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TRIBUNALES

Llega la hora de los ERE para Manuel Chaves y José Antonio Griñán

  • El juez del Supremo interroga desde hoy a los cinco aforados imputados para aclarar su papel en la creación del sistema "inadecuado" de ayudas

José Antonio Griñán y Manuel Chaves

Chaves y Griñán declararán si el Supremo investiga el caso de los ERE

José Antonio Girñán (izda.) y Manuel Chaves (dcha.).

CEDIDA
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07/04/2015 a las 06:00
  • COLPISA. MADRID
"La cúspide de la pirámide". Esta es la metáfora que la juez de Sevilla Mercedes Alaya acuñó para implicar a los expresedientes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en la macrocausa de los ERE fraudulentos. Una alusión que será ahora el punto de partida del Tribunal Supremo para analizar la responsabilidad penal de ambos y de otros tres exconsejeros en la instrucción del proceso contra los aforados.

Tras 271 imputados en la causa ordinaria de Sevilla, desde este martes ha llegado el momento de conocer en boca de los imputados, los citados Chaves y Griñán y sus exconsejeros Gaspar Zarrías, Mar Moreno y José Antonio Viera, su papel en la creación del sistema de reparto de ayudas sociolaborales a empresas en crisis, con expediente de regulación de empleo en marcha y a personas físicas afectadas por estos procedimientos de extinción laboral.

El denominado 'Programa 31L. Administración de las relaciones laborales' fue ejecutado en el periodo 2001-2010. La Junta destinó una partida de 850,3 millones de euros para financiar las prejubilaciones y despidos de 6.096 trabajadores en "pleno conflicto social", de los que 64,3 millones se consideran fraudulentos, según el Tribunal de Cuentas, ya que se destinaron al pago de sobrecomisiones por encima del precio de mercado.

Para la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el método establecido para abonar estas subvenciones, las llamados transferencias de financiación, fue "inadecuado". La IGAE asegura que eludió el trámite legal establecido para su otorgamiento y su fiscalización previa por el interventor de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, desde cuya Dirección General de Trabajo se pagaron las pólizas de los extrabajadores que abonaba la Junta y dio su conformidad al coste de las mismas. Para el Tribunal de Cuentas, la responsabilidad contable se limita a tres exdirectores de este área.

El juez instructor del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, tomará declaración este martes al diputado José Antonio Viera, consejero de Empleo entre 2000 y 2004. El jueves será el turno del senador José Antonio Griñán, expresidente entre 2009 y 2013; el 14 de abril lo hará su antecesor entre 1990 y 2009 y hoy diputado, Manuel Chaves; el 16, el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, también diputado; y el 21 concluirá la ronda su sucesora y ahora senadora, Mar Moreno. Todos declararán en calidad de imputados, pero de forma voluntaria.

En los autos y providencias anteriores, el juez menciona que investiga delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Cuando concluyan las declaraciones se conocerá de forma individualizada los indicios, si los hubiera, contra los aforados. Esta decisión tendrá consecuencias políticas, ya que la situación en que queden Chaves y Griñán influirá en la negociación para la investidura de Susana Díaz.



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