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CASO DE LOS ERE

La juez impone una fianza de 29 millones a Magdalena Álvarez

  • La magistrado considera a la exministra y exconsejera andaluza una de las artífices del sistema ilegal de ayudas

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Actualizada 12/03/2014 a las 11:42
  • EFE. Sevilla
La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza civil de 29.568.129 euros a la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez como una de las artífices de un sistema ilegal de ayudas que perduró más de una década.

Un auto de la juez Mercedes Alaya calcula esa cifra "grosso modo" teniendo en cuenta las ayudas concedidas hasta el 31 de diciembre de 2003 y puesto que Álvarez ocupó el cargo de consejera de Economía de la Junta de Andalucía desde 1994 hasta febrero de 2004.

Alaya la considera artífice, "en connivencia con otros", de un "procedimiento ilegal de concesión de subvenciones" que se prolongó entre 2000 y 2011.

También ha establecido la juez una fianza de 22.176.096 euros para el que fue viceconsejero de Hacienda mientras Álvarez estuvo al frente de ese departamento, José Salgueiro, y otra fianza de 8.870.438 euros para el que fue secretario general técnico de la Consejería de Hacienda durante el mismo periodo, Antonio Estepa Giménez.

El auto señala que los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos, y que las fianzas se han calculado siguiendo el principio de proporcionalidad en su triple vertiente de "gravedad, necesariedad e idoneidad".

Las medidas cautelares tienen como finalidad, según la juez, la devolución "en la medida de lo posible del dinero que de manera indiciariamente ilícita ha salido del erario de la Junta".

Según el auto, los tres inculpados "serían promotores, en connivencia con otros, del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales que se instaurarían en la Administración Autonómica desde el año 2000 y que perdurarían hasta el año 2011".

"Dicho procedimiento consistía en dotar a la Consejería de Empleo de un crédito presupuestario, las denominadas 'transferencias de financiación', legalmente inadecuado para el otorgamiento de tales subvenciones", según añade el auto.

Ese sistema suponía la "vulneración flagrante" del procedimiento legalmente establecido, eludiendo los requisitos legales de tramitación y fiscalización propios de las subvenciones públicas.

También considera que la adopción de ese procedimiento "al margen de la ley" se efectuó "en virtud del interés de la Junta de Andalucía de dar mayor agilidad a los procesos de ayudas sociolaborales, pretendiéndose como finalidad básica eludir el control de legalidad que significaba la fiscalización previa de la Intervención en los expedientes de subvenciones".

El auto agrega que "este uso ilegal de fondos públicos se permitía por los inculpados, a sabiendas de que en virtud de dicho procedimiento la concesión de subvenciones sociolaborales necesariamente se realizaría con absoluta discrecionalidad, y de forma totalmente opaca, incumpliendo los más elementales principios de actuación de la Administración".

Los principios incumplidos a los que se refiere la juez son los de imparcialidad, transparencia y no discriminación, además de los de publicidad, libre concurrencia, objetividad e igualdad.

Según el auto, en los años 2000 y 2001 "se optaría por actuar al margen de la Ley de Presupuestos" utilizando la vía de las modificaciones presupuestarias, un total de siete modificaciones que supusieron un total de 93 millones de euros.

Después de esos "dos años de andadura" se introdujo esa partida presupuestaria de las transferencias de financiación en el Presupuesto, para lo cual "se aprovecharía la complejidad del lenguaje presupuestario, pues la clasificación económica del gasto por artículos y subconceptos sólo es accesible a expertos".

El auto señala que los anteproyectos de Presupuesto elaborados por la Consejería de Hacienda "serían frontalmente contrarios a gran parte del ordenamiento".

"En virtud de los compromisos, cada vez más numerosos, asumidos por la Consejería de Empleo al margen de la ley, lo cual podía generar menoscabo de los fondos públicos, los imputados a través del desempeño de sus cargos en la Consejería de Economía y Hacienda contribuirían a alimentar la ilícita partida con la tramitación de nuevas modificaciones presupuestarias", que en 2002 fueron cinco modificaciones que ascendieron a 32,19 millones de euros.


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