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Fraude fiscal

El origen del patrimonio regularizado por Rato, en proceso de investigación

  • El exvicepresidente niega que el Sepblac le haya notificado nada mientras que el Gobierno dice que "todos" deben cumplir con Hacienda

Rodrigo Rato

Rodrigo Rato

El exvicepresidente del gobierno Rodrigo Rato.

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Actualizada 16/04/2015 a las 14:18
  • Colpisa. Madrid
Poco queda ya de la imagen inmaculada de impecable gestor con la que Rodrigo Rato abandonó el Gobierno en el año 2004 rumbo al FMI. Las dudas sobre su papel en la salida a Bolsa de Bankia y la imputación por el uso de las tarjetas 'black' de Caja Madrid ensombrecieron su figura. La investigación por presunto blanqueo de capitales tras haberse acogido a la amnistía fiscal aprobada por el Ejecutivo en 2012 es el último escándalo conocido. Y es que el exvicepresidente del Gobierno fue uno de los 31.484 contribuyentes que se acogieron a este proceso. Sin embargo, la Agencia Tributaria detectó 705 expedientes en los que sospecha que la regularización sirvió para blanquear dinero y los remitió al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac). Según publicó Vozpopuli uno de esos investigados era Rato. Ahora los expertos de este organismo se centran en desentrañar el origen del patrimonio regularizado en la amnistía y que el exvicepresidente del Gobierno podría justificar como una herencia familiar.

De hecho, su padre, Ramón Rato, ya tuvo problemas con la Hacienda española cuando en los años sesenta era propietario del Banco de Siero y abrió una sucursal en Suiza para captar el ahorro de inmigrantes españoles en ese país. Fue condenado por evasión de capitales y debió pagar una cuantiosa multa. No obstante, el ex director gerente del FMI negó este miércoles haber recibido ninguna notificación por parte del Sepblac sobre la apertura de una investigación. En cambio, rechazó hablar sobre la amnistía alegando temas fiscales de carácter personal.

El blanqueo de capitales es un delito que prescribe a los diez años, por lo que las investigaciones podrían remontarse a los años 2002 o 2004 en función de si comenzaron nada más realizarse la amnistía (2012) o el año pasado. Es decir, a los años en los que todavía Rato formaba parte del Gobierno o dirigía el FMI. En cualquier caso, el Ejecutivo volvió ayer a marcar distancias con quien fuera un peso pesado en los gobiernos de José María Aznar. Así, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro -que estuvo a las órdenes de Rato en el primer Gobierno de Aznar-, aseguró no poder hablar de ningún contribuyente concreto, pero dejó claro que las "instituciones están funcionando". "Las investigaciones se realizan a todos con independencia de quiénes son y quiénes han sido", aseguró en los pasillos del Congreso.


En este sentido, el ministro alabó el papel de los empleados de la Agencia Tributaria: "Hay un eficaz seguimiento de todos y todos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones tributarias, sea quien sea". El titular de Economía, Luis de Guindos, que fue secretario de Estado con Rato como ministro, aseguró que tanto la Agencia Tributaria como el Sepblac "cumplirán con la legalidad". Por su parte, el titular de Justicia, Rafael Catalá, aseguró que "cualquier persona que se somete a una investigación tiene que dar explicaciones".

MÁS INVESTIGADOS

En cualquier caso, Rodrigo Rato solo es uno de los 705 investigados por presunto blanqueo de capitales en la regularización de la amnistía. Fuentes de la Agencia Tributaria consideran que parte de esos contribuyentes podrían haber sido descubiertos por la investigación que el Sepblac llevaba a cabo sobre Banco Madrid en 2014 precisamente sobre blanqueo de capitales. Según estas fuentes algunos de los casos detectados habían regularizado su situación con la amnistía por lo que fueron remitidos a la Agencia Tributaria, que concluyó que la amnistía solo exime de delitos tributarios, pero no de otros como es el caso del blanqueo. En ese momento volvió a enviar los expedientes al Sepblac. Desde el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) denunciaron que la amnistía confería un "plus de confidencialidad" que impedía conocer, salvo investigación concreta, quienes se acogieron a la amnistía. Por eso pidieron que en la reforma de la Ley General Tributaria se incluya la publicación de los nombres de todos quienes se acogieron a la amnistía.



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