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Justicia

El nuevo Registro Civil comenzará a funcionar en menos de tres meses

  • La 'desjudicialización' del sistema y su cesión desde julio a los registradores generará un sobrecoste a las arcas públicas

El ministro de Justicia, Rafael Catalá.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá.

EFE
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19/04/2015 a las 06:00
  • Colpisa. Madrid
Faltan menos de tres meses para que el Registro Civil pase a manos de forma progresiva a los registradores de la propiedad y mercantiles, según los planes del Gobierno. En la práctica, esta cesión de un servicio público gestionado por funcionarios supondrá su 'desjudicialización', ya que a partir ahora ya no dependerá de la autoridad judicial competente. Para el Ministerio de Justicia, así se reducirá el colapso y se evitarán las colas con la digitalización del sistema. Pero los sindicatos y los operadores jurídicos denuncian que se trata de una privatización encubierta.

Ante la creciente presión política y social, el ministro Rafael Catalá ha elevado el tono los últimos días para ratificar que el servicio que desde hace 145 años tramita los certificados de nacimiento, defunción, matrimonio o nacionalidad seguirá siendo "público, gratuito, telemático y mantendrá los puestos de trabajo de los funcionarios que se ocupan ahora de los mismos", unos 3.500. La duda ahora es si seguirán perteneciendo a Justicia o serán repartidos por otras administraciones.

Por el contrario, los detractores están convencidos que no es oro todo lo que reluce en las palabras de Catalá y que, en realidad, el ciudadano va a tener pagar por este servicio, ya sea de forma directa o mediante la subida de impuestos. De cualquier forma, es indiscutible que va a suponer un sobrecoste a las arcas públicas.

"Se van a dilapidar las inversiones informáticas que se habían realizado hasta la fecha en las oficinas del Registro Civil. Son unos doscientos millones tirados a la basura: 128 millones destinados a la digitalización y el resto a los nuevos programas", aseguró Javier Jordán, portavoz del sindicato CSIF. La razón es que los registradores contarán con otras herramientas informáticas diferentes, por lo que se requerirá una inversión extra para adecuar el sistema.

Los propios registradores, un colectivo de uno novecientos profesionales en todo el país, admitieron en su revista corporativa colegial que el "principio de gratuidad para los ciudadanos, afirmada por el ministro, no debe impedir el estudio de fórmulas que permitan garantizar la sostenibilidad del alto coste que representa el Registro Civil, y que este colectivo por sí solo no podrá asumir".

Añadieron asimismo que "el cambio de modelo de gestión no es solo un cambio del gestor: debe incorporar los elementos de gestión financiera" necesarios. Es decir, dotarle de un presupuesto anual realista. El periodo de implantación va desde julio próximo hasta el 1 de enero de 2017.

NEGOCIO PRIVADO

Otra de las incógnitas del nuevo modelo tiene que ver con la figura del propio registrador. Según los sindicatos, aunque se trata de trabajadores del Estado, de acuerdo con la Ley Hipotecaria su negocio es meramente privado, ya que facturan IVA y contratan personal particular en sus despachos. Esta dualidad genera dudas sobre "asuntos capitales" de gestión, afirmó el portavoz del CSIF.

"¿Novecientos registradores van a gestionar los datos de 45 millones de personas? ¿Pagaremos también con la caja pública sus oficinas y a sus trabajadores? ¿Será necesario un nuevo archivo central para almacenar las tramitaciones?", se preguntó Jordán.

El sindicalista cree que el Gobierno solo trata de "apuntalar" a este colectivo a costa del servicio público y darles en mano "un negocio de unos setecientos millones anuales". Eso, pese a que los funcionarios están perfectamente capacitados para seguir gestionando el Registro Civil, afirmó, solo con algunas mejoras materiales para evitar las demoras procedimentales.

No obstante, la suerte parece estar echada. Pese a la presión política y social, Justicia anticipó a principios de abril una partida de cuatro millones a los registradores para encomendarles la gestión de los expedientes de nacionalidad de inmigrantes y dar salida a unos 150.000 recursos atascados desde finales de 2013. Para CSIF no es una casualidad que estos expedientes se hayan paralizado para justificar este pago "a esta casta profesional". "Tampoco es casualidad la presión que ejerce su 'lobby' y que el mismo presidente del Gobierno proceda de este gremio", admitió Jordán.



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