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Casa Real

El Gobierno extiende la condición de aforados a la Reina y los Príncipes

En caso de ser imputados, el proceso tendría que ser remitido al Alto Tribunal, al igual que sucede con los miembros del Gobierno

La reina, los príncipes y la infanta Elena asisten a la misa de Pascua de Palma

Misa de Pascua en Mallorca_10

Misa de Pascua en Mallorca

AGENCIAS
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Actualizada 04/04/2014 a las 18:04
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  • efe. madrid
El Gobierno decidió este viernes incluir en la condición de aforados ante el Tribunal Supremo a la Reina y los Príncipes de Asturias, lo que quiere decir que, en el caso de ser imputados, el proceso tendría que ser remitido al Alto Tribunal, al igual que sucede con diputados, senadores y miembros del Gobierno.

Se trata de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo anteproyecto vio este viernes el Consejo de Ministros, y que introduce entre sus novedades que también serán aforados ante el Tribunal Supremo la Reina consorte, el consorte de la Reina, el Príncipe heredero y su consorte.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aseguró que, para tomar esta decisión, se han tenido en cuenta las funciones de Estado que, dentro de la Familia Real, realizan directamente la Reina y los Príncipes de Asturias.

Incidió en que la Reina comparte las funciones de Estado que realiza el Rey, como también lo hacen, "con especial intensidad", los Príncipes de Asturias.

Por este motivo, se ha excluido de la condición de aforado a las infantas y sus consortes, respondió Ruiz Gallardón al ser preguntado por si la decisión del Ejecutivo está relacionada con la imputación de Iñaki Urdangarín en el caso Nóos y la declaración en este proceso de su esposa, la infanta Cristina.

Ruiz Gallardón salió al paso también de quienes puedan pensar que el aforamiento es "un privilegio" al subrayar que esta figura limita también la posibilidad de recurrir una decisión judicial, ya que el Supremo es un tribunal de última instancia.

Se trata, dijo, de un instrumento para "aumentar la seguridad jurídica sobre personas que el legislador y la propia Constitución entienden que debe ser objeto de una tutela por razón de las funciones que se le encomiendan".

El ministro ha recordado que no hay necesidad de extender el aforamiento al Rey puesto que la Constitución ya establece en su artículo 56 que "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad".

Asimismo, negó que la decisión de extender la condición de aforado a miembros de la Familia Real decidida el viernes por primera vez en la historia de España, esté relacionada con la redacción de un estatuto específico para la Casa Real.

En ese sentido, explicó que la Constitución lo que establece en el artículo 57.5 es que "las dudas de hecho o de derecho" relacionadas con la Corona se resolverán por una ley orgánica, lo que no supone que la Carta Magna obligue a la aprobación de esta norma.

"No lo hace; lo que dice ese artículo de la Constitución es que si surge una duda de hecho o derecho se tiene que resolver esa duda a través de una ley orgánica. Esa es la interpretación que han hecho todos los constitucionalistas de ese artículo, por eso no existe ninguna necesidad de hacer un estatuto general", manifestó. 

Ruiz-Gallardón ha defendido esta reforma argumentado que no tenía ningún sentido que un ministro estuviese aforado ante el Tribunal Supremo y que el Príncipe Heredero de la Corona o la Reina no, lo que "era una disfunción que carecía completamente de sentido".

Dijo que para esta nueva ley se ha partido de cero, se han repasado "todas y cada una de las nuevas realidades" relacionadas con la institución en otros países y se ha buscado dar "coherencia".

"No recuerdo ningún país que afore, por ejemplo, a un ministro y no afore al Príncipe heredero, eso carecería totalmente de sentido", señaló.


  • ana
    (05/04/14 13:15)
    #2

    la justicia es igual para todos, JA JA JA!!!!!, lo que hay que leer.... que no haya privilegios para nadie, o sea, aforamiento, entoces la justicia será justicia

    Responder

  • Salma Iriarte
    (04/04/14 23:14)
    #1

    Por supuesto que son privilegios. Los jueces de las altas instancias de la justicia se nombran por designación política. Lo que no quiere el poder político es que las altas instancias del Estado puedan ser juzgadas por jueces independientes de los partidos políticos. Cuanto más se sube en el escalafón judicial , más dificil es encontrar jueces que no estén contaminados por el poder legislativo o ejecutivo.

    Responder


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