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TRIBUNALES

El vicealcalde de Valencia y "hombre fuerte" de Barberá, imputado en Nóos

  • El magistrado ve "indicios fundados de criminalidad" de que Alfonso Grau participó para organizar las tres cumbres Valencia Summit

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Actualizada 13/05/2014 a las 16:40
  • EFE. Palma/Valencia,
El juez del caso Nóos ha citado a declarar este sábado en Palma como imputado a Alfonso Grau, vicealcalde de Valencia y considerado el "hombre fuerte" de la alcaldesa Rita Barberá, ante los "indicios fundados de criminalidad" en su participación para organizar las tres cumbres Valencia Summit.

La imputación de Grau, que declarará a las 16.00 horas, había sido solicitada por el grupo municipal socialista de Valencia, que ejerce la acusación popular en el caso, aunque la Fiscalía Anticorrupción se adhirió a la petición.

Para Barberá, la imputación de su "número dos", que le acompaña en el equipo de gobierno desde 1995, no pasa de ser "un trámite" que otorga, ha dicho, una mayor "clarificación y garantía de su defensa".

El juez asegura en el auto hecho público este martes que "existen indicios fundados de criminalidad" en los hechos relacionados con la firma y ejecución de los convenios suscritos entre el Instituto Nóos, la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (presidida por Grau) y la Ciudad de las Artes y las Ciencias SA (Cacsa) para celebrar las cumbres llamadas Valencia Summit en 2004, 2005 y 2006.

Tanto Cacsa como la fundación se comprometieron a pagar un canon fijo de 450.000 euros más IVA por edición (1.044.000 euros), más los gastos del desarrollo del evento, que el Gobierno valenciano cifró en 108.246 euros en 2004, 170.797 euros en 2005 y 145.835 euros en 2006.

Según la Agencia Tributaria, Nóos ingresó por las tres cumbres un total de 3,6 millones de euros, si bien los gastos directamente relacionados con los eventos ascenderían a 856.547 euros.

Castro aprecia indicios de criminalidad a partir de las declaraciones de varios testigos en esta causa los pasados 11 y 12 de abril en Valencia y de unos informes de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad de Apoyo a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre la naturaleza jurídica de la Fundación Turismo Valencia y la aplicación a dicha entidad de la Ley de Contratos de la Administración en el momento de los hechos.

Según el juez, existen "indicios racionales" de que en las diferentes contrataciones "se orilló el interés general, se prescindieron de los obligados cauces administrativos de contratación y no se llevó a cabo ningún estudio previo de viabilidad ni de ajuste a los precios de mercado".

Tampoco, de acuerdo con el juez, se fiscalizó cómo se desarrollaba el convenio ni se pidió a Nóos que justificara el destino de los fondos públicos recibidos.

El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig, ha calificado de "lamentable" que Barberá "se escude" en Grau "para rehuir sus responsabilidades políticas" por el caso Nóos y ha considerado que "debería dar explicaciones de por qué la Fundación actuó de esta manera irregular".

Calabuig ha emplazado Grau a renunciar a la presidencia de la Fundación, mientras que Compromís ha ido más allá al pedir su dimisión como vicealcalde de la ciudad y su renuncia al acta de concejal, y ha pedido a la alcaldesa una comisión de investigación y que se paralicen las aportaciones municipales a Valencia Turismo.

EU también ha pedido la dimisión de Grau como vicealcalde, así como la disolución de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau como entidad privada y su paso a manos municipales.

Alfonso Grau, de 73 años, viudo y con dos hijas, es médico cirujano y además de vicealcalde (cargo creado en la actual legislatura) es responsable del área de dinamización económica y empleo del Ayuntamiento, así como concejal de Turismo y de gestión delegada del Parque Central y Plan del Cabanyal.

Considerado "hombre fuerte" de Rita Barberá, defensor de sus grandes proyectos y ariete de la oposición, se verá previsiblemente obligado a apartarse de la vida política en la próxima legislatura, tal y como marca la "línea roja" del president de la Generalitat y del partido, Alberto Fabra, a no ser que su situación procesal se resuelva favorablemente para él antes de un año.



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