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La inversión en obra pública seguirá cayendo, al menos, hasta 2016

  • El Gobierno prevé un ajuste adicional de 3.250 millones, mientras la patronal de las constructoras alerta de una situación "critica"

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Actualizada 02/02/2014 a las 18:19
  • AGENCIAS. MADRID
El sector de la construcción lleva debatiéndose los últimos años entre sus particulares 'yin' y 'yang', dos situaciones radicalmente opuestas para su negocio. Mientras la actividad internacional parece ir viento en popa -el 83% de la cartera de obras de las grandes compañías procede ya del exterior- pese a tropiezos como el de Sacyr en la ampliación del Canal de Panamá, la nacional no levanta cabeza.

Los 46.701 millones de euros que se licitaron en obras públicas en España en 2006 o los 40.354 millones de 2007, sólo superados por los máximos históricos alcanzados a finales de los 80 (50.000 millones en un año) gracias a megaproyectos vinculados con los fastos de 1992, se antojan hoy un sueño remoto. Sólo entre 2010 y 2012, el importe de los contratos adjudicados se ha reducido una media del 42% por ejercicio.

Los datos provisionales de 2013 (sólo hasta noviembre) parecen reflejar una esperanzadora recuperación del 14%, aunque hablamos de un volumen anual de 8.000 millones de euros, casi cinco veces menos que cuando empezó el declive económico del país en 2008. Buena parte de ese crecimiento procede de la inversión vinculada al ciclo integral del agua, que el año pasado sumó más de 900 millones y casi duplicó el montante del ejercicio anterior.

Lo bueno es que, según las cifras que maneja el sector, en ese ámbito hay un déficit inversor de entre 18.000 y 20.000 millones de euros -reconocido también desde la Unión Europea, que ha emplazado a Moncloa a ponerle solución-; por lo tanto, queda aún mucho recorrido. Lo malo es que no parece que el Gobierno tenga previsto avanzar mucho en ello durante los próximos años.

Los últimos planes presupuestarios del Gobierno revelan que el camino de la inversión pública marchará en la dirección contraria, al menos, hasta 2016. Vistas las caídas de los últimos años, habría que hablar más bien de nuevos descensos encadenados que mantendrán "una atonía claramente negativa". Es el escenario que, tras analizar esas cifras, manejan en SEOPAN, la patronal de las grandes constructoras.

Su presidente, Julián Núñez, no duda en calificar de "critica" la situación actual del sector a nivel nacional, "sin que se atisben cambios a medio plazo" y dentro de una coyuntura económica "muy difícil". Tanto que las principales firmas, que acumulan una deuda superior a los 50.000 millones de euros, tuvieron que vender en 2013 activos por valor de más de 7.000 millones para reducirla, además de tratar de renegociar las condiciones de ese pasivo para ampliar los plazos de pago.

DE MAL... A PEOR 

Por eso, desde un sector que representa el 14% del Producto Interior Bruto (PIB) y el 12% del empleo no se entiende que la inversión pública haya sido la más damnificada por los ajustes en los últimos años: un 59% del 'tijeretazo' aplicado entre 2010 y 2012, que aumentará con los datos cerrados de 2013. Peor aún le irá en los próximos años. El Ministerio de Hacienda prevé que esa partida (medida como formación bruta de capital fijo) pase de suponer el 1,4% del PIB en 2012 a sólo el 1,1% en 2016. Lejos quedan el 3% de 2011, el 4% de 2010 y el 4,5% de 2009.

Las cuentas son claras. En ocho años la inversión pública se habrá reducido en cerca de 30.000 millones y solo en los tres próximos el Gobierno prevé un ajuste adicional de 3.250 millones. Y eso en el escenario más optimista de los que ha planteado a la Unión Europea en sus planes plurianuales. Llegado 2016, habrá marcado el mínimo histórico de la serie disponible desde 1960, con una caída del 73% sobre 2010.

En el camino, España se situará en 2015 en la última posición del ranking inversor de la UE, con una ratio un 56% inferior a la de los últimos 18 años y muy por debajo de los grandes, desde Alemania (-71%) hasta Francia (-74%), pasando por Italia (-78%) y el Reino Unido (-173%). Desde SEOPAN apuntan una primera solución: reactivar la cartera de obras del Estado pendiente de ejecución, que asciende a 30.000 millones.

HACIENDA APUNTILLA AL SECTOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

"Ya es malo negociar con las cartas marcadas, pero si encima te cambian las reglas a mitad de la partida...". Así critican las concesionarias de autopistas la sorpresiva aprobación hace una semana de un cambio sustancial en la Ley de Contratos Públicos que permite al Estado, y con carácter retroactivo, no pagar las deudas generadas por las expropiaciones vinculadas a las obras públicas aunque con ello Hacienda pensaba, sobre todo, en la patata caliente de las vías de peaje que están en concurso y los 2.000 millones de euros de deuda que hay en juego.

Mientras la banca acreedora y las empresas estudian recurrir ante la Audiencia Nacional, en el sector de la construcción la preocupación es evidente. "Se ha roto un sistema -el de la responsabilidad patrimonial del Estado, que ahora queda muy restringida- con el que se han venido haciendo todos los proyectos de infraestructuras en los últimos 25 años". El daño, advierten, "puede ser definitivo".




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