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Caso Bárcenas

Ruz imputa a otros diez empresarios y rechaza investigar a Cascos y a Acebes

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Actualizada 05/12/2013 a las 14:56
  • efe. madrid
El juez Pablo Ruz ha imputado a díez empresarios en el llamado caso Bárcenas, entre ellos a un sobrino del presidente de Les Corts valencianes, Juan Cotino, al que también cita como testigo, y rechaza la imputación de los exsecretarios generales del PP Ángel Acebes y Francisco Álvarez Cascos.

En un auto notificado este jueves, en respuesta a la petición de ampliación de la querella de IU que dio lugar a la apertura de la investigación de los llamados papeles de Bárcenas sobre la supuesta contabilidad B del PP, el juez cita a estos diez empresarios por sus presuntas donaciones en negro al partido para los días 15, 16 y 17 de enero.

El juez ha citado también para el 17 de enero a las 12.00 horas al ex director general de la Policía Juan Cotino para tomarle declaración como testigo, aunque "por su condición actual de presidente de las Cortes valencianas" podrá hacerlo "en su despacho oficial o en la sede del órgano del que sea miembro".

Además de los dos citados dirigentes del partido, el juez, tal y como pidió el fiscal Antonio Romeral, ha rechazado también la imputación del gerente del PP en Galicia entre 1990 y 1996, Ángel Piñeiro, y de Ignacio López del Hierro, consejero de Metrovacesa y marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Los diez nuevos empresarios imputados, que se suman a los siete que ya lo estaban al ser admitida la querella de IU en febrero, son Vicente Cotino (administrador único de Asedes Capital y de Sedesa); Cecilio Sánchez (directivo de FCC); Rafael Palencia (presidente de Dregemont Iberia y relacionado con Generales dex Eaus) y Camilo José Alcalá (presidente de Cyopsa-Sisocia).

Asimismo figuran José Antonio Romero (del Grupo Romero Polo); José Luis Suárez (de Construcciones Parreño); Joaquín Molpeceres (del grupo Licuas); Antonio Pinal (consejero delegado de Bruesa); Ignacio Urgatxe (consejero delegado de Urazca Construcciones) y Ramón Aigé (presidente de Sorigue-Acsa).

Para denegar la imputación de Álvarez Cascos, que ya declaró como testigo en esta causa el pasado 13 de agosto, el juez argumenta que carece de competencia para citarle por tratarse de un aforado (es diputado en el parlamento de Asturias) y en el caso de Acebes explica que los hechos pudieron encontrarse prescritos o porque no resultaran en ningún caso constitutivos de infracción penal.

A Álvarez Cascos, IU le atribuía la percepción de 600.000 euros en sobresueldos, algunos de ellos siendo ministro y sobre Acebes, afirmaba que al menos desde 2004 percibió "en dádivas" 107.100 euros "procedentes de pagos efectuados por empresas privadas" y desde esa fecha hasta 2008, siendo secretario general del PP, el partido obtuvo 2,3 millones de euros en ingresos ilícitos que aparecen reflejados en los papeles de Bárcenas

Al estimar parcialmente la ampliación de la querella de IU, a la que la Fiscalía se opuso en su totalidad, el juez ha dejado también fuera de la investigación al productor de televisión José Luis Moreno, y a los empresarios Lucio Moreno de Guerra, Pilar Pulido y Ángel Salado.

En este mismo auto, Ruz encarga a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) que analice la documentación que será recabada a través del Registro Público de Contratos del Ministerio de Hacienda sobre las empresas Generale des Eaux, Dregemont Iberia, Cyopsa-Sisocia, Grupo Romero Polo, Asedes Capital, Licuas, Bruesa y Sorigue Acsa para que lo una al informe que ésta elaborando sobre la diferentes mercantiles investigadas en la causa.

En la ampliación de la querella, IU afirmaba también que todos los querellados en el caso Bárcenas, tanto los empresarios como los encargados de las cuentas del PP, podrían haber cometido un delito contable porque falseaban las cuentas de las empresas o del partido para ocultar el "dinero negro" que daban al PP, en unos casos, o "el dinero entregado por los empresarios", en otros.

Sin embargo, el juez, al igual que ya indicaba el fiscal, entiende que IU no justifica con "un relato fáctico de hechos concretos" este delito y porque los partidos políticos no están "de modo permanente en el mercado" y por ello "no les son de aplicación los delitos societarios". 



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