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El Gobierno de España endurece el control de las bajas laborales

  • Las mutuas intervendrán desde el primer día y sus propuestas de alta deberán ser contestadas por el médico o el INSS

Un hombre sufre estrés en el trabajo

Un hombre sufre estrés en el trabajo

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11/07/2014 a las 06:00
  • colpisa. madrid
Cuando un trabajador asalariado se pone enfermo y no puede trabajar, cobra un subsidio que es la prestación por incapacidad temporal y que supone un porcentaje del sueldo según el tiempo de baja. Los tres primeros días no cobra nada (salvo que se pacte otra cosa en el convenio), del cuarto al decimoquinto día inclusive lo paga la empresa, y desde el decimosexto día lo abona la mutua, que se nutre de las cotizaciones sociales por este concepto. Las mutuas son asociaciones privadas sin ánimo de lucro constituidas por empresarios para gestionar las prestaciones económicas y asistencia sanitaria en las bajas por accidentes de trabajo y contingencias profesionales, y las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivada de contingencia común, es decir, por enfermedad. Se explica así la razón de que los empresarios hayan reclamado reiteradamente que las mutuas tengan más control sobre las bajas laborales y puedan decidir el alta del trabajador.

Este viernes, el Consejo de Ministros tendrá sobre la mesa el anteproyecto de ley de mutuas tras año y medio de elaboración. Con este proyecto, que endurece el control de las bajas laborales, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social "persigue" que permita "reducir el absentismo laboral injustificado y, por tanto, mejorar la competitividad de las empresas". El debate estriba en que los médicos del sistema público advierten de que las mutuas van a decidir las altas con criterios económicos y no sanitarios.

Al final, el proyecto aumenta la intervención de las mutuas en la gestión de las bajas por contingencias comunes, pero no tanto como se había plasmado en los primeros borradores. El Gobierno se ha quedado a medio camino entre lo que reclamaba la patronal y lo que defienden los sindicatos y los médicos del sistema sanitario público. En la actualidad, las mutuas pueden proponer el alta de un trabajador y el médico de atención primaria dispone de 15 días para contestar si la acepta o la deniega. Si no contesta, no ocurre nada. Entonces, la mutua puede reclamar, en otro proceso administrativo, a la inspección del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), quien determinará si procede dar el alta o no. En los primeros borradores de la ley de mutuas, el Gobierno aceptó que, si el médico de atención primaria no contestaba, en cinco días se procedería a dar el alta automática. Esto levantó en armas a los médicos, que lo consideraron un plazo insuficiente y una intromisión en la asistencia sanitaria, y a los sindicatos, que temen que se fuercen las altas antes de tiempo si son las mutuas -es decir, los empresarios- las que deciden.

El anteproyecto de ley establece finalmente que las mutuas podrán intervenir desde el primer día de la baja en el control de las mismas -ahora es a partir del decimoquinto día- y que podrán proponer el alta en una propuesta "motivada" dirigida a la Inspección Médica de los servicios públicos de salud (se comunicará también al trabajador afectado y al INSS). La Inspección Médica "estará obligada" a comunicar a la mutua en un plazo de cinco días si estima o deniega la propuesta de alta. Si tiene que citar a revisión al paciente deberá hacerlo dentro de ese plazo de cinco días. Si el trabajador no acude a la revisión, la mutua suspenderá el pago de la prestación económica desde el día siguiente y tendrá cuatro días para comprobar si la incomparecencia estaba justificada. Si no lo estaba, se extinguirá la prestación.

En el caso de que la Inspección Médica deniegue el alta que propone la mutua o no conteste en el plazo establecido, la mutua podrá solicitar el parte de alta al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que tendrá que decidir en un plazo de cuatro días si procede el alta.

Las mutuas harán las pruebas diagnósticas y tratamientos que consideren necesarios para el alta, previa autorización del médico del sistema público y consentimiento del paciente. En este sentido, las mutuas podrán firmar convenios con las comunidades autónomas -que tienen las competencias en sanidad- para realizar pruebas diagnósticas y tratamientos rehabilitadores y sanitarios, incluidas intervenciones quirúrgicas. En los convenios se fijarán las compensaciones económicas a la Mutua y las condiciones de pago. Además, si las Mutuas disponen de "margen de aprovechamiento" de sus instalaciones, también podrán suscribir convenios con entidades privadas.

Los recursos de las Mutuas proceden de las cotizaciones sociales correspondientes y de los ingresos que obtengan por prestación de servicios. A estos efectos, el anteproyecto de ley determina que la utilización de sus centros por los Servicios Públicos de Salud dará lugar a unos ingresos que se plasmarán como "crédito en el presupuesto de gastos de la Mutua".

CONTROL DE LA MUTUA 

Tras los escándalos acontecidos con algunas mutuas por gastos excesivos o fraudulentos y la intervención de varias de ellas por parte de la Seguridad Social, el anteproyecto aborda la regulación del control y de las remuneraciones de sus directivos. Se incluye la participación de los agentes sociales, así como de las asociaciones de trabajadores autónomos, en las Comisiones de Control y Seguimiento.

También se limitan las retribuciones de los directores gerentes de las mutuas a las que cobran los presidentes de entidades del sector público empresarial -lo que no es decir mucho porque aquí hay bastante heterogeneidad-. Y se establece que los cargos ejecutivos o de control de las mutuas no podrán comprar ni vender activos a las mismas ni celebrar contratos de obras o servicios, salvo empresas de servicios financieros o suministros esenciales, que tendrán que contar con autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Por último, las mutuas se tendrán que desvincular de la prestación de servicios de prevención de riesgos laborales.

AUTÓNOMOS

El anteproyecto regula, además, el cese de actividad de los autónomos. Se mantiene el carácter voluntario de acceso a esta prestación. Por lo tanto, cada autónomo podrá decidir si quiere cotizar para tener derecho a una prestación si cesa en su trabajo. El tipo de cotización se calculará mediante una fórmula matemática para atender las necesidades financieras del sistema, pero nunca será inferior al 2,2% ni superior al 4%. Asimismo, no estarán obligados a cotizar por contingencias profesionales al tiempo que por cese de actividad, sino que irán de forma independiente y voluntaria.

Se suavizan las condiciones para determinar si el autónomo puede decidir el cese de actividad y cobrar la prestación: ya no se le exigirán pérdidas que supongan entre el 20% y el 30% de los ingresos, sino que será suficiente con el 10%. Y bastará su contabilidad para demostrar las circunstancias económicas. En un plazo de cinco años, el Gobierno elaborará un informe valorando el sistema de protección a los autónomos y, en función del mismo, se decidirá si la cotización por cese de actividad se convierte en obligatoria o se mantiene la voluntariedad.


  • jose
    (11/07/14 15:40)
    #1

    cualquiera que haya toreado con esta gente se dara cuenta a lo que nos enfrentamos.El que este enfermo y empeore tendra que pasar por el juzgado a denunciar. Con esta gente no hay otra forma y acabas mas enfermo y sin dinero.Solo obedecen al capitalismo, la salud es otro tema lejano.Y con la  frasecita de  Hay muchos que engañan, ahora la pagamos todos y en este pais muchos politicos y empresarios han engañado robado y reido de todos y se van de rositas y tu enfermo perdido te mandan a trabajar para ellos ser mas competitivos.esto no se deberia permitir

    Responder


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