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TRIBUNALES

Condenado un "gorrilla" que mató a otro en una pelea por su zona de actuación

  • La Audiencia de Sevilla impuso una pena de cinco años de prisión para el acusado, que quitó la vida a la víctima "a patadas"

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Actualizada 22/03/2014 a las 12:23
  • EFE. SEVILLA
La Audiencia de Sevilla condenó a cinco años de cárcel a un "gorrilla" o aparcacoches ilegal que mató a otro a patadas en una pelea por su zona de actuación en Sevilla.

Una sentencia de la Audiencia, aplica al acusado, Enrique C.S., la atenuante de arrebato porque actuó "ofuscado" por la actitud de la víctima al pretender ejercer como gorrilla en su zona.

También le aplica la atenuante de drogadicción desde hace veinte años respecto al cannabis, cocaína, heroína y alcohol.

Los hechos ocurrieron el 13 de abril de 2013 en el entorno de la sede del Parlamento de Andalucía en Sevilla, cuando la víctima, Antonio A.B., intentó ejercer como "gorrilla" en la zona que supuestamente era propiedad de Enrique C.S. y un automovilista repartió la propina entre los dos.

Según la sentencia, el acusado golpeó a la víctima a patadas hasta que finalmente le propinó una "fuerte patada" en la cabeza a sabiendas de que con ella podría producirle la muerte, como así ocurrió.

El veredicto se basa en el testimonio de varias personas que vieron al acusado golpear a Antonio hasta que lo arrojó contra los barrotes de una reja y, cuando la víctima intentaba incorporarse tras las acometidas del acusado, le propinó una fuerte patada en la cabeza que le produjo convulsiones y la muerte escasos minutos después.

Tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular, la Audiencia ha condenado a Enrique C.S. por un delito de homicidio, si bien la juez opta por el grado mínimo de 5 años de cárcel teniendo en cuenta que en el caso concurren dos atenuantes y ninguna agravante.

La ofuscación, según la sentencia, se produjo al comprobar que el agredido intentaba ejercer en la zona como "gorrilla", actividad que constituía "el modo de vida del acusado".

El fallo rechaza que el procesado actuase en legítima defensa, pues "en ningún momento se produjo una agresión por parte de la víctima", que llevaba en la mano un trozo pequeño de hierro u otro metal pero no llegó a utilizarlo en ningún momento.

Junto a la pena de cárcel, la sentencia impone al acusado el pago de 62.000 euros a cada una de las dos hijas del fallecido.



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