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Cataluña

Gobierno y Generalitat llevan la lucha antiyihadista al contencioso soberanista

  • Los Mossos denunciarion dos agentes de la Policía Nacional por advertir a una célula yihadista que los estaban vigilabando

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24/05/2015 a las 06:00
  • Colpisa. Madrid
La Audiencia Nacional no reabrirá la investigación de un supuesto chivatazo cometido por agentes de la Policía Nacional a los miembros de una célula yihadista detenidos hace un mes en la provincia de Barcelona. El caso no tiene más recorrido judicial, pero sí político porque se trata del último capítulo del enfrentamiento abierto entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña como consecuencia del desafío independentista.

La polémica, amplificada por la pugna electoral, se agrava en plena amenaza terrorista y en un momento en que Cataluña se encuentra en un nivel alto de alerta por atentado yihadista. La guerra entre el Ministerio del Interior y la Generalitat viene de lejos. Hay quien la sitúa en 2012, el día que un diario de Madrid publicó en medio de las elecciones catalanas unos supuestos informes de la UDEF, cuya autoría nadie ha reconocido, que aseguraban que Artur Mas tenía cuentas en paraísos fiscales. Pero la gota que ha hecho colmar el vaso ha sido la denuncia que los Mossos interpusieron en la Audiencia Nacional contra dos agentes de la Policía Nacional por advertir a los miembros de una célula yihadista de que les vigilaban policías autonómicos.

Una acusación muy grave, ni más ni menos que revelación de secretos y colaboración con banda terrorista. La Audiencia Nacional archivó el presunto soplo en febrero y dos meses después los Mossos desarticularon la célula yihadista y detuvieron a diez presuntos terroristas. En las últimas semanas, la Consejería catalana de Interior ha tratado de reabrir la causa del chivatazo y afirmó que existían «indicios fehacientes», como el testimonio de un colaborador policial, aunque el juez Pedraz no lo ve así y ha decidido archivar el caso por segunda vez.

La utilización política de un asunto sensible como la lucha antiyihadista se ha producido desde los dos lados. El ministro vino a decir que los Mossos no están preparados para asumir una labor tan compleja como la política antiterrorista y afirmó que los soberanistas, en tanto que quieren separarse de España, no tiene sentido de Estado y por tanto no están facultados para estas tareas. «La lucha antiterrorista y la política antiterrorista deben ser de Estado y no se pueden dejar en manos de los que no tienen el más mínimo sentido del Estado», afirmó.

Hace un mes, el ministro cayó en la tentación de criminalizar el independentismo y de relacionarlo con el terrorismo yihadista, a raíz del caso de Nouredine Ziani, un marroquí que estuvo vinculado en el pasado con la fundación Nous Catalans, de Convergència, y que fue expulsado de España en 2013 por el CNI por su vinculación con el islamismo radical. Para el ministro, la Generalitat ha actuado de manera irresponsable aireando el asunto.

Por la parte catalana, se ha tratado de sacar rédito a la bronca con el Gobierno central, practicada en otros ámbitos con los ministros José Ignacio Wert y Cristóbal Montoro. La Generalitat publicitó a bombo y platillo la macrooperación contra la célula yihadista. La «estructura de Estado», según la terminología nacionalista, que son los Mossos abortaron hace un mes un atentado en un lugar emblemático de Barcelona, con plan de secuestro y decapitación incluidos.

CONFLICTO DE COMPETENCIAS

A finales de diciembre pasado, la Consejería de Interior presentó la primera operación internacional contra el yihadismo en Bulgaria con la colaboración de los Mossos. Voluntariamente o no, se estaba enviando el mensaje de que la Policía catalana adquiría una cierta autonomía y que era la buena para luchar contra el terrorismo, o lo que es lo mismo, que a una Cataluña independiente le iría mejor, también en este campo.

Al margen de la contienda política y los clásicos celos entre cuerpos policiales, en el fondo de la polémica también subyace un conflicto de competencias. Cuando Fernández Díaz decía que la denuncia de los Mossos contra los dos agentes la Policía Nacional en la Audiencia Nacional tendría «consecuencias en el futuro», lo que estaba es advirtiendo al Gobierno de la Generalitat de que se cuide mucho de pedir un aumento de las funciones de la Policía autonómica.

Mas lleva meses reclamando la convocatoria de la junta de seguridad, el organismo con cinco miembros del Ministerio del Interior y cinco del Ejecutivo catalán que coordina los trabajos entre los diferentes cuerpos policiales, pero que lleva seis años sin reunirse. La Generalitat quiere más competencias en la lucha contra el yihadismo y reclama, entre otras cuestiones, que los Mossos tengan acceso directo a la información de otras policías sin tener que pasar por el Ministerio del Interior.

Mandos de la Policía catalana han recordado estos días que el Estatuto reconoce a la los Mossos la competencia de colaboración en materia internacional. Por ello, la Generalitat reclama un papel más protagonista para los Mossos en la lucha antiterrorista. Fernández Díaz, en cambio, ya ha dicho que si se convoca la junta de seguridad es para aclarar la «delimitación» de las competencias de cada uno de los cuerpos. Pero dejando claro que «la lucha antiterrorista es una política de Estado» y las relaciones internacionales entre policías le corresponden al Estado, aunque la autonómica puede actuar como «enlace».



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