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Casa Real

El Senado certifica al aforamiento integral de don Juan Carlos

  • Solo el Supremo podrá aceptar demandas contra la vida privada del exjefe del Estado, doña Sofía, la reina Letizia y doña Leonor

Don Juan Carlos firmó en el Salón de Columnas del Palacio Real la Ley de Abdicación para ceder la corona a su hijo, don Felipe.

Don Juan Carlos, durante la ceremonia de abdicación

EFE
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11/07/2014 a las 06:00
  • colpisa. madrid
El Senado aprobó este jueves de manera definitiva, con 150 votos a favor, 74 abstenciones y 10 votos en contra, el aforamiento integral ante el Tribunal Supremo de don Juan Carlos, doña Sofía, la reina Letizia y la Princesa de Asturias. El alto tribunal será desde ahora el único órgano judicial ante el que responderán los miembros de la Familia Real por cualquier causa o demanda civil y penal.

El debate en el Senado, que se desarrolló ante un pleno casi vacío, sin un solo miembro del Gobierno y con ambiente de mero trámite, culminó el procedimiento exprés iniciado 21 días antes en el Congreso, al día siguiente de la proclamación de Felipe VI como Rey de España.

La garantía procesal, como ocurriese en el Congreso, se aprobó gracias a la mayoría absoluta del PP, a la que se sumaron los cuatro senadores de Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias, con la abstención del PSOE, CiU y Coalición Canaria, y con el voto en contra de IU, Esquerra, PNV y Bildu.

Los aforamientos fueron respaldados por el 64% de la cámara alta, una mayoría amplia pero muy inferior al 90% de consenso logrado en junio para aprobar la ley que permitió la abdicación del jefe del Estado, un acuerdo del que este jueves se cayeron PSOE y UPyD.

Los socialistas explicaron de nuevo su falta de apoyo por motivos formales. Consideran que el Gobierno y el PP, debido a las prisas por dar una protección jurídica a don Juan Carlos, que perdió su inviolabilidad el 19 de junio con la abdicación, han utilizado un procedimiento legislativo tramposo, con enmiendas de urgencia a una ley ya en trámite destinada a regular las libranzas y jubilaciones del personal de Justicia, lo que ha impedido una debate "sereno y transparente" sobre el aforamiento real, con el que sin embargo están de acuerdo. En resumen, como criticaron también todos los demás grupos opositores, una tramitación expeditiva que el propio presidente del Congreso, Jesús Posada, definió como "un poco chapuza".

El bloque del no, además, mostró su disconformidad con que el exjefe del Estado y los otros miembros de la Familia Real que ya no ocupan cargos públicos gocen de este privilegio frente al resto de los españoles, a los que no les caben más que los tribunales ordinarios. Coincidieron en que las prisas y el excepcional alcance del aforamiento hacen pensar en que el Gobierno no solo quiere dar a don Juan Carlos el estatus jurídico que merece por sus 39 años como Monarca, como argumentó el PP, sino que, en realidad, busca "blindarlo" a través del Supremo contra las conocidas demandas de paternidad y otras que pudiesen dirigirse contra él por sus negocios privados.

Esquerra fue más lejos que nadie y propuso que en vez de aforarlo se abra una comisión de investigación para analizar si cometió delitos durante su etapa de jefe del Estado, en especial a la hora de reunir su actual patrimonio, para, en ese caso, ponerlo en conocimiento de la Fiscalía.

EXCEPCIONAL

Don Juan Carlos, doña Sofía, la Reina y la Princesa de Asturias gozarán desde este viernes o el sábado, en todo caso al día siguiente a que la ley se publique en el BOE, de un aforamiento excepcional, muy superior al del presidente del Gobierno y al de diputados y senadores. Las demandas contra ellos, bien por un delito o por cualquier otro aspecto de sus vidas privadas -paternidad, derecho de familia, herencias o acuerdos y negocios particulares- solo podrán ser presentadas y estudiadas por el Supremo. De hecho, con la entrada en vigor de la ley, los procesos que pueda haber abiertos contra estos aforados en juzgados ordinarios, don Juan Carlos al menos tiene uno vivo de paternidad, deberán ser remitidos de inmediato al alto tribunal para que decida si los admite o los cierra.

En el caso de Mariano Rajoy y del resto de altos cargos el aforamiento ante el Supremo solo es para causas penales y para quien les exija responsabilidades civiles vinculadas al ejercicio de su cargo, lo que excluye los pleitos vinculados a su vida privada que los juzgan, de haberlos, los jueces ordinarios, como el resto de los españoles.



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