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Caso Bárcenas

Bárcenas culpa a Rajoy, Cospedal, Cascos, Arenas y Acebes de la caja B

  • El extesorero afirma que los estatutos del PP dan poderes absolutos en las finanzas a los secretarios generales

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Actualizada 31/03/2015 a las 08:39
  • Colpisa. Madrid
Luis Bárcenas recurre al único argumento de defensa posible. El exsenador, que no puede rebatir que el PP tuvo una contabilidad paralela entre 1990 y 2008 porque fue él mismo quien reveló y confirmó su existencia cuando decidió tirar de la manta, se escuda en que él fue un mero peón en el engranaje de la 'caja B'. Y eso porque los propios estatutos del partido establecen que los únicos responsables financieros de la formación son los secretarios generales por mucho que en esa época los tesoreros fueran el propio Bárcenas o Álvaro Lapuerta.

O lo que es lo mismo, el imputado, sin llegar a citarlos, señala directamente como responsables de la contabilidad en negro del partido a los cinco secretarios generales que ha tenido el PP en esos dieicocho años: Francisco Álvarez-Cascos (1989-1999), Javier Arenas (1999-2003), Mariano Rajoy (2003-2004), Ángel Acebes (2004-2008) y María Dolores de Cospedal (desde 2008 hasta el presente). Todos, excepto Rajoy, declararon como testigos en la causa, pero ninguno fue imputado.

El extesorero lanzó estas graves acusaciones contra el actual presidente del Gobierno y los otros altos cargos del PP en el escrito con el que recurre el auto dictado el pasado 23 de marzo por el juez Pablo Ruz y en el que el magistrado constató la existencia de la doble contabilidad en la formación política. Un auto que dio por concluida la instrucción de la pieza conocida como 'papeles de Bárcenas' tras dos años de pesquisas y que sentó en el banquillo, además de al exsenador y a Lapuerta, al exgerente Cristóbal Páez; a los dueños de la empresa Unifica, Álvaro Urquijo y Belén García; y la empleada de esta mercantil que cobró 1.552.000 euros en negro por la reforma de la sede nacional del PP, Laura Montero.

"Nuestro patrocinado (Bárcenas) no tiene la condición ni actuó en ningún momento como administrador o responsable legal de la formación política", apunta en su escrito el letrado Francisco Maroto. El abogado insiste en que "los administradores o legales representantes del PP son aquellos en los que el Congreso Nacional del PP otorga los poderes generales y habilitaciones especiales con carácter indistinto y solidario". Y esos son -recuerda- los secretarios generales. A ellos, según Bárcenas, la normativa interna de la formación popular les da las más amplias competencias para la administración, disposición y representación de los bienes e intereses del partido y para la comparecencia con plenas facultades ante todos los organismos de la Administración pública".

De acuerdo con la tesis del extesorero, son los propios "criterios jurídico tributarios establecidos por el PP" los que hacen "recaer en otros sujetos intervinientes, y no en la figura del gerente y tesorero", la responsabilidad sobre las finanzas de la formación y, por ende, de la existencia de esa contabilidad en negro.

HACIENDA

"El señor Bárcenas no fue responsable ni lo ha sido nunca de la elaboración y conformación de las liquidaciones practicadas por el PP ante la Agencia Tributaria", apunta su abogado, exculpando a su patrocinado de los delitos tributarios que ve el juez Ruz por la existencia de esa contabilidad opaca en 2008 (único año no prescrito), pero que no termina de apreciar Hacienda.

El exsenador, tras lanzar balones fuera señalando a los secretarios generales durante ese año (Acebes y Cospedal), se defiende del delito fiscal amparándose en el polémico informe del departamento que dirige Cristóbal Montoro que concluye que no hubo ilícito alguno porque las donaciones a los partidos estaban exentas de tributación.

"Los criterios establecidos por la Unidad de Auxilio Judicial de la Agencia Tributaria son totalmente distintos de los expuestos y razonados por el magistrado instructor siendo favorables a la apreciación de la exención respecto de las presuntas donaciones que habrían sido recibidas por el PP durante 2008 y que aparecen consignadas en la contabilidad paralela del PP", apunta el escrito de defensa del imputado.

"Difícilmente puede sostenerse la existencia de ilícito penal cuando la Agencia Tributaria dice que no existe infracción en materia tributaria y, por ende, no existe cuota tributaria defraudada", zanja el letrado de Luis Bárcenas, invocando, de manera indirecta, la doctrina que la Fiscalía usó para tratar de exculpar a la infanta Cristina en el 'caso Nóos', cuando tampoco Hacienda vio delito fiscal alguno, aunque finalmente sí que terminó procesada por orden expresa del instructor.

También niega la defensa del exsenador del PP que incurriera en un delito de apropiación indebida por permitir que Lapuerta se quedara con dinero de la 'caja B' después de comprar acciones de Libertad Digital. Apunta a que esa operación habría sido "instada por el 'dominus' (el Partido Popular), queriendo que la misma operación se llevara a cabo ocultando su verdadera titularidad y, por lo tanto, llevando a cabo la adquisición de acciones bajo el nombre de terceras personas". O sea, que Bárcenas no delinquió porque solo participó en una operación de "titularidad encubierta", porque las acciones en realidad las compraba el Partido Popular. Eso sí, a través de testaferro.



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