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espionaje político

Archivado el caso de espionaje a Alicia Sánchez-Camacho

  • La Audiencia de Barcelona entiende que el perdón que otorgó a los imputados "extingue la acción penal"
  • Pese al acuerdo alcanzado con la agencia Método 3 la jueza había desechado archivar la causa

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Actualizada 09/12/2013 a las 15:54
  • efe. barcelona
La Audiencia de Barcelona ha archivado la causa por el presunto espionaje a la líder del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, al entender que el perdón que otorgó a los detectives imputados por grabar su conversación "extingue la acción penal", una decisión que la Fiscalía estudia recurrir ante el Supremo.

En un auto, la sección sexta de la Audiencia ha decretado así el sobreseimiento libre de la investigación abierta al director de la agencia de detectives Método 3, Francisco Marco, tres exempleados de la misma y la gerente del PSC, Luisa Bruguer, por la grabación del almuerzo que Sánchez-Camacho mantuvo en 2010 en el restaurante La Camarga de Barcelona con María Victoria Álvarez, excompañera de Jordi Pujol Ferrussola.

El pasado mes de julio, tanto Sánchez-Camacho como María Victoria Álvarez presentaron un escrito ante la juez que investigaba la grabación de su almuerzo en el que renunciaban a las acciones penales tras un acuerdo económico alcanzado con Método 3, que indemnizó a la líder del PPC con 80.000 euros.

Pese al "perdón del ofendido" otorgado por Sánchez-Camacho, figura jurídica en que se fundamentó el acuerdo con Método 3, la juez desechó archivar la investigación abierta por la grabación de La Camarga de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, que alegaba que la causa debía seguir adelante por ser de interés general -al afectar a una senadora y diputada- y porque el pacto con la agencia de detectives no alcanzaba a la persona que encargó la grabación.

Sin embargo, la Audiencia considera que si todos los agraviados otorgan el perdón del ofendido, "el efecto inmediato es la extinción de la acción penal, sin que el Ministerio Fiscal pueda sostener la misma con fundamento en la pretendida existencia de tales excepciones".

Respecto al argumento esgrimido por la Fiscalía de que la causa atañe a los intereses generales por la condición de cargo público de Sánchez-Camacho, la sala ciñe el debate a los "bienes jurídicos afectados" de la perjudicada, "y no a las consecuencias que se deriven del mismo por el tratamiento que a través de los medios de comunicación se produzcan o del aprovechamiento político que pueda pretenderse a partir del mismo".

"Y este tribunal no alcanza a entender qué aceptación de estos intereses generales pudiera producirse por el ataque del derecho a la intimidad de dos personas concretas, aunque una de ellas ocupe cargos públicos, cuando ambas han otorgado expresamente el tantas veces mencionado perdón y solicitado el archivo de las actuaciones", añade el auto.

La sala admite que el perdón del ofendido no puede aplicarse en caso de discapacitados o menores o en tipos delictivos como la agresión, el acoso o el abuso sexual, pero, a su parecer, "cualquier interpretación que lleve esos límites más allá de lo expresamente determinado por la ley lo será en perjuicio del reo y resulta inaceptable en el ámbito del derecho penal".

La sala insiste en que, de lo investigado hasta ahora, no se desprenden indicios que permitan la imputación de un delito distinto del inicialmente denunciado -revelación de secretos- ni de otras personas agraviadas fuera de las dos otorgantes del perdón, pero si ese es el caso "nada obsta a que se incoe un procedimiento distinto", al margen del archivado.

La decisión de la juez instructora de seguir adelante con la investigación, una vez otorgado el "perdón del ofendido" por Sánchez-Camacho y María Victoria Álvarez, motivó que la Policía Nacional registrara la sede del PSC de Barcelona para intervenir el ordenador de la gerente en busca de indicios de quién encargó la grabación del almuerzo en La Camarga.

De hecho, un informe de la Policía Nacional sobre el caso reveló que el PSC había pagado a Método 3 un total de 1.750 euros por la grabación de la conversación y apuntaba que el diputado José Zaragoza, entonces secretario de Organización del PSC, y la gerente del PSC se reunieron con una de las detectives imputadas para acordar la facturación de esa suma.

Tras conocerse el contenido de esos informes, José Zaragoza anunció su dimisión como miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE para "no perjudicar" a su partido.

La decisión de la Audiencia de Barcelona, que la Fiscalía estudia ahora si recurrir ante el Tribunal Supremo, pone fin a una investigación que estaba pendiente de un último informe policial sobre el análisis del ordenador incautado a Luisa Bruguer.



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