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Caso Nóos

La defensa de la infanta pasa por señalar a su marido

  • Los abogados de Cristina de Borbón saben que su única posibilidad de exculparla es apuntar a Urdangarin como responsable de todo
  • Sus puntos más débiles son el uso durante años de la tarjeta de Aizoon y haber aprobado todas las cuentas de la sociedad fantasma

La infanta Cristina y su esposo, Iñaki Urdangarin, atienden a la prensa.

La infanta Cristina y su esposo, Iñaki Urdangarin, atienden a la prensa.

efe
0
09/01/2014 a las 06:01
  • COLPISA. MADRID
La defensa de la infanta, tanto en un posible recurso de apelación ante la Audiencia Provincial como en una todavía hipotética declaración ante el juez, pasa sí o sí por poner encima de la mesa una cabeza de turco, la de su marido. Según coinciden todas las fuentes jurídicas y judiciales del caso consultadas, los abogados de Cristina de Borbón solo tienen una estrategia posible para intentar exculpar a su cliente, endosar a Urdangarin la responsabilidad de todas las irregularidades fiscales que cometió durante años Aizoon, la empresa pantalla del matrimonio usada supuestamente para desviar a bolsillos privados cerca de un millón de dinero público y que, según el juez José Castro, fue usada también durante años para defraudar a Hacienda.

Los letrados Miquel Roca y Jesús María Silva todavía debaten cómo recurrirán la decisión de Castro de citar a la duquesa como imputada el 8 de marzo ante la Audiencia Provincial. Pero sobre lo que no tienen dudas es que su cliente se enfrenta al mismo problema que todos los acusados de delitos fiscales, una sólida base documental de facturas y declaraciones que prueban de forma palmaria que Aizoon jamás tuvo actividad real y que, como sostiene el magistrado, fue usada por el matrimonio Urdangarin-Borbón como una suerte de caja familiar, incurriendo en el doble delito de no tributar como IRPF esos ingresos y, de paso, aminorar la base imponible del Impuesto de Sociedades de Aizoon al cargar como gastos compras y servicios privados que nada tenían que ver con la falsa inmobiliaria y consultoría que jamás vendió un piso y nunca asesoró.

La defensa de la infanta no puede negar que su cliente se beneficiara de esos desfalcos hechos a través de Aizoon porque son decenas los documentos que prueban que ella y sus hijos disfrutaron, a cuenta de las arcas de la compañía familiar y no del sueldo de la infanta o su marido, de costosos viajes al extranjero, de estancias en lujosos hoteles, de comidas en restaurantes, de fiestas privadas, de cursos de formación en 'coaching', empresas de ocio infantil, de lecciones de baile.en total 262.120 euros. O que cargaron como gastos de empresa 436.703 euros de la reforma del palacete de Pedralbes.

La cifra del desfalco conjunto es importante. Según la Agencia Tributaria, los duques de Palma usaron 698.824 euros de la caja de Aizoon para abonar gastos personales que luego cargaron como si fueran proveedores de la inmobiliaria fantasma. Pero, recuerdan fuentes de los juzgados de Palma, la responsabilidad penal es "individual" y "Aizoon no puede ir a la cárcel". La única salida para la infanta, por tanto, es culpar de todo al "administrador único" de la sociedad, su marido. Una tesis que, según anticipó el martes el juez, cree inverosímil habida cuenta de que Aizoon, lejos de ser una multinacional con miles de accionistas, era una empresa familiar con solo dos socios, que, además, son matrimonio. Aun así, admiten en el juzgado de Palma, la doctrina sobre la responsabilidad del "socio no administrador" es a veces contradictoria.

NO EMPEORA

La tesis de apuntar contra Urdangarin, explican estas mismas fuentes, complicaría poco o muy poco la situación ya muy delicada del duque de Palma. Urdangarin está acusado ya de de tres delitos fiscales. El primer delito contra la Hacienda Pública lo cometió como responsable del Instituto Nóos en 2007 con el impuesto de sociedades, mediante facturas falsas. El segundo, también en ese año, por haber tributado a través de Aizoon 645.453 euros de sus trabajos de asesoramiento a seis empresas, cuando debía haberlo hecho en su IRPF y no como impuesto de sociedades. El tercero es la misma práctica, pero en el ejercicio fiscal de 2008, cuando facturó a través de Aizoon 494.156 euros por sus trabajos privados.

Se trata de delitos muy difíciles de rebatir, hasta el punto de que la propia defensa de Urdangarin ya se ha declarado dispuesta a aceptarlos a cambio de una multa. Ahondar en esos delitos con nuevas irregularidades por los gastos familiares cargados a Aizoon "tendría en la práctica pocas consecuencias penales más para Urdangarin", apuntan expertos penalistas del caso, que anticipan que los abogados del duque tendrán que dar la batalla para intentar exculparle de otros delitos, malversación, fraude a la Administración y prevaricación, pero no por los fiscales, que están ya perdidos de antemano.

Sin embargo, la estrategia de echar la culpa de todo lo que ocurría en Aizoon a Urdangarin tiene varias lagunas, pero dos por encima de todo. La primera es que presentar a la infanta como la "socia no administradora" ignorante de todo casa mal con el hecho de que en el sumario figuran las actas que prueban que Cristina de Borbón participó en todas las reuniones de la Junta General Ordinaria de Aizoon, desde su nacimiento hasta la actualidad, según los documentos que firmaba su marido. En esos encuentros se aprobaban por unanimidad de los dos socios unas cuentas a las que la hija del Rey daba el visto bueno y en las que se certificaba periódicamente que todos los beneficios de la sociedad se pasaran a "remanente", que luego se repartía a base de cargar gastos privados, evitando repartir dividendos entre los socios, lo que hubiera obligado a tributar ese dinero como "capital mobiliario".

Tampoco encaja con esa estrategia de desconocimiento total el uso que hizo la hija del Rey durante siete años de la Visa Oro Bussines de Aizoon para, entre otras cosas, pagar ropa para sus hijos, material escolar, floristerías, autopistas y comidas en restaurantes catalanes. Gastos todos ellos que, obviamente, nada tenían que ver con la sociedad de la que tenía una tarjeta de crédito a su nombre.



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