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JUSTICIA

La reforma de la justicia universal hace agua

  • La reforma exprés de la justicia universal por las presiones chinas escandaliza a jueces y fiscales, consternados por la impunidad creada ahora contra el narcotráfico
  • La Audiencia Nacional ordenó en noviembre la captura del expresidente Jiang Zemin y en solo cuatro meses el PP liquidó la jurisdicción para contentar a China

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04/05/2014 a las 06:00
  • COLPISA. MADRID
"Las prisas son malas consejeras y generan más perjuicios que beneficios. La reforma de la justicia universal es una chapuza. Les advertimos de los daños colaterales. Les dijimos qué ocurriría con el narcotráfico internacional y los detenidos, pero no nos hicieron caso". Acodado en una mesa de madera noble, rodeado de una pila de folios y clasificadores, un alto cargo de la Audiencia Nacional que prefiere el anonimato mascullaba esta reflexión la mañana del 11 de abril.

Acababa de conocer el segundo auto de excarcelación de narcos detenidos en alta mar en los últimos días. Ocho sirios y ocho egipcios apresados en el mar de Alborán y a 60 millas al sureste de Almería con 22 toneladas de hachís, que fueron mandadas a una incineradora.

Los jueces centrales de instrucción, Fernando Andreu y Javier Gómez Bermúdez, les dejaron en libertad porque la reforma de la justicia universal aprobada por el Gobierno les quitaba la competencia para investigarlos. Así lo ratificó este lunes el pleno de la Sala de lo Penal, su órgano superior. "Es frustrante", señaló Gómez Bermúdez en su resolución. "Es la voluntad del legislador español", justificó Andreu en la suya del 8 del abril.

Esta fue la primera vez que un juez excarcelaba a traficantes de droga extranjeros tras la modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que reducía a la mínima expresión la aplicación de esta jurisdicción. Una norma que se introdujo en 1985 y situó a España como garante mundial de los derechos humanos, que permitió detener al exdictador chileno Augusto Pinochet, juzgar al capitán argentino Adolfo Scilingo o investigar delitos de genocidio o lesa humanidad en lugares remotos.

Además, la ley amparaba hasta ahora, ya no, el registro, detención e incautación de 'narcobarcos' más allá de las 12 millas náuticas de jurisdicción nacional, 22,2 kilómetros. Ello pese a que la nave sospechosa estuviera de paso y sus marineros fueran extranjeros y no tuvieran relación con el crimen organizado español. Lo mismo que ocurría con la trata de seres humanos o el comercio ilegal de armas.

Pero no solo el fondo de la reforma orquestada por el Ministerio de Justicia ha causado malestar en la Audiencia Nacional, cuyos jueces se resisten a cerrar investigaciones como la muerte de José Couso, también han sorprendido las formas. No hay discusión de que los intereses políticos y económicos están detrás de este embrollo jurídico y los posteriores daños colaterales en la lucha contra el narcotráfico mundial.

El punto de no retorno tuvo lugar el 10 de octubre de 2013. La Sala de lo Penal desempolvaba el sumario del supuesto genocidio perpetrado en el Tíbet desde 1980. El tribunal imputó al entonces secretario general del Comité del Partido Comunista, Hu Jintao, y confirmaba la acusación contra el expresidente chino Jiang Zemin, quien el 19 de noviembre pasó a estar en busca y captura por Interpol.

EL 'EFECTO JIANG ZEMIN'

La noticia apenas ocupó una columna en los medios de comunicación, pero fue la punta del iceberg de la batalla diplomática emprendida por la embajada china en España desde la imputación de Hu Jintao. "China expresa su fuerte malestar y su firme oposición a las instituciones españolas, que manipulan este asunto. Esperamos que las partes relevantes en España tomen con seriedad la preocupación y no dañen a China", advirtió el 20 de noviembre el portavoz de Exteriores chino Hong Lei desde Pekín.

Las quejas hicieron efecto y el Gobierno puso en marcha la maquinaria judicial para no ofender al gigante asiático. En juego estaba nada menos que los 75.000 millones de deuda española comprada por China, cerca del 8% del pasivo que arrastra el Tesoro, según fuentes del mercado. "Así se las gasta Pekín", se comentaba en los círculos diplomáticos españoles.

El 24 de enero, solo dos meses después de las proféticas palabras del portavoz chino, el grupo parlamentario del PP anunciaba una proposición de ley para modificar por vía de urgencia el artículo 23 de la ley del Poder Judicial. El propio portavoz popular en el Congreso, Alfonso Alonso, manifestó que era una reforma deseada por el Gobierno porque la justicia universal era ineficaz y creaba problemas diplomáticos. "Es una ley muy querida por Exteriores", dijo.

Las prisas quedaron de manifiesto en la tramitación parlamentaria. El PP utilizó su mayoría absoluto para rechazar la petición del PSOE para que se consultase al Consejo General del Poder Judicial. En 25 días se aprobó la reforma con los 180 votos del PP y 137 abstenciones, los de la oposición en pleno.

La iniciativa venía a ahondar en la reforma ya realizada en 2009 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, mediante la cual se estableció que la Justicia española solo podía perseguir casos de genocidio, lesa humanidad o narcotráfico cuando hubiera vínculos relevantes con España. Sin embargo, sí permitía perseguirlos si no existía un proceso abierto en el país de origen del investigado.

Pero con la modificación del PP se dio una vuelta de tuerca para obstaculizar estas vías, que abocaban al archivo casi todas las causas abierta en la Audiencia Nacional. Especial cuidado se puso en el caso del Tíbet, que el juez Ismael Moreno ya ha cerrado. No obstante, será el Constitucional quien dictamine si la reforma vulnera derechos fundamentales, como cree la Fiscalía.

El 14 de marzo el BOE publicó la nueva ley, todo en tiempo récord. Habían pasado cinco meses desde la imputación de Hu Jintao y menos de cuatro desde la orden de detención de Jiang Zemin. Tras la tramitación, el embajador chino Bangzao Zhu expresó su gratitud en una conversación con periodistas tras un acto con el ministro de Asuntos Exteriores. "Esperamos (que Mariano Rajoy) pueda venir este año (a China) tras la solución adecuada del problema presente", afirmó el 12 de marzo.

Cerrada la crisis, solo transcurrieron tres semanas hasta que se visibilizaron los agujeros de la ley en la lucha contra el narcotráfico. Hubo 29 excarcelaciones, a las que se podrían sumar otras siete. "Si pretenden convertirnos en los gendarmes mundiales en aguas internacionales no puede hacerse", justificó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Luego matizó que los 'narcobarcos' deben denunciarse a "tribunales competentes", en referencia a los de otros países.

Las dos teorías es que al limitarse las operaciones en alta mar con Vigilancia Aduanera, Policía y Armada española se reducen costes. La otra es que Gallardón no quiere asumir la carga política de una reforma que tras muchas prisas y presiones hace aguas.



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