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Caso Gürtel

IU acusa al PP de financiarse 18 años mediante una "organización criminal"

  • Pide entre 15 y 21 años para Acebes, Bárcenas y Lapuerta y condenas para los 19 empresarios que habrían donado 6,6 millones en negro
  • Solicita a la Audiencia Nacional la declaración en el juicio como testigos de Rajoy, Cospedal, Arenas, Matas y de Álvarez-Cascos, entre otros

Luis Bárcenas, a su llegada a la Audiencia Nacional

Según Bárcenas, Rajoy conocía la contabilidad B desde el principio

Luis Bárcenas, a su llegada a la Audiencia Nacional

EFE
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29/04/2015 a las 06:00
  • COLPISA. MADRID
IU y el resto de las organizaciones con las que actúa como acusación particular en el 'caso Bárcelas' sostienen en su escrito de conclusiones ante la Audiencia Nacional que el PP creó en 1990 "una organización criminal" interna con el objetivo de financiarse ilegalmente a través de donaciones millonarias en dinero negro que les proporcionaban empresario afines, en su mayoría del sector de la construcción, que buscaban colocarse en una situación de ventaja a la hora de lograr adjudicaciones de contratos públicos.

El documento señala que "este sistema de financiación ajeno al circuito económico o caja B" se ha mantenido al menos durante 18 años, de 1990 y 2008, y que respondía a "un plan criminal específico" enfocado a lograr un nivel de fondos adicional al legal suficiente para garantizar al partido las victorias electorales y "gobernar durante el mayor tiempo posible el mayor número posible de instituciones del Estado".

Los acusadores consideran que en su última etapa, la que ahora va a ser juzgada por la Audiencia Nacional, la "organización criminal" estuvo dirigida por el secretario general del PP entre 2004 y 2008, Ángel Acebes, por los tesoreros durante esos años, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, y por el gerente de la organización, Cristóbal Páez. Indican que aunque eran los responsables financieros quienes, en connivencia con la trama de empresarios, realizaban de forma directa las labores de recaudación opaca de fondos y los pagos y adquisiciones, de los que no daban razón ni a Hacienda ni al Tribunal de Cuentas, los secretarios generales del partido en cada una de las etapas "conocían y participaban en la trama criminal organizada", aunque todos lo negasen ante el juez instructor.

La acusación particular mantiene que gracias a la trama el PP habría recaudado en estos 18 años al menos 6,6 millones en dinero negro con el que habría pagado sobresueldos a directivos, financiado ilegalmente campañas electorales en Galicia, Andalucía y Cantabria, realizado múltiples pagos para el mantenimiento de las necesidades del partido, reformado la sede central de Madrid, y comprado las existentes en el País Vasco y La Rioja.

Los acusadores, a diferencia de la Fiscalía, consideran también que los dos tesoreros y Acebes, en nombre del PP, habrían tenido una "participación directa" en el pago en negro a la empresa Unifica de 880.00 euros para la reforma de la sede de la calle Génova de Madrid y en la ocultación a Hacienda del más de un millón en donativos ilegales de 2008, lo que constituye delito fiscal, así como en la compra de un importante paquete de acciones de Libertad Digital con la caja B, para favorecer a este medio afín al PP.

CADENA DE DELITOS

Por todo ello, IU pide que Acebes se siente en el banquillo para responder de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad contable, fraude fiscal, y falsedad de fondos electorales y de documento mercantil. Total, 15 años y siete meses de cárcel. A los extesoreros le pide lo mismo y un delito de apropiación indebida por el dinero que se quedaron para sí mismos de la caja B. Bárcenas se enfrentaría a 19 años de cárcel y Lapuerta a 21. A Páez le reclaman 13 años de cárcel porque no le acusan de tráfico de influencias.

Por considerar que los cuatro actuaron siempre dentro de un plan de partido, reclama que el PP sea responsable civil subsidiario del pago de los fraudes y de la restitución de los 6,6 millones obtenidos en negro si son condenados.

Los acusadores populares reclaman también al tribunal una condena de siete años de cárcel para cada uno de los 19 representantes de empresas que supuestamente se confabularon con el PP por integración en organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

Para los los socios de Unifica que realizaron la reforma de la sede en negro, Gonzalo Urquijo y Belén García, y para su empleada Laura Montero, pide entre 7 y 8 años por fraude fiscal y falsificación.

IU solo podrá sentar en el banquillo a Acebes y los 19 empresarios si la Sala de lo Penal acepta rechazar la retirada de la imputación que acordó para ellos el instructor, Pablo Ruz, en su auto de conclusión del sumario.



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