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Tribunales

El Constitucional suspende la política exterior de Cataluña

La Generalitat garantiza que la decisión del tribunal no afectará a la apertura de sus 'embajadas'

El presidente de la Generalitat Artur Mas, durante su intervención en la sesión de control a su Gobierno este miércoles en el Parlament de Cataluña.

Artur Mas insta a Rajoy a escuchar a los catalanes en las urnas

El presidente de la Generalitat Artur Mas

efe
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16/04/2015 a las 06:00
  • colpisa. barcelona
El Tribunal Constitucional admitió este miércoles a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy contra la ley de acción exterior aprobada por el Parlamento catalán. La norma queda suspendida durante cinco meses hasta que la corte de garantías emita una sentencia definitiva y determine si la ley se ajusta o no a la Carta Magna. El Gobierno catalán entiende que sí y se basa en un dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, el remedo de Constitucional catalán. El recurso de Rajoy, en cambio, considera que "vulnera" la Constitución porque "Cataluña no es un estado", no es "sujeto de derecho internacional" y por tanto "no tiene capacidad para establecer relaciones diplomáticas". El jefe del Ejecutivo central sostiene además que la ley catalana trata a la Generalitat "como un actor internacional al margen del Estado español".

La decisión del Constitucional añade otra muesca al historial de enfrentamientos en los tribunales entre la administración central y la catalana en un momento en que algunas fuentes del Ejecutivo de Artur Mas querían creer que se había producido cierto deshielo. La participación del presidente catalán en la cumbre informal de ministros de Exteriores de la UE y del Mediterráneo fue bien recibida en Barcelona, aunque el propio Mas dijo hoy que no tenía "nada que agradecer" por haber podido hablar en una reunión internacional de la que al fin y al cabo era anfitrión. Nada ha cambiado en las más que tensas relaciones.

El Parlamento catalán aprobó el pasado noviembre la ley de acción exterior, impulsada por la Generalitat como una nueva "estructura de estado" con la que pretende preparar la independencia, reforzar las relaciones internacionales de Cataluña, fomentar su proyección exterior y desempeñar un papel como un "actor internacional activo". A partir de esta norma, el Gobierno autonómico aprobó un decreto que le permitirá incrementar su red de oficinas en el exterior. Anunció la apertura de 'embajadas' en Viena y Roma, prevista para las próximas semanas, y reforzó la de Bruselas con el fichaje del que fue portavoz del excomisario Oli Rehn, Amadeu Altafaj, como representante permanente de Cataluña ante la Unión Europea. Cataluña cuenta ahora con delegaciones en Bruselas, Washington, París, Londres y Berlín.

Desde el Gobierno catalán señalaron que la suspensión de la norma no tendrá consecuencias, que mantendrá su acción exterior aplicando la ley anterior y que no modificará su agenda. En cualquier caso, a la legislatura catalana apenas le quedan tres meses. La Generalitat entiende que tiene una "obligación legal", amparada en sus competencias, con la acción exterior. "Fue reconocida en su día por el Tribunal Constitucional de manera muy clara y nítida", según el consejero de la Presidencia, Francesc Homs.

El portavoz del Ejecutivo autonómico calificó el recurso de Rajoy de "atentado" contra las competencias propias reconocidas en el Estatuto de Autonomía. Homs aseguró asimismo que la decisión del Constitucional no afectará al funcionamiento, a la actual estructura de las delegaciones que la Generalitat tiene en el exterior y al plan de aperturas.

AGENDA INTERNACIONAL

Este es un asunto que va en paralelo a la decisión del Constitucional, ya que el Gobierno ha impugnado el decreto de creación de las 'embajadas' de Viena y Roma, pero en este caso a través de recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sobre el que aún no hay una decisión. En este caso, el recurso vino motivado por el hecho de que la Generalitat no cumplió con los "requisitos de legalidad" y no pidió el informe que el Gobierno debe emitir para validar la apertura de delegaciones de las autonomías. En 1994, el Constitucional falló a favor de que las comunidades tengan delegaciones en el exterior, siempre que no interfieran en la política exterior del Estado. De ahí, la necesidad del informe previo del Ejecutivo central.

Mas mantiene una agenda internacional muy activa para dar a conocer el proyecto secesionista y para recabar apoyos, ya sea a través de memorandos que el Palau de la Generalitat hace llegar a las cancillerías, viajes oficiales, conferencias o campañas en los medios, lo que ha encendido los ánimos en más de una ocasión en el Ministerio de Exteriores español.

Aun así, es el segundo revés que recibe la diplomacia catalana en poco menos de un mes. La primera tuvo que ver con el delegado catalán en Bruselas, nombrado a bombo y platillo por Mas como representante permanente ante la UE. Sin embargo, según señala el vicepresidente Frans Timmermans en una carta remitida al eurodiputado del PP Santiago Fisas, la UE no reconoce a Altafaj como interlocutor válido para los asuntos relacionados con Cataluña y ese rango solo lo tiene el embajador español.



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