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JUSTICIA

Aprobado el proyecto de ley para que nadie quede fuera de la justicia

  • Alberto Ruiz-Gallardón ha explicado que se amplían los supuestos y los umbrales de renta que dan derecho a este servicio público

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha comparecido en la habitual rueda de prensa del Consejo de Ministro.

Aprobado el proyecto de ley para que nadie quede fuera de la justicia

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha comparecido en la habitual rueda de prensa del Consejo de Ministro.

efe
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Actualizada 21/02/2014 a las 17:10
  • EFE. MADRID
El Gobierno ha aprobado este viernes el proyecto de Ley de Justicia Gratuita que amplía sus beneficiarios con el objetivo de facilitar el acceso a la misma y que "nadie quede fuera de los tribunales" por carecer de recursos, en palabras del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Alberto Ruiz-Gallardón ha explicado que se amplían los supuestos y los umbrales de renta que dan derecho a este servicio público.

Ha destacado como una de las principales novedades que tendrán derecho a justicia gratuita independientemente de sus ingresos las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos así como los menores y discapacitados psíquicos víctimas de abusos y las víctimas de accidentes con secuelas permanentes que reclamen indemnizaciones por daños.

También las asociaciones de víctimas del terrorismo, además de sindicatos, organizaciones de discapacitados y de consumidores y Cruz Roja.

Asimismo, el umbral para acceder a la justicia gratuita pasa de dos veces el salario mínimo interprofesional anual (14.910 euros) a 2,5 veces el indicador de renta de efectos múltiples -IPREM- (19.170 euros), aunque en circunstancias especiales familiares, de salud o de discapacidad habrá cobertura con ingresos de hasta cinco veces el IPREM (31.950 euros).

Las asociaciones de utilidad pública y las fundaciones han visto elevado el umbral para beneficiarse de tres a cinco veces el IPREM (de 19.170 a 31.950 euros).

Otras novedades son la incorporación al sistema de los graduados sociales en procedimientos laborales y el establecimiento de nuevos controles para evitar abusos y fraudes.



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