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Caso Bárcenas

Anticorrupción no ve delito fiscal del PP en la 'Caja B', pese a manejarla

El fiscal Romeral aplica un criterio diferente al del juez Ruz y pide cinco años de prisión y 261.000 euros de multa para Bárcenas y Lapuerta

Anticorrupción no ve delito fiscal del PP en la 'Caja B', pese a manejarla

Anticorrupción no ve delito fiscal del PP en la 'Caja B', pese a manejarla

Los ex-tesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.

Efe
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28/04/2015 a las 06:00
  • Colpisa. Madrid
En solo dos párrafos de su escrito, sin extenderse en los detalles y recogiendo el peculiar criterio de un perito de Hacienda que ni siquiera solicitó el juez, la Fiscalía Anticorrupción exoneró ayer al Partido Popular del delito fiscal que le imputó el instructor Pablo Ruz al cerrar la investigación de la causa de la 'caja B', hace un mes.

El representante del Ministerio Público en este procedimiento, Antonio Romeral, aseguró en su escrito de calificación penal de los hechos que "no resulta debidamente justificada la perpetración" del fraude que hizo Ruz, y por ello reclamó su sobreseimiento en el juicio. El juez se explayó en más de una decena de folios de su auto en justificar la responsabilidad fiscal del PP. Unos densos argumentos, precedidos de una dura pugna con la oficina antifraude de la Agencia Tributaria, que el fiscal anticorrupción desbarató, de un plumazo, en tan solo ocho líneas de su escrito.

No obstante, el acusador público, el defensor de la legalidad, sí considera al partido de Mariano Rajoy responsable civil subsidiario de la contabilidad paralela que manejaban los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, a los que pide cinco años de prisión por tres delitos (falsedad documental continuada, apropiación indebida y delito fiscal) y una multa fija de 261.000 euros por casi dos décadas de 'caja B' (1990-2008), respectivamente.

Para Romeral, el PP se enfrenta a una multa como persona jurídica por los ilícitos penales de sus antiguos empleados -la cuantía se determinará en la vista oral- pero en ningún caso debería sentarse en el banquillo de los acusados por no tributar el impuesto de sociedades del ejercicio de 2008, que no superó con amplitud la cuantía mínima para ser delito, 120.000 euros.

El juez Ruz determinó que las donaciones irregulares percibidas en aquel curso superaron el millón de euros, de los que 888.000 euros fueron destinados a los pagos en negro de las obras de la sede nacional. Aunque en 2008 la Ley de Financiación de los Partidos exoneraba de tributar las donaciones, Ruz partió de la base de que estas fueron irregulares y su destinaron para un fin ilícito, los referidos pagos en B. Por lo tanto, según su disposición y la de la Sala de lo Penal, dijo, el PP debió de declarar unos 220.167 euros del Impuesto de Sociedades.

Sin embargo, en dos párrafos el fiscal Romeral rebate el argumento del juez. Hizo suyo el criterio de la Agencia Tributaria, que en tres informes concluye que las donaciones se encuentran exentas de tributar el referido gravamen, según la Ley de Financiación de Partidos de 2007. En todo caso, añade el acusador en su escrito, "integradas tales rentas en el Impuesto de Sociedades, la cuota presuntamente defraudada por el PP en 2008 alcanzaría un importe de 25.630 euros", muy inferior a la cuantía del delito fiscal.

EL PERITO DÍSCOLO

Aquí están las diferentes apreciaciones de juez y fiscal. Pero, ¿cómo llega el segundo a esta conclusión? Como Romeral no lo explica, hay que acudir al informe pericial de Hacienda que Ruz reclamó con reiteración antes de concluir la investigación de la 'caja B'. El funcionario determinó que en el caso de haber tributado las donaciones la cuota a pagar por los populares hubiera sido de 220.167 euros.

Pero este perito se permitió la licencia de elaborar otro cálculo diferente, al margen del criterio fijado por el juez. El trabajador de la Agencia Tributaria tuvo en cuenta los ingresos totales del PP en 2008 (83 millones de euros, incluyendo las donaciones ilegales) y los gastos totales de ese ejercicio (72 millones).

Como las donaciones ilegales suponen un 1,08% de los ingresos totales del partido, el experto aplicó ese porcentaje a los gastos totales, lo que le dio una cifra de 778.148 euros, que serían deducibles en el Impuesto de Sociedades. Así, si el PP ingresó por esa vía 888.000 euros y se podría deducir 778.148 euros, debería abonar un 25% por la cantidad restante, lo que daría una cuota íntegra a pagar de 25.630 euros. La misma cuantía que el fiscal Romeral.

No obstante, la decisión final de llevar al PP a juicio por delito fiscal dependerá del juez que ha sustituido a Ruz, José de la Mata.

En el resto de su escrito, el fiscal reclamó al exgerente del PP Cristóbal Páez un año y medio de prisión por falsedad continuada y delito fiscal, además de 102.500 euros de multa; y a los dueños de la empresa Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, tres años y diez meses de cárcel y 450.000 euros de multa por delito fiscal y falsedad documental. Todos, con Bárcenas y Lapuerta, deberían de abonar 194.503 euros más de forma solidaria por el fraude.


  • josan
    (28/04/15 10:21)
    #1

    ¿fiscalía anticorrucción?  Estos señores han olvidado que sirven al Estado y no al Gobierno.  Esto es como lo de Maduro pero al otro lado del charco.

    Responder


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