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Política

La oposición denuncia trabas a la investigación de la corrupción

  • El PP promueve en solitario la reforma que limitará los plazos de instrucción y cambiará el término "imputado" por el de "investigado"

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01/05/2015 a las 06:00
  • Colpisa. Madrid
Formulada casi como una súplica, la frase más repetida en el PP desde que en 2009 estalló el 'caso Gürtel' ha sido la de "que se cierre cuanto antes". En la sede central de la calle Génova están convencidos de que si el cuestionamiento de la financiación del partido ha caído sobre el PP como un mazazo, la dilación del proceso en el tiempo y el goteo de imputaciones han constituido el principal factor de desgaste de la formación. Y eso es lo que habita en el trasfondo de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se tramita ya en el Congreso.

La mayoría absoluta de los populares y la abstención de CiU tumbaron este jueves las siete enmiendas a la totalidad de los grupos parlamentarios que pedían la devolución del proyecto al Gobierno. El ministro de Justicia defendió, sin embargo, una modificación destinada a que los "responsables de delitos graves sean juzgados en un tiempo razonable y que el patrimonio defraudado sea recuperado". Una vez entre en vigor el proyecto de ley, se impondrá, en palabras de Rafael Catalá, una "nueva forma de trabajar en la que el plazo cuenta". Esto significa que las instrucciones deberán concluirse en seis meses en las causas sencillas y en dieciocho, en las complejas, siempre prorrogables a 36. "Son tiempos realistas", sostuvo.

Con la reforma, además, el imputado pasará a denominarse primero "investigado" y, después, "encausado", cuando se le "atribuyan indiciariamente hechos delictivos". Una medida "oportunista", "estética" y un "truco semántico", según denunciaron tanto el PSOE como IU.

"El partido con mayor número de imputados por corrupción es el que cuenta con la mayoría suficiente para imponer leyes que dificultan la investigación", lamentó el representante de Equo, Joan Baldoví. La oposición echa en falta, además, un incremento de medios para jueces y fiscales, y considera una "temeridad" recortar los tiempos de instrucción, cuando estos vienen determinados por la complejidad de los casos.



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