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ley de seguridad ciudadana

¿Ley de seguridad o represión ciudadana?

  • La amplia contestación política y social a la ley elaborada por Interior augura futuros recursos
  • La nueva capacidad sancionadora de la administración y las altas cuantías a pagar siembran dudas

Protestas este viernes en Madrid contra la nueva ley

¿Ley de seguridad o represión ciudadana?

Protestas este viernes en Madrid contra la nueva ley

efe
4
01/12/2013 a las 06:01
  • colpisa. madrid
En poco más de una semana de vida pública el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana se ha granjeado un sinfín de calificativos, casi ninguno de ellos amable. Oposición, asociaciones de jueces o movimientos civiles han catalogado el borrador que aprobó el viernes el Consejo de Ministros como ley de la "represión ciudadana", la de "la patada en la boca de la democracia" o la de la "mordaza". Hay quien incluso ha denunciado una descarada regresión al franquismo.

Nada más lejos de los argumentos que no se cansa de repetir el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien habla de una norma "despenalizadora, garantista y contundente en la defensa de una convivencia pacífica y democrática". "Los únicos que deben temerla son los violentos", afirma el ministro. Entre sus ventajas, añaden desde Interior, están "evitar el exceso de litigiosidad y no dar a una conducta un reproche tan enérgico como el penal".

El texto tendrá que pasar aún por muchos filtros, entre ellos los órganos consultivos del Estado. Este es un factor que al margen del debate hay que tener en cuenta, destaca, Asunción de la Iglesia, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra. "Es obligado decir que estamos en la fase embrionaria de una ley y que queda mucho recorrido hasta que vea el Boletín Oficial del Estado", explica De la Iglesia, quien, sin embargo, aventura que es de esperar que en una ley de tanto impacto social el debate se prolongue durante meses y termine como suele ocurrir ante el Tribunal Constitucional.

Ya lo fue la anterior de 1992. Esta ley a la que se refiere la catedrática es la conocida como 'ley Corcuera' o 'ley de la patada en la puerta'. Tras una agria polémica, la corte de garantías anuló uno de sus principales artículos, el que permitía a las fuerzas de seguridad allanar cualquier vivienda en la que tuvieran la certeza de que se estaba cometiendo un delito de tráfico de drogas".

FALTA Y NO DELITO

Muchos de los artículos contemplados en la ley de 1992 se mantienen en el proyecto actual. Incluso el anterior establece un mayor número de sanciones muy graves, que en ambos casos se castigan con hasta 600.000 euros, una cantidad que ha sido ampliamente criticada por ser considerada desproporcionada pero que por otro lado ya figura en la norma de 1992.

El cambio más significativo radica en quién impondrá ahora las sanciones por, a modo de ejemplo, asistir a una manifestación no comunicada al Gobierno. Hasta ahora se trataba de un delito juzgado por tanto por los tribunales. Con la nueva ley pasará a ser una falta administrativa que se traducirá en una multa impuesta directamente por la Administración.

Es en este punto donde muchos de sus detractores valoran una supuesta vulneración de los derechos fundamentales. No obstante, en opinión de Javier Junceda, decano de la facultad de Derecho de la Universitat Internacional de Catalunya y abogado en ejercicio, "no hay restricción de garantías judiciales porque las infracciones administrativas se juzgarán, sí así lo decide el afectado, por la vía administrativa". "Sigue existiendo un control judicial, no penal, sino contencioso administrativo de modo que no hayninguna pérdida de garantías", añade este jurista.

En la misma línea que sostiene Junceda, Interior recuerda que existe la posibilidad de recurrir ante el tribunal las multas de lo contencioso administrativo. Pero los opositores a la ley arguyen que en la posibilidad de acudir al recurso entra otro factor nuevo en juego, el pago de tasas. Un largo proceso de apelación podría llevar en un caso extremo al demandante a hacer un desembolso de hasta 2.000 euros.

De la Iglesia valora que "el debate político se advierte ya maniqueo entre quienes la tachan de retroceso democrático que pone límites a conductas antes no tipificadas que pasan a estar castigadas y aquellos que defiendan una intervención sancionatoria más activa frente a los desórdenes, protestas y acciones que perturban el orden público o tienen impacto negativo en terceros". "Se enfrentan dos visiones antagónicas del alcance de la libertad", sentencia la catedrática. Para superar esta división, la profesora de Constitucional apuesta por "sentido común y 'fineza' jurídica" en la tramitación parlamentaria como única fórmula para salvar las distancias entre unos y otros.

La ley de Seguridad Ciudadana de 1992 se cobró la cabeza política del entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera. De momento, en apenas una semana, la que aún está por aprobar ya le ha costado a Fernández Díaz algo más que un dolor de cabeza.


  • Demo...qué?
    (01/12/13 16:44)
    #4

    Europa incluye a España en la ?lista negra? de países sin libertad y el único del mundo que no admite inspeccionar su régimen España es el único país del mundo que no admite la inspección internacional de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE) sobre su curioso régimen de Monarquía de partidos o partitocracia, lo que le ha llevado a incluirla en la ?lista negra? de países con libertades restringidas, donde figuran Serbia, Bosnia-Herzegovina, Rusia, Bulgaria, Albania, Azerbaiyán, Uzbekistán, Kazajstan y Kosovo.

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  • Me gusta
    (01/12/13 13:23)
    #3

    pedro mari dijo..
    O que ya no tendremos que aguantar salvajismos, y el todo vale como pasa hasta ahora.

    Responder

  • pedro mari
    (01/12/13 11:14)
    #2

    La única novedad de la ley de seguridad ciudadana es que ya no seremos ciudadanos.

    Responder

  • zarrakamalda
    (01/12/13 11:02)
    #1

    Una nueva vuelta de tuerca contra la libertad del pueblo, al que se suma la ley de tasas judiciales con el propósito de controlarlo todo y que nadie pueda ni protestar ni recurrir los abusos del poder. Tampoco es extraño, puesto que todos sabemos quien es, de donde viene y su forma de entender la democracia. Por supuesto que los únicos que estarán de acuerdo (salvo por entenderla de aun y todo excesiva libertad) Fuerza nueva, los guerrilleros de cristo rey, alianza foral navarra, falange, UPN, PP y todos los de esa cuerda, pudiera ser que con la boca pequeña digan algo o se abstengan pero todos conocemos la realidad. Quizas también estén de acuerdo por el fin de controlarlo todo, algún dirigente o ex-dirigente del otro autodenominado grande partido, aunque diga lo contrario, del estilo de Felipe o Alfonso. Es esto democracia? En esta partidocracia todo vale pero para ellos, presos políticos, sentencias judiciales políticas (se reparten los nombramientos de la cúpula judicial), etc

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