo se plantea difundir los nombres de los defraudadores y no los de otros condenados, probablemente, como delitos mucho más graves. Sentencias con hechos más graves que con "mayor motivo" debían publicitarse en tanto en cuanto "el bien jurídico protegido es muy superior". Los fiscales afirman extrañarse por el hecho de "que se acuerde esta medida para unos pocos delitos y no para otros respecto de los cuales sí pudieran concurrir los requisitos jurisprudenciales de interés público y necesidad, normalmente asociados a la mayor respuesta punitiva, como pueden ser, por ejemplo, los delitos contra la vida, integridad física, libertad sexual o contra la Administración Pública (casos de corrupción)".

El Ministerio Fiscal también ve dudas en la legalidad de este proyecto en otro de sus puntos: que se publicarían sentencias de defraudadores que cometieron los delitos cuando no era viable que sus datos se hicieran públicos. O sea, la irretroactividad de la reforma cuando es contraria al reo. "Se pretende la aplicación de la reforma a delitos ya cometidos y en tramite de instrucción o enjuiciamiento al tiempo de su publicación", denuncia el texto.



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