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Caso Bárcenas

La 'caja B' del PP empaña el 'sí' del Congreso a las leyes anticorrupción

  • Rajoy sólo logra el apoyo de los nacionalistas para el paquete de medidas que defendió personalmente en la cámara baja

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27/03/2015 a las 06:00
  • Colpisa. Madrid
Mariano Rajoy había puesto cierto empeño en lanzar una señal de que la regeneración de la vida pública se encuentra entre las grandes preocupaciones del Gobierno. El pasado noviembre, incluso subió a la tribuna del Congreso para, en un gesto sin precedentes, defender en persona dos proyectos de ley llamados a prevenir comportamientos deshonestos. Pero sus esfuerzos se vieron hoy de nuevo empañados por los escándalos que salpican a su partido.

El pleno del Congreso aprobó por fin, después de haber sido enmendadas en el Senado, la ley de financiación de partidos, la de regulación del alto cargo y la reforma del Código Penal que tipifica por primera vez como delito -aunque de manera insuficiente, a juicio de buena parte de la oposición- la financiación ilegal de formaciones políticas. Son medidas que Rajoy prometió ya en el Debate sobre el estado de la Nación de 2013, en pleno estallido del 'caso Bárcenas'. Ahora ven la luz pocos días después de que el juez Pablo Ruz cerrara la investigación dando por acreditado que el PP manejó una 'caja b' durante 18 años.

El caso ha terminado por hacer imposible un entendimiento entre los grandes partidos que, en algún momento, pareció a punto de lograrse. "El asunto no es si estas leyes mejoran el régimen vigente. Lo hacen -reconoció parcialmente durante el debate el portavoz del PSOE, Antonio Pradas-. La cuestión es si lo hacen de forma suficiente. Nosotros creemos que no".

Pradas esgrimió algunas de las carencias de los textos. Echó en cara al PP que no quisiera hablar de "la corruptela de los contratos fraccionados" para adjudicar contratos a dedo; de atribuir a la Audiencia Nacional el conocimiento de delitos corrupción con participación de cargos públicos; de prohibir "amnistías tributarias", o de "abrir los partidos a la sociedad".

Otra de las cuestiones que afean los socialistas a los populares es que, a pesar de lo novedoso de tipificar la financiación irregular como delito, sólo se contempla la prisión para quienes realicen o reciban donaciones ilícitas superiores a 500.000 euros. O sea, que los mencionados por Luis Bárcenas en sus famosos papeles seguirían sin ir a prisión si tuvieran que ser juzgados con el nuevo Código Penal.

RESPOSABILIDADES

Pero no es sólo eso. Hay otros partidos como el PNV ó CiU que, a pesar de creer que se podía haber ido más allá, dieron su apoyo a los textos. El PSOE, como el resto de fuerzas de izquierda, no lo hizo en parte por el contexto político. "Nadie entendería que apoyaramos a un Gobierno que ni asume responsabilidades ni responde ante la cámara cuando la justicia ha constatado irregularidades en las cuentas del grupo que lo sustenta", resumió su portavoz.

El representante del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, reprochó la actitud del principal partido de la oposición y de otros grupos minoritarios. Los populares defienden que han impulsado el conjunto de medidas "más ambiciosas" de las aprobadas en democracia para combatir la corrupción. En materia penal se busca, por ejemplo, que un condenado por corrupción no pueda acceder a la libertad condicional o a beneficios penitenciarios si no ha devuelto antes el dinero defraudado; la ley de financiación impone a los partidos políticos y a sus fundaciones nuevos controles y prohíbe que se les condone deuda; y la del alto cargo fija criterios de idoneidad y obliga a hacer públicos los bienes.

"Algunos no comparten ni este camino ni esa ambición -recriminó Bermúdez-; más que corregir la desafección les interesa aprovecharse de ella para llegar al poder". El número dos del grupo parlamentario popular argumentó que su partido ha tratado de actuar con "rigor" pero sin caer en posiciones "populistas". Y se rebeló contra los ataques por los autos de la Gürtel y del 'caso Bárcenas'.

"Fortalecer el sistema y dignificar la política pasa por despreciar y combatir a los corruptos pero también por respetar los elementos propios del Estado de derecho", dijo para recordar que ninguna de esas causas han sido aún juzgadas.

En el debate faltó esta vez una voz. Ningún representante de UPyD, inmersa en una grave crisis interna tras los comicios andaluces, salió a la tribuna. Una ausencia llamativa de quien ha hecho de la lucha contra la corrupción una de sus principales líneas de actuación



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